Los votantes de Carolina del Norte encontrarán tres propuestas para enmendar la constitución estatal en la boleta electoral de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.
Según Alex Campbell, analista del NC Budget and Tax Center, dos de estas podrían ejercer presión sobre las finanzas locales e incrementar los incentivos para atraer grandes proyectos inmobiliarios, como centros de datos, a comunidades de todo el estado.
Las dos propuestas que destaca Campbell son: un tope a la tasa del impuesto estatal sobre la renta y límites a los aumentos de los impuestos a la propiedad.
Límite de 3.5% para el impuesto sobre la renta
La segunda enmienda fiscal reduciría del 7% al 3.5% el máximo que podría alcanzar la tasa del impuesto estatal sobre la renta.
Campbell sostiene que la reducción de los impuestos sobre la renta durante la última década ha disminuido los ingresos disponibles para financiar servicios y programas públicos.
“Nuestro estado ha visto recortes de impuestos sobre la renta durante la última década, y esto ha significado que […] tiene menos ingresos para cubrir los diversos tipos de cosas que benefician a nuestras comunidades”, dijo Campbell a Enlace Latino NC.
Según el analista, esa presión fiscal podría trasladarse a los gobiernos locales, que tendrían que asumir más gastos con una capacidad limitada para recaudar ingresos adicionales. Esta situación podría aumentar los incentivos para atraer desarrollos inmobiliarios de gran escala, incluidos los centros de datos.
“Los gobiernos locales tienen que pagar más por lo que antes no tenían que pagar, […] y como están limitados en su capacidad de recaudar, nuevamente, tienen que depender más de atraer desarrolladores de centros de datos a las comunidades”, explicó Campbell.
Defensores de la enmienda propuesta en la Asamblea General sostienen que el tope al impuesto sobre la renta protege a los contribuyentes de aumentos futuros.
Límite al aumento del impuesto sobre la propiedad
La tercera enmienda propuesta exigiría a la Asamblea General aprobar leyes para limitar el aumento de los impuestos sobre la propiedad que imponen los gobiernos locales. Hasta el momento, no se especifica cuáles serían los límites.
Según Campbell, de ser aprobada, las consecuencias podrían ser especialmente relevantes para los propietarios de terrenos y bienes inmuebles de alto valor. Por ejemplo, entidades de servicios públicos, como Duke Energy, los desarrolladores de centros de datos y las empresas que construyen viviendas de lujo.
“Dado que sus propiedades tienen un valor muy elevado, obtendrán importantes exenciones fiscales. Al recibir estas grandes exenciones, los gobiernos locales dejarán de percibir esos ingresos fiscales. Para cubrir los diversos gastos que deben afrontar, los gobiernos locales tendrán que compensar esa pérdida de ingresos por otras vías”, explicó Campbell.
Si los gobiernos locales no pudieran compensar esas pérdidas mediante otros mecanismos de recaudación, podrían buscar nuevas inversiones para ampliar su base tributaria.
“Ya hemos visto esto en otros estados, como Virginia, donde se ha fomentado la llegada masiva de centros de datos con el fin de aprovechar la recaudación local por impuestos a la propiedad”, dijo Campbell.
Sus defensores en la Asamblea General sostienen que el límite a los impuestos a la propiedad responde a la preocupación de muchos propietarios por el alza de los mismos.
El efecto de las enmiendas en Carolina del Norte, sin embargo, dependería de la legislación que se apruebe para implementarlas y de las condiciones fiscales aplicables a cada proyecto.
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¿Qué implicaría para las comunidades?
Los posibles efectos de una mayor expansión de los centros de datos generan preocupación para Campbell por el uso del suelo, el consumo de energía y agua y los costos que podrían recaer sobre las comunidades.
Una de las posturas planteadas en el debate es que los gobiernos deberían exigir a estas empresas que asuman una mayor parte de los costos asociados a sus operaciones, mediante impuestos y regulaciones.
Entre las medidas propuestas figura una moratoria estatal de dos años para nuevos proyectos.
“Necesitamos aprobar regulaciones, y la forma de hacerlo es aprobando una laguna legal a nivel estatal de dos años, una moratoria gratuita para los centros de datos”, dijo Campbell.
Sin embargo, con respecto a la relación entre los cambios fiscales propuestos y una eventual llegada de más proyectos, esto dependería de cómo se apliquen las medidas y de las decisiones de cada gobierno local.
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