A pesar de la lluvia, familias y miembros de la comunidad se reunieron el sábado 10 de octubre en Hillsborough, en el condado de Orange, en Carolina del Norte, para preparar carteles y expresar su oposición a dos enmiendas constitucionales que aparecerán en la boleta electoral del 3 de noviembre.
Una de las principales preocupaciones expresadas durante la manifestación fue que las familias podrían ahorrar algo de dinero en impuestos, pero terminarían pagando el costo de otra manera si se reducen los recursos disponibles para las escuelas públicas y otros servicios.
La actividad, organizada por Public School Strong y NC Families for Public Schools, reunió a personas que buscaban informar a la comunidad sobre las propuestas y sus posibles consecuencias.
Wendy Padilla, vicepresidenta de la Junta de Educación del condado de Orange, dijo a Enlace Latino NC que le preocupa que los cambios fiscales beneficien más a las grandes corporaciones que a las familias.
“Las que se van a beneficiar son las corporaciones, como Duke y otras grandes corporaciones. Ellas pagarían menos impuestos”, afirmó Padilla.
La funcionaria cuestionó si los posibles ahorros individuales compensarían una reducción de los servicios públicos.
“¿Vale la pena ahorrar $60 y renunciar a los servicios públicos?”, planteó.
El costo de pagar menos impuestos
Lori Russell, también integrante de la Junta de Educación del condado de Orange, expresó una preocupación similar en una entrevista con Enlace Latino NC.
Russell explicó que una reducción de impuestos no necesariamente representaría un beneficio para las familias si, al mismo tiempo, disminuyen los servicios que reciben.
Puso como ejemplo a una persona que ahorra $18 al mes en impuestos, pero luego enfrenta las consecuencias de que las escuelas tengan que eliminar puestos de trabajo o rutas de autobús, o de que otros servicios públicos sufran recortes.
“Al final, el contribuyente recibe mucho menos”, afirmó Russell.
La integrante de la junta escolar también cuestionó quiénes obtendrían los mayores beneficios de las propuestas.
Según Russell, aunque una familia pudiera ahorrar una cantidad relativamente pequeña, las grandes corporaciones podrían obtener beneficios fiscales considerablemente mayores.
¿Qué proponen las enmiendas?
Una de las propuestas reduciría del 7% al 3.5% el límite máximo del impuesto estatal sobre los ingresos establecido en la Constitución de Carolina del Norte.
Ese límite no equivale a la tasa que pagan actualmente los contribuyentes. En 2026, la tasa sobre los ingresos personales es del 3.99%, y la legislación vigente ya contempla reducciones adicionales.
La otra enmienda obligaría a la Asamblea General a establecer límites sobre cuánto puede aumentar la recaudación de impuestos a la propiedad de los condados y municipios.
Sin embargo, la propuesta no especifica cuáles serían esos límites. Si los votantes aprueban la enmienda, la Asamblea General tendría que definirlos posteriormente mediante nuevas leyes, sin que sea necesaria otra votación popular.
Quienes apoyan las propuestas sostienen que establecer restricciones fiscales protegería a los contribuyentes frente a futuros aumentos de impuestos.
En cambio, Russell cuestionó que los votantes debieran decidir sobre la enmienda de impuestos a la propiedad sin conocer aún las restricciones específicas que los legisladores establecerían. También advirtió que, al incorporarse a la Constitución, esos límites serían difíciles de modificar si las necesidades de las comunidades cambian.
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Preocupación por las escuelas públicas
Padilla dijo a Enlace Latino NC que el distrito escolar ya enfrenta un presupuesto ajustado y que le preocupa cómo podrían responder las escuelas si se reducen los recursos disponibles.
Russell compartió esa preocupación y señaló que gran parte del presupuesto escolar se destina a salarios.
“La realidad es que el financiamiento está siendo presionado desde todas las direcciones”, afirmó.
La integrante de la junta escolar teme que nuevas restricciones presupuestarias puedan afectar al personal, a los servicios educativos y a la capacidad de los distritos para responder a situaciones imprevistas.
Anne Whitesell, profesora asociada de ciencias políticas en Miami University, explicó que, en términos generales, limitar cuánto pueden aumentar los impuestos a la propiedad podría representar un problema para las escuelas públicas y los gobiernos locales, que dependen en gran medida de esos ingresos.
El debate sobre quién termina pagando
El NC Budget & Tax Center, una organización dedicada al análisis de políticas fiscales en Carolina del Norte, también ha cuestionado la propuesta de reducir el límite constitucional del impuesto sobre los ingresos.
En un análisis publicado en su sitio web, la organización sostiene que limitar ese impuesto no garantiza que las familias paguen menos impuestos en conjunto.
Según el centro, los estados con límites al impuesto sobre la renta, o sin él, suelen depender más de los impuestos sobre las ventas, los impuestos a la propiedad y otras tasas para financiar servicios públicos.
La organización también sostiene que el sistema tributario de Carolina del Norte afecta de manera desproporcionada a las familias de menores ingresos, ya que estas destinan una mayor parte de sus ingresos al pago de impuestos estatales y locales que los hogares más adinerados.
El planteamiento coincide con una de las principales preocupaciones expresadas por Russell durante la manifestación: que las familias puedan ahorrar en un impuesto, pero terminen asumiendo otros costos o recibiendo menos servicios.
No obstante, los análisis fiscales oficiales no establecen que la aprobación de las enmiendas provoque automáticamente recortes en la educación o aumentos en otros impuestos.
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Un llamado a informarse antes de votar
Durante la manifestación, Padilla destacó la importancia de que la comunidad conozca las propuestas antes de acudir a las urnas.
Reconoció que ella misma necesitó ayuda para comprender las enmiendas y animó a otras personas a buscar información cuando tengan dudas.
“Si no sabemos, preguntamos”, dijo.
Las dos propuestas aparecerán en la boleta electoral del 3 de noviembre, cuando los votantes de Carolina del Norte decidirán si quieren incorporar esos límites fiscales a la Constitución estatal.
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