Carolina del Norte, Raleigh– Mientras Carolina del Norte padece el pico más alto de hospitalizaciones desde febrero, un juez dio luz verde un grupo de activistas que reclamaba mayor regulación del Departamento de Labor (DOL) del estado para reducir los contagios de Covid-19 en el trabajo.
Se trata de un fallo que las organizaciones de derechos civiles estaban esperando hace meses. Específicamente, desde el 14 de noviembre de 2020 cuando la entonces comisionada de Trabajo, la republicana Cherie Berry, se negó a implementar un protocolo para disminuir los casos en ámbitos laborales.
En ese momento, los grupos defensores de los derechos civiles denunciaban que la falta de protocolos obligatorios en los ámbitos laborales dejaba a miles de personas expuestas al virus en Carolina del Norte. Por ese motivo, reclamaban la implementación de regulaciones para frenar la propagación del COVID-19 en el trabajo.
Sin embargo, la cuestionada comisionada Berry lo rechazó de plano. “Estadísticamente, no se ha demostrado que el virus cause la muerte o daños físicos graves desde la perspectiva de un riesgo ocupacional”; fue su respuesta. Pero el tiempo (y la Justicia) les dio la razón a los activistas.
Un fallo para reducir contagios de COVID-19 en el trabajo
Meses después del reclamo, el juez de la Corte Superior G. Bryan Collins dictaminó que el Departamento de Trabajo debe considerar implementar reglas que protejan a los trabajadores de contraer Covid-19.
Tal como informaron las organizaciones defensoras de los derechos civiles, el juez Collins determinó que la negativa del DOL a considerar la implementación de protocolos, como máscaras y distanciamiento social, “violaba los propios procedimientos de reglamentación del estado y era ilegal”.
En efecto, en los fundamentos de la decisión del juez puede leerse que “la inhabilidad del DOL para frenar el avance del Covid-19 en la población general o erradicarlo en todos los lugares de trabajo no impide la adopción de reglas específicas para prevenir contagios en lugares de trabajo”.
Por ese motivo el DOL deberá tomar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores. Actualmente la comisionada del DOL es Josh Dobson, y no Berry.
Impacto en la comunidad latina
Durante sus diversos reclamos, los grupos activistas resaltaron el impacto desigual que el Covid-19 tiene entre los trabajadores latinos y de color. Los grupos son liderados por el Comité de Abogados por los Derechos Civiles, el Centro de Justicia de Carolina del Norte y el Centro Legal de la Pobreza del Sur
En ese sentido, consideran que la decisión del juez Collins puede leerse como una medida favorable hacia la justicia social.
“Sabemos que el fracaso de DOL ha perjudicado de manera desproporcionada a los trabajadores de color y ahora podemos comenzar a corregir esos errores”. Fue lo que dijo Pilar Whitaker, activista del Comité de Abogados por los Derechos Civiles.
En la misma línea, la abogada Julia Solórzano, otra de las impulsoras de la demanda, afirmó que “la pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto las profundas desigualdades que enfrentan los trabajadores esenciales”; entre los cuales se evidencia una presencia desproporcionada de personas negras y morenas e inmigrantes.