Un juez federal en San Diego aprobó un acuerdo el 8 de diciembre que evita la separación de familias migrantes en la frontera durante los próximos ocho años.
El juez Dana Sabraw aprobó el acuerdo entre la administración de Biden y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que surgió de una demanda presentada por la ACLU en 2018. Este acuerdo restringe la política de “tolerancia cero” del gobierno de Trump hasta diciembre de 2031.
Sabraw afirmó que la separación de miles de familias “representa uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de nuestro país”, momentos antes de aprobar el acuerdo.
La política de la administración de Trump separó a más de 4,000 niños de sus padres, quienes fueron arrestados por ingresar ilegalmente al país.
La separación de familias comenzó como un programa experimental en 2017 en El Paso, Texas. Luego, generó una fuerte indignación bipartidista llevando al entonces presidente Trump a emitir una orden ejecutiva que puso fin a esta práctica en 2018.
Ayuda a miles de familias que fueron separadas
Tras cinco años de litigio, también permite a miles de familias separadas solicitar un estatus legal temporal por tres años y un permiso de trabajo.
Además, pueden recibir ayuda para encontrar vivienda y apoyo con los pagos iniciales de alquiler, incluyendo el primer y último mes de renta. El gobierno federal también asumirá los copagos de servicios médicos y de salud mental.
“Es bueno brindar a las personas beneficios por haber sufrido esto y luego implementar protecciones para garantizar que no suceda también en el futuro”, dijo Breanna Cary, abogada de inmigracion en Raleigh Immigration Law Firm.
Las familias afectadas por esta política migratoria tienen la posibilidad de solicitar asilo, incluso si se les negó durante su tiempo en los Estados Unidos.
La separación sistemática de familias que cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en 2017 y 2018 buscaba disuadir la inmigración.
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Reunificación familiar
Según el acuerdo, las familias sólo pueden separarse si los padres son considerados un peligro para sus hijos o para el público.
Si se separan familias, se debe informar a los abogados de la ACLU para que puedan impugnar las separaciones.
La administración Biden estableció un Task Force para localizar y reunir a los niños separados poco después de asumir el cargo, facilitando su reencuentro con familiares.
La ACLU estima que entre 500 y 1,000 niños, separados bajo la política de Trump, siguen sin reunirse con sus padres.
El gobierno y voluntarios buscan a 68 niños sin información válida. Se busca confirmar su seguridad y reunión con familiares.
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