Los contribuyentes de Charlotte y Raleigh tienen una participación estimada de cerca de US$1,500 millones en el financiamiento federal destinado a la aplicación de las leyes migratorias durante los años fiscales 2025–2029, según datos del Economic Policy Institute (EPI) recopilados por Herman Legal Group.
Pero esa cifra no implica que sus ayuntamientos desembolsen ese dinero ni que cada residente reciba una factura adicional.
El análisis, combina datos públicos del Instituto de Política Económica (EPI), el Proyecto de Prioridades Nacionales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina del Censo de Estados Unidos y KFF.
¿Cuánto del financiamiento del control migratorio se atribuye a los contribuyentes de Charlotte y Raleigh?
Según el análisis, del financiamiento federal destinado al control migratorio entre los años fiscales 2025 y 2029, se estima que US$978.7 millones corresponden a la contribución tributaria de los residentes de Charlotte y US$521.4 millones a la de Raleigh.
Para las familias de ambas ciudades, estas cifras no significan una factura adicional ni un aumento automático de impuestos, sino una reducción de los recursos de apoyo en sus ciudades.
“Los cambios en el financiamiento federal ya han tenido consecuencias en algunos servicios locales. Después de Charlotte Web, aparte de las llamadas que nos llegan para asistencia migratoria, se trata de asistencia económica, y es muy difícil conseguir recursos para asistir a esas familias”, señaló Stefanía Arteaga, cofundadora y codirectora ejecutiva de Carolina Migrant Network, a Enlace Latino NC.
¿Cómo se calcula la participación de cada ciudad?
La calculadora de EPI distribuye el financiamiento nacional según la proporción del impuesto federal sobre la renta de las personas que corresponde a cada comunidad.
Para ello utiliza registros del Servicio de Impuestos Internos (IRS) del año tributario 2022.
En el caso de las ciudades, existe una limitación: los datos tributarios por código postal se distribuyen entre localidades mediante estimaciones de población.
Como un código postal puede abarcar varias jurisdicciones, los resultados son aproximaciones.
El modelo también presenta un promedio por declaración de impuestos:
Ese promedio requiere una aclaración: una declaración conjunta de una pareja cuenta como una sola.
Además, el cálculo incluye aquellas que tienen una obligación de impuesto federal sobre la renta después de aplicar créditos tributarios; no equivale a dividir el monto entre todos los habitantes.
| Ciudad | Participación total estimada, 2025–2029 | Promedio por declaración con impuesto federal a cargo después de créditos |
|---|---|---|
| Charlotte | US$978.7 millones | US$3,150 |
| Raleigh | US$521.4 millones | US$3,068 |
Fuente: datos de EPI recopilados por Herman Legal Group.
Qué examina el estudio?
El estudio analiza tres aspectos relacionados con las políticas de control migratorio en Estados Unidos: el costo para los contribuyentes, el impacto en la fuerza laboral y los cambios demográficos.
Costo para los contribuyentes
Los fondos federales destinados al control migratorio durante los años fiscales 2025–2029 ascienden a aproximadamente $269,000 millones.
Para estimar cuánto de ese financiamiento corresponde a los contribuyentes de cada estado y ciudad, el estudio utiliza el modelo de costos de las deportaciones del EPI.
A nivel nacional, el monto equivale a $2,358 por declaración de impuestos con obligación tributaria, o aproximadamente $787 por habitante.
California ($39,800 millones), Texas ($23,100 millones), Florida ($22,400 millones) y Nueva York ($21,400 millones) concentran, en conjunto, casi el 40% del total estimado.
Impacto en la fuerza laboral
El estudio también examina el aumento de los arrestos realizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el interior del país y la participación de los inmigrantes en sectores esenciales de la economía.
Durante el primer año de la administración, los arrestos de ICE en el interior del país prácticamente se triplicaron, al pasar de 112,231 a 335,619.
Según KFF, los inmigrantes representan el 28% de los médicos en Estados Unidos y el 30% de los trabajadores que brindan atención directa en servicios de cuidados a largo plazo.
Para evaluar la relación entre estas tendencias, el estudio utiliza el Índice de Exposición de la Fuerza Laboral Inmigrante, desarrollado por el grupo de abogados responsable del análisis. Esta herramienta clasifica a los 50 estados y al Distrito de Columbia según su exposición a los efectos de las políticas migratorias sobre la fuerza laboral.
Impacto en la población
El estudio también analiza el papel de la migración internacional en los cambios demográficos de los condados estadounidenses.
Según los datos presentados, la migración internacional contribuyó al crecimiento de la población en 247 condados.
En otros 882 condados, la llegada de inmigrantes ayudó a reducir el ritmo de pérdida de población, aunque no fue suficiente para detenerla.
Impacto fiscal en Carolina del Norte
En Carolina del Norte, las deportaciones también podrían afectar los ingresos que reciben el estado y los gobiernos locales.
Un análisis del NC Budget & Tax Center y de la Immigration Research Initiative estima que deportar o detener al 10% de la población indocumentada podría reducir la recaudación del presupuesto estatal en unos US$69 millones al año.
El estudio “El impacto económico y fiscal de las deportaciones masivas: ¿qué está en riesgo en Carolina del Norte?” fue publicado en mayo de 2025.
El cálculo parte de los US$692 millones que las personas indocumentadas pagaron en impuestos estatales y locales en 2022, es una proyección de lo que podría dejar de ingresar a las arcas públicas bajo ese escenario.
Esta estimación difiere de la participación de los contribuyentes de Charlotte y Raleigh en el financiamiento federal.
Una mide ingresos que podrían perder el estado y sus comunidades; la otra, la parte de los impuestos federales que se destinaría a la aplicación de leyes migratorias. Los montos no deben sumarse como si fueran una sola cuenta.
Hallazgos del informe
El informe elaborado por Immigration Research Initiative y NC Budget & Tax Center analiza la contribución de los inmigrantes a la economía de Carolina del Norte y las posibles consecuencias de las deportaciones masivas en sectores esenciales del estado.
Entre sus principales hallazgos se encuentran:
Población inmigrante
En Carolina del Norte viven aproximadamente 995,000 inmigrantes, de los cuales 562,000 no tienen la ciudadanía estadounidense.
De este último grupo, se estima que 325,000 son inmigrantes indocumentados.
Aportes tributarios
En 2022, los inmigrantes indocumentados pagaron US$692 millones en impuestos estatales y locales en Carolina del Norte.
Según el informe, la deportación del 10% de esta población representaría una pérdida estimada de US$69 millones anuales en la recaudación de impuestos estatales y locales.
Bienes y servicios esenciales
Los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, desempeñan un papel importante en distintos sectores de la economía de Carolina del Norte.
El informe advierte que la detención y deportación de estos trabajadores podrían reducir la disponibilidad de bienes y servicios esenciales y aumentar sus costos.
Las consecuencias podrían afectar la producción de alimentos, la construcción de viviendas, las labores de reconstrucción después de desastres naturales y los servicios de hotelería, restaurantes y atención médica.
Agricultura
A nivel nacional, más de la mitad de los trabajadores agrícolas dedicados a los cultivos son inmigrantes.
Según el informe, la gran mayoría de estos trabajadores inmigrantes son indocumentados o cuentan con visas temporales H-2A.
Restaurantes y hospitalidad
En Estados Unidos, el 7% de los trabajadores del sector del ocio y la hospitalidad son indocumentados.
En Carolina del Norte, los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, representan el 14% de los aproximadamente 85,000 cocineros que trabajan en el estado.
El informe señala que una parte de estos trabajadores podría enfrentar el riesgo de deportación, con posibles consecuencias para la disponibilidad de personal en el sector.
Construcción
A nivel nacional, el 13% de los trabajadores de la construcción son indocumentados.
En Carolina del Norte, uno de cada cuatro trabajadores de este sector es inmigrante. Se estima que alrededor de 92,000 inmigrantes trabajan en la industria de la construcción del estado.
Su participación incluye la edificación de viviendas y las labores de reparación y reconstrucción de infraestructura después de desastres naturales.
El informe advierte que las deportaciones podrían agravar la escasez de trabajadores y afectar la capacidad del sector para responder a estas necesidades.
Atención médica y servicios de cuidado
Los trabajadores inmigrantes también desempeñan funciones importantes en la atención médica y los servicios de cuidado de niños, adultos mayores y personas que necesitan asistencia.
Su participación cobra especial relevancia en Carolina del Norte, donde existe escasez de personal en el sector de la salud.
Según la evidencia citada en el informe, las deportaciones masivas podrían agravar esta escasez, aumentar la presión sobre los centros de atención médica y reducir la disponibilidad de servicios en distintas comunidades del estado.
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