Las disposiciones migratorias incluidas en el proyecto de ley HB 696, que busca financiar Medicaid en Carolina del Norte, podrían cambiar el acceso a los servicios de salud para miles de familias.
La propuesta no solo endurece los requisitos de elegibilidad para algunos residentes legales —en particular aquellos que hoy pueden acceder a Medicaid sin cumplir el período de espera de cinco años gracias a excepciones estatales— al limitar la cobertura al mínimo exigido por el gobierno federal, sino que también refuerza los mecanismos de verificación del estatus migratorio —un proceso que ya existe— al ampliar su alcance y sus posibles consecuencias.
Defensores advierten que estos cambios podrían generar temor a solicitar servicios y afectar incluso a ciudadanos estadounidenses que viven en hogares mixtos.
¿Qué propone el proyecto?
El proyecto HB 696, aprobado ayer 22 de abril, en ambas cámaras legislativas, elimina las excepciones estatales que actualmente permiten a ciertos residentes legales —incluidas mujeres embarazadas— acceder a Medicaid sin cumplir el período federal de espera de cinco años. De aprobarse, el estado se alinearía estrictamente con los requisitos mínimos federales, lo que reduciría el acceso a la cobertura para esos grupos.
Además, establece que si no se logra verificar el estatus migratorio de un solicitante tras un período razonable, o si se determina que no tiene un estatus migratorio elegible y permanece en el país sin autorización, el caso podría ser remitido a las autoridades federales.
La medida también reafirma que se tomarán en cuenta los ingresos de todos los miembros del hogar, independientemente de su estatus migratorio, para determinar la elegibilidad de quienes sí califican.
¿Cuándo entraría en vigor?
Las disposiciones migratorias entrarían en vigor el 1 de octubre de 2026 si la medida es aprobada por la Asamblea General.
¿Cómo cambiaría el acceso a Medicaid?
Actualmente, Carolina del Norte permite ciertas excepciones que amplían el acceso a Medicaid para algunos residentes legales. Con este proyecto, esas flexibilidades desaparecerían, lo que podría retrasar o impedir la cobertura para quienes hoy califican bajo esas condiciones.
Aunque la verificación del estatus migratorio ya es un requisito, la propuesta refuerza este proceso y añade posibles consecuencias, como la remisión de información a agencias federales en casos específicos.
Cabe recordar que, según la ley federal, las personas indocumentadas no califican para Medicaid, salvo en situaciones de emergencia y si cumplen otros requisitos de ingresos.
En conjunto, las disposiciones no solo modifican los criterios técnicos de elegibilidad, sino que también podrían influir en cómo y si las familias inmigrantes acceden al sistema de salud en Carolina del Norte.
¿A quiénes afecta?
El impacto recaería principalmente en:
- Algunos residentes permanentes legales, específicamente quienes hoy pueden acceder a Medicaid sin esperar cinco años gracias a excepciones estatales, y que, con el cambio, tendrían que cumplir ese período.
- Mujeres embarazadas inmigrantes que actualmente califican bajo esas excepciones.
- Familias mixtas, incluidos ciudadanos estadounidenses, que podrían enfrentar barreras o temor al solicitar servicios.
De forma paralela, y como consecuencia de cambios ordenados por el gobierno federal —no por este proyecto estatal—, los residentes con estatus de asilado o refugiado dejarán de ser elegibles para Medicaid a partir del 1 de octubre de 2026. Esta medida se aplicará en todos los estados del país, incluida Carolina del Norte, sin posibilidad de excepciones.
¿Dónde se aplicaría?
Las medidas se aplicarían en todo el estado de Carolina del Norte, dentro del programa Medicaid.
¿Por qué genera preocupación?
Organizaciones y defensores advierten varios riesgos:
- Efecto disuasivo: algunas familias podrían evitar buscar atención médica por miedo a las consecuencias migratorias.
- Impacto en los ciudadanos, especialmente en niños de hogares mixtos que sí califican, pero podrían quedar fuera del sistema por temor de sus familias.
- Menor acceso a la atención preventiva, lo que podría derivar en problemas de salud más graves y costosos.
- Mayor exposición a las autoridades federales en determinados procesos de verificación.
Consecuencias peores
De acuerdo con la organización Siembra NC, si el voto se ratifica la próxima semana con estas provisiones incluidas, 1 de cada 7 personas referidas al ICE en Carolina del Norte probablemente sea por un error.
Además, podrían ser ciudadanos estadounidenses o residentes legales cuyo trámite simplemente está pendiente.
La organización señaló que al menos 12,000 ciudadanos y refugiados legales fueron señalados incorrectamente por estas “auditorías de vigilancia” solo en el último año.
En auditorías similares en estados como Texas, el 14% de las personas identificadas por este sistema eran, en realidad, ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
En Florida, por ejemplo, tras exigir que se reportara el estatus migratorio en los hospitales, se registró una caída significativa en las visitas de atención prenatal. Esto llevó a un aumento de los partos de alto riesgo y de las estancias en unidades de cuidados intensivos neonatales, cuyos costos de emergencia son mucho más altos que los de la atención preventiva.
En Tennessee y Alabama, mandatos similares han obligado a trabajadores sociales a reunirse con clientes en entornos “clandestinos” para realizar chequeos básicos de salud, socavando la ética profesional del trabajo social y rompiendo la confianza entre la comunidad y el Estado.
*Las periodistas Claudia Rivera y Emilia Rivadeneira contribuyeron a esta historia.
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