Carolina del Norte, Raleigh- Los líderes de las ciudades de Hillsborough, Carrboro y Chapel Hill en el condado de Orange en Carolina del Norte, aprobaron esta semana una ordenanza que protegen de la discriminación a la comunidad LGBTQ.
Según la ordenanza, los trabajadores LGBTQ estarán protegidos de la discriminación y la intolerancia en el empleo cuando frecuentan restaurantes, hoteles y tiendas.
Los infractores podrían ser acusados de un delito menor y recibir una multa de $ 500.
Hillsborough, fue el primer municipio del estado en dar luz verde a las protecciones el martes 12 de enero, luego lo siguieron el resto de las ciudades del condado de Orange.
"Cada persona merece ser reconocida en toda su humanidad y tratada con decencia y justicia. Estoy muy orgullosa de que Hillsborough se una a los gobiernos locales de todo el estado para proteger a todos los que se encuentran dentro de nuestras jurisdicciones para garantizar los derechos de todos los que viven, trabajan y juega en nuestras comunidades ", mencionó Jenn Weaver, alcaldesa de Hillsborough.
El inicio de un cambio
La ordenanza contra la discriminación se produce después de que el 1 de diciembre 2020 expirara una disposición del proyecto de ley HB 142 del 2017 que prohibía a los gobiernos locales promulgar ordenanzas de no discriminación para proteger a la comunidad LGBTQ.
“Estas ciudades están dando el ejemplo en aprobar estas ordenanzas. Las personas LGBTQ son vulnerables a la discriminación en áreas fundamentales de la vida, como el empleo, la vivienda, los entornos de atención médica y los espacios públicos como restaurantes y tiendas”, mencionó a Enlace Latino NC Eliazar Posada, director de Participación Comunitaria y Abogacía de El Centro Hispano.
Posada indicó que debido a la ley HB 142 durante años se prohibió a las ciudades y condados aprobar sus propias ordenanzas contra la discriminación que incluyan a la comunidad LGBTQ, pero esto comienza a cambiar.
“La semana que viene, el condado de Orange y la ciudad de Durham considerarán en sus reuniones la aprobación de una ordenanza similar”.
Campaña estatal
Con el lema de “Carolina del Norte está lista para las protecciones LGBTQ’, una amplia coalición de organizaciones de justicia social, líderes de fe y grupos comunitarios, entre ellas: El Centro Hispano, ACLU Carolina del Norte, Equality NC y Southern NC, lideran el esfuerzo para que líderes locales aprueben ordenanzas de protección LGBTQ.
"Con el telón de fondo de tanto dolor esta semana, los habitantes de Carolina del Norte han dado un paso al frente y han demostrado que nuestro estado es un lugar hermoso para ser LGBTQ”, expresó Kendra Johnson, directora ejecutiva de Equality North Carolina, en un comunicado de prensa
Johnson, indicó que “las mareas están cambiando y esperamos que otras ciudades y pueblos de nuestro estado se sientan alentados por estas victorias y hagan lo correcto por sus propios ciudadanos en las próximas semanas ".
El legado de la HB 2
Firmada por el entonces gobernador republicano Pat McCroy en marzo 2016, la ley 2 de la Cámara de Representantes eliminó las protecciones legales locales para las personas LGBTQ, y prohibió a las personas transgénero utilizar instalaciones públicas que coincidan con su identidad de género.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU NC) y Lambda Legal desafiaron la ley en nombre de “LGBTQ North Carolinians”. Lo anterior, días después de su aprobación.
Más tarde ese año, el tribunal otorgó una orden preliminar. Dicha orden obligaba a que la Universidad de Carolina del Norte cumpliera esta ley, yendo en contra de tres demandantes en el caso que son transgénero. La demanda fue enmendada para impugnar H.B. 142, que luego de tanta controversia remplazó la H.B. 2 en el 2017.
El juez Schroeder dictaminó que la ley H.B. 142 no impide que las personas transgéneras utilicen baños públicos y otras instalaciones que coincidan con su género.
Sin embargo, la H.B. 142 impidió que las ciudades pasen cualquier prohibición de discriminación en lugares públicos o por parte de los empleadores hasta diciembre de 2020.
El decreto de consentimiento aprobado el 23 de julio resuelve la parte del caso que impugna la ley H.B. 142 del 2017, pero no resuelve la parte del caso que cuestiona la legalidad de H.B. 2 para el período en que estuvo vigente, que se ha mantenido en espera de la resolución de la Corte Suprema.
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