Carga pública

 

Carolina del Norte, Raleigh- El presidente Joe Biden anunciaría en esta semana el proceso para deshacer la controversial regla de ‘carga pública’.

«Nos emociona poder estar asociado, primero con la campaña de Biden y ahora con su administración y tener el compromiso que va a anunciar un proceso de deshacer la ley de ‘carga pública’», mencionó Marielena Hincapié, directora ejecutiva de National Immigration Law Center (NILC), durante el foro “Plan de inmigración audaz del presidente Biden: ¿qué pueden esperar los inmigrantes?, organizado por Ethnic Media Services, en el cual participó Enlace Latino NC.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva de National Immigration Law Center (NILC), durante el foro “Plan de inmigración audaz del presidente Biden: ¿qué pueden esperar los inmigrantes?

¿Por qué es el proceso?

 La directora ejecutiva de NILC, explicó que es el inicio del proceso porque “la administración de Trump fue muy inteligente en la manera que pudo cambiar la ley, que tiene raíces en la exclusión de 1880, y ahora se implementó con cambios para que solo la gente que tiene dinero pueda venir a Estados Unidos”.

Hincapié resaltó que hay miedo y confusión en los inmigrantes por esta regla de ‘carga pública’ en medio de la pandemia, desde hacerse una prueba de Covid hasta aplicarse la vacuna.

“Por eso es importante el anuncio de Biden que van a deshacerse de esta ley de ‘carga pública’. Luego debemos hacer una campaña de educación con organizaciones comunitarias, trabajadores de salud y la misma comunidad para que la gente vuelva a confiar”.

¿Qué es la ‘carga pública’?

 Según explica el sitio Boundless, en 1882 el congreso estableció este concepto para permitir que el gobierno de los Estados Unidos pudiera denegar una tarjeta de residencia a cualquiera que “pueda convertirse en una carga pública en algún momento” pero sin definir a qué se refería con “carga pública”.

Desde 1999, los oficiales de inmigración han adoptado y se han guiado por el principio de que carga pública es alguien que “depende principalmente del gobierno para subsistir”, demostrado ya sea a) usando ayuda pública en efectivo como ingreso para mantenerse o b) institucionalizándose para el cuidado a largo plazo a expensas del gobierno. Esto ha incluido específicamente:

  • Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
  • Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), comúnmente conocido en inglés como “welfare” o “asistencia social”.
  • Ayuda en efectivo estatal y local, llamada algunas veces “Asistencia General”.
  • Medicaid u otros programas de ayuda institucionalizada a largo plazo, como asilos de ancianos o instituciones de salud mental.

Regla final  ‘carga pública’

Sin embargo bajo la adminitsración de Trump el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) se hicieron modificaciones al determinar entre otros puntos que, la “probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento futuro” significa que reciba uno o más beneficios públicos por un tiempo que en total sume 12 meses dentro de cualquier periodo de 36 meses.

De acuerdo con la regla final, al hacer una determinación de inadmisibilidad por carga pública, el oficial de USCIS debe considerar los siguientes factores sobre el solicitante:

  • Edad
  • Salud
  • Estatus familiar
  • Bienes, recursos y estatus financiero
  • Educación y habilidades
  • Estatus de inmigración prospecto
  • Periodo de admisión esperado
  • Declaración de Patrocinio Económico

USCIS, aclara en sus lineamientos que ningún factor por sí solo convierte a un extranjero en inadmisible basado en motivos de carga pública y la determinación de la probabilidad de que un extranjero se convierta en una carga pública en algún momento futuro es una determinación prospectiva que está basada en la totalidad de las circunstancias del extranjero y al sopesar todos los factores que son relevantes para el caso del extranjero.

Beneficios para considerar

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solo considerará los beneficios públicos indicados en la regla, entre los que se incluyen:

  • Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
  • Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
  • Todos los programas federales, estatales, locales o tribales de beneficios monetarios para mantenimiento de ingresos (también conocidos como “Asistencia General” en el contexto del estado, pero que puede existir bajo otros nombres)
  • Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) (anteriormente conocido como cupones de alimentos o “food stamps”)
  • Asistencia para Vivienda bajo Sección 8 de Proyectos de Vales para Elección de Vivienda
  • Asistencia para Alquiler de Vivienda Basada en Proyectos de Sección 8 (que incluye el Programa de Rehabilitación Moderada)
  • Vivienda Publica bajo sección 9 bajo la Ley de Vivienda de 1937 (42 U.S.C. 1437 et seq.)
  • Medicaid financiado con fondos federales (con algunas exclusiones).

Beneficios no considerados

DHS no considera:

  • Asistencia médica de emergencia;
  • Ayuda por desastres;
  • Programas nacionales de almuerzos escolares;
  • Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños;
  • Programa de Seguro de Salud Infantil;
  • Subsidios para cuidado de acogida y adopción;
  • Préstamos estudiantiles e hipotecas subsidiadas por el gobierno;
  • Asistencia energética;
  • Almacenes de alimentos y refugios para personas sin hogar; y
  • Programa Head Start.

 

Emprendedor y cofundador de Enlace Latino NC. Periodista argentino con más de 20 premios nacionales de periodismo por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas de los Estados Unidos (NAHP).

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