Carolina del Norte, Raleigh. – La Asamblea General aprobó un proyecto de ley que tipifica nuevos delitos y endurece las penas por actos que puedan calificarse como «violentos o delictivos» durante una protesta o manifestación civil en el estado.
El expediente HB 805, “Prevención de disturbios y desórdenes civiles”, impone penas más severas para “los perpetradores de violencia y saqueos” en Carolina del Norte.
Tim Moore (Cleveland), presidente de la Cámara de Representantes, dijo que la iniciativa también “preserva explícitamente el derecho de todos los habitantes de Carolina del Norte a protestar pacíficamente”.
«Los habitantes de Carolina del Norte nunca deberían tener que elegir entre ejercer su derecho de la Primera Enmienda a manifestarse libre y pacíficamente y su seguridad».
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«Derecho de protestar pacíficamente»
Moore presentó e impulsó la aprobación del proyecto luego de las manifestaciones de 2020 en Raleigh, capital estatal.
“Espero que el gobernador Cooper no dude en firmar este proyecto de ley. Que protege mejor a nuestros cuerpos policiales, empresarios y ciudadanos que ejercen su derecho a protestar pacíficamente». Fue lo que mencionó Moore.
El gobernador Roy Cooper tiene 10 días para decidir si firma o veta la propuesta.
Representantes demócratas cambiaron su voto
El HB 805 superó las últimas etapas del proceso legislativo. Fue aprobado este martes por la Cámara de Representantes (63-41).
Sin embargo, solo dos legisladores demócratas apoyaron la propuesta en esta oportunidad.
En mayo anterior, la primera votación del pleno de la Cámara de Representantes fue 88-25. En esa votación contó con el apoyo de 24 representantes demócratas.
Retiro de apoyo
El representante Ricky Hurtado (Alamance) fue uno de los legisladores demócratas que retiró su apoyo al HB 805. Tal y como lo adelantó a Enlace Latino NC.
Hurtado dijo en su cuante de Twitter que la iniciativa “va demasiado lejos y dará lugar a costosas sanciones penales por protestas legales y pacíficas”.
“No apruebo la destrucción de propiedad en ninguna circunstancia. Al mismo tiempo, tampoco puedo condonar los ataques a nuestro derecho de la Primera Enmienda a reunirnos pacíficamente, a protestar y al debido proceso”.
Hurtado subrayó que, en su opinión, el proyecto “es una extralimitación grave y una violación de los derechos constitucionales de las personas”.
«Protección adicional»
¿Dónde están los límites entre el derecho a manifestarse y la libertad de expresión y las acciones que el sistema de administración de justicia considere disturbios, acciones violentas o delictivas durante una protesta pública?
Para la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte, el HB 805 no limita ni impacta de forma negativa el derecho constitucional de las personas a manifestarse de forma pacífica, tal y como lo consagra la primera enmienda.
Edmond Caldwell, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Alguaciles, dijo a Enlace Latino NC que los funcionarios responsables de hacer cumplir y respetar las leyes de Carolina del Norte están a favor del expediente aprobado.
“Lo que hace (el proyecto) es responsabilizar a las personas si se involucran en acciones destructivas o acciones dañinas a otras personas, propiedades u otras personas”.
Además, agregó el vocero de los alguaciles del estado, el HB 805 “brinda protección adicional a los oficiales encargados de hacer cumplir la ley y a otros miembros del personal de los servicios de emergencia que brindan seguridad”.
«Disposiciones dañinas»
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en Inglés) no comparte el criterio de la Asociación de Alguaciles.
Para ACLU de Carolina del Norte, la legislación aprobada contiene varias disposiciones “extremadamente dañinas que pueden sofocar la libertad de expresión y el derecho de reunión, así como duras penas y consecuencias para las personas acusadas a discreción de un oficial”.
Chantal Stevens, directora ejecutiva de la ACLU de Carolina del Norte, instó al gobernador Roy Cooper vetar el proyecto de ley.
“La HB 805 obliga a los habitantes de Carolina del Norte a arriesgarse a la pérdida inmediata y a largo plazo de nuestra libertad, salud, autonomía corporal y seguridad económica, a la amplia discreción de las fuerzas del orden cuando o si elegimos ejercer nuestro derecho constitucional a protestar”, declaró Stevens.
Las organizaciones Emancipate North Carolina, North Carolina NAACP, El Pueblo, Democracy North Carolina, North Carolina Asian Americans Together y Fayetteville Police Accountability Community Taskforce también solicitaron el veto.