A más tardar el 1 de octubre de 2026, la Patrulla Estatal de Carreteras, conocida como la NC Highway Patrol, deberá presentar un informe sobre el memorando de entendimiento 287(g) que debe establecer con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en cumplimiento de la ley antiinmigrante SB 153, North Carolina Border Protection Act, aprobada la semana pasada por la Asamblea General de Carolina del Norte.
El requerimiento fue incluido en la sección de correcciones técnicas del proyecto de presupuesto estatal, que se someterá a votación esta semana.
La medida también dispone que la Oficina del Auditor Estatal realice una auditoría para verificar si las agencias estatales cumplen con los requisitos de dicha ley. Los resultados deberán presentarse a la Asamblea General a más tardar el 31 de diciembre de 2026.
Acuerdos 287(g)
La semana pasada, la Asamblea General de Carolina del Norte anuló el veto impuesto por el gobernador Josh Stein a la propuesta aprobada por la legislatura en la sesión de 2025. La nueva ley migratoria, dividida en 5 secciones, establece que cuatro agencias del estado, entre ellas la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte (NC Highway Patrol), establezcan acuerdos 287(g) con el ICE y colaboren en funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias bajo supervisión federal.
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¿Qué tipo de acuerdos 287(g) existen?
Existen tres tipos de acuerdos entre el ICE y las agencias locales en el país:
- El Modelo de Grupo de Trabajo (“Task Force Model”). Delega facultades a agentes locales para interrogar, detener y arrestar a personas sospechosas de violar las leyes civiles de inmigración.
- El Modelo de Control Penitenciario (“Jail Enforcement Model”). Autoriza a los agentes a interrogar a presuntos extranjeros encarcelados con cargos penales pendientes o reales para determinar su estatus migratorio. Posteriormente, los agentes pueden presentar una solicitud de retención administrativa ante el ICE para retener a la persona hasta 48 horas después de su liberación, lo que les permite detenerla.
- El Modelo de Oficial de Servicio de Ordenanzas (“Warrant Service Officer Model”). ICE delega a oficiales para ejecutar órdenes administrativas dentro de las cárceles o instalaciones correccionales de la agencia, pero no para interrogar a presuntos no ciudadanos sobre su estatus migratorio.
Sin respuestas sobre los mecanismos de aplicación
Hasta ahora, ni el texto original de la ley SB 153 ni las correcciones técnicas incluidas en el proyecto de presupuesto especifican cómo se llevarán a cabo las verificaciones del estatus migratorio, qué acuerdos bajo el 287(g) se firmarán ni cuál será el impacto de estas medidas en las interacciones cotidianas entre la comunidad y las agencias estatales.
Acerca de este tema, Christopher D. Knox, teniente de la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte, Oficina de Información Pública, dijo a Enlace Latino NC que: “Aunque en este momento no podemos ofrecer una entrevista, trabajaremos para compartir información a medida que avancemos en la implementación de esta legislación”.
Verificación de beneficios y nuevos plazos
Aunque Carolina del Norte no otorga beneficios públicos a personas indocumentadas y tampoco puede pedir beneficios de desempleo, la ley estatal restringe los beneficios estatales para los inmigrantes indocumentados más allá de lo exigido por la ley federal.
En relación con este punto, la Asamblea extiende la fecha límite del 15 de enero de 2026 al 15 de enero de 2027 para que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (DHHS) presente a los comités legislativos correspondientes un informe sobre la implementación de las disposiciones de la ley.
También, aplaza hasta esa misma fecha los informes que deberán entregar el Departamento de Comercio, la North Carolina Housing Finance Agency y las autoridades locales de vivienda sobre las medidas adoptadas para cumplir con la legislación.
Asimismo, retrasa hasta el 15 de enero de 2027 el plazo para que la División de Seguridad del Empleo del Departamento de Comercio adopte e implemente una política para verificar que todos los solicitantes de beneficios por desempleo estén legalmente autorizados para residir en Estados Unidos antes de recibir el primer pago del beneficio.
Al igual que en el caso de la NC Highway Patrol, el proyecto de presupuesto modifica los plazos, pero no detalla cuáles serán los nuevos mecanismos de verificación ni cómo las agencias estatales aplicarán estas disposiciones en la práctica.
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