Carolina del Norte, Raleigh – Los electores de Carolina del Norte podrán participar y votar en los comicios locales venideros sin presentar una identificación con fotografía.
Esto, mientras los tribunales de justicia no terminen de resolver las demandas presentadas contra el marco normativo que así lo exige.
Una reforma a la Constitución de Carolina del Norte de 2018 y una ley estatal aprobada el mismo año por la Asamblea General requiere que los votantes locales presenten en las urnas una identificación con fotografía para ejercer su derecho.
Procesos judiciales
Sin embargo, la reforma constitucional y la nueva ley no han podido implementarse desde entonces.
Esto, debido que enfrentan tres procesos judiciales distintos en diferentes etapas, uno en una corte federal y dos en instancias estatales:
- NAACP v. Cooper (Corte federal)
- NAACP v. Moore (Corte Suprema de Carolina del Norte)
- Holmes v. Moore (Corte de Apelaciones de Carolina del Norte)
La ley de identificación de votantes fue promovida y aprobada por la mayoría republicana en la Asamblea General, mientras que las demandas fueron presentadas por la Asociación para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en ingles) de Carolina del Norte.
¿Prevenir el fraude o restringir el voto?
Los legisladores republicanos sostienen que la ley es necesaria para prevenir el “fraude electoral” o “suplantación de votantes”; ya que las personas pueden ser identificadas fácilmente en los centros de votación usando una identificación con fotografía.
Pero, de acuerdo con las autoridades electorales, no se han identificado casos concretos de suplantación de identidad de votantes en los últimos procesos.
Quienes se oponen a la ley afirman, y han demostrado en tribunales estatales y federales, que la norma conduce a la privación de derechos de los electores y afecta, principalmente, a las minorías étnicas de escasos recursos.
La norma ya ha sido declarada “racialmente discriminatoria e inconstitucional”.
Intentos fallidos
El primer intento de los republicanos por implementar una ley de identificación de votantes en Carolina del Norte ocurrió en el 2013, cuando una reforma legal fue aprobada por el bloque mayoritario en la Asamblea General.
Tres años más tarde, en 2016, un tribunal federal de apelaciones determinó que la norma redactada por los republicanos era inconstitucional y apuntaba, directamente, a la población afroamericana del estado.
Luego del fracaso de 2016, los republicanos lo intentaron de nuevo y consiguieron aprobar una enmienda a la constitución de Carolina del Norte, mediante consulta popular en las elecciones de noviembre de 2018.
El 55% de los electores que participaron en esa oportunidad aprobaron la reforma constitucional que requiere a los residentes del estado una identificación con fotografía para ejercer su derecho al voto en persona.
Posteriormente, ese mismo año, la legislatura aprobó una ley para implementar y hacer efectiva la reforma constitucional, pero ambas normas enfrentan desafíos legales pendientes de resolver, por lo tanto, no se pueden aplicar.
En total, se tramitan tres demandas.
Juicio federal
El juicio federal sobre la ley de identificación de votantes de Carolina del Norte, previsto para iniciar este mes, fue suspendido a finales de diciembre anterior por la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Loretta Biggs.
¿La razón? La Corte Suprema de Estados Unidos aún no decide quién puede defender la ley ante los tribunales.
Avanzar, justificó la jueza Biggs, significaría “gastar innecesariamente enormes recursos de tiempo y esfuerzo".
Biggs explicó que la celebración de un juicio sin una determinación del tribunal superior sólo generaría confusión y, además, es probable que tenga que repetirse.
"Los requisitos de identificación de votantes de Carolina del Norte ya han estado sujetos a una amplia intervención judicial tanto a nivel federal como estatal, lo que ocasionalmente ha resultado en órdenes contradictorias", señaló Biggs.
Equipo legal
Actualmente, la defensa en el proceso federal está a cargo de Josh Stein, fiscal general de Carolina del Norte.
Sin embargo, los líderes republicanos en la legislatura estatal abogan por asumir la representación del estado.
La Corte Suprema puede permitir que los líderes republicanos presenten su propio equipo legal, pero la decisión podría tomarse durante el próximo verano.
Hasta entonces, el juicio ordinario se mantendrá suspendido.
El caso se conoce como NAACP v. Cooper.
Litigios estatales
En los tribunales locales se tramitan las otras dos demandas.
El caso NAACP v. Moore apunta a la propia reforma constitucional.
Los demandantes señalan que la legislatura no tenía la potestad de incluir la consulta sobre la reforma en la boleta electoral que se utilizó en noviembre de 2018.
El caso está en manos de la Corte Suprema de Carolina del Norte.
La otra demanda, Holmes v. Moore, se refiere a la ley de implementación que contiene las reglas reales para la identificación de votantes.
La iniciativa fue vetada en diciembre de 2018 por el gobernador demócrata Roy Cooper, pero, en ese momento, el partido Republicano contaba con una “super mayoría” en la legislatura que le permitió levantar el veto.
En setiembre de 2021, un panel de jueces locales decidió bloquear la ley por considerar que “discrimina a los votantes afroamericanos” del estado, tal y como resolvieron y ratificaron las cortes en 2016.
Hoy, el proceso se tramita ante la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte.
Conflicto de intereses
A pesar del evidente conflicto de intereses, dos jueces republicanos anunciaron la semana anterior que no se recusarán en el caso que desafía la ley de identificación de votantes de Carolina del Norte.
Se trata de Tamara Barringer, exsenadora estatal republicana, quien votó a favor de la ley objeto de la demanda, y Phil Berger Jr., hijo del presidente del Senado estatal. Berger es uno de los líderes republicanos promotores de la reforma legal.
Barringer y Berger forman parte de la Corte Suprema.
Ambos declinaron mantenerse al margen del proceso a pesar de la solicitud formal hecha por los abogados de NAACP. Los jueces dijeron que actuarán con justicia e imparcialidad.
La Corte Superior dijo que dejaría la decisión en manos de los mismos jueces.