Plan-Leandro-apelación

Carolina del Norte, Raleigh – El Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte dictaminó que la orden del juez de la Corte Superior David Lee de transferir $1.7 billones del fondo general del estado para comenzar a financiar la implementación del plan Leandro requiere la aprobación de la Asamblea General.

Un panel de tres jueces falló 2 a 1, señalando que el juez Lee no puede obligar a los ejecutivos de finanzas estatales a mover el dinero.

La razón, es porque, de acuerdo con la constitución del estado, solo la rama del poder legislativo tiene esa potestad.

El juez Lee ordenó, el 10 de noviembre utilizar los fondos para financiar el Plan de Reparación Integral Leandro. Esto, con el objetivo de dar cumplimiento efectivo al mandato constitucional de ofrecer educación de calidad.

Control y equilibrio constitucional

La Corte de Apelaciones concluyó que la orden del juez Lee «devastaría la clara separación de poderes entre las ramas legislativa y judicial.

Asimismo, amenazaría con arruinar los controles y equilibrios cuidadosamente elaborados que son el espíritu de nuestro sistema de gobierno».

La decisión del juez Lee, señaló el panel, es inconstitucional.

“Ordenar al peticionario que pague fondos no asignados del Tesoro del Estado es constitucionalmente inadmisible y está más allá del poder del tribunal de primera instancia”. Fue lo que señaló la Corte de Apelaciones.

“Voluntad directa del pueblo”

El juez Lee había argumentado que la Constitución del estado permite asignaciones fuera de la legislatura.

Además, que la “autoridad constitucional reemplaza al estatuto”, en tanto la constitución es la “voluntad directa del pueblo”.

Linda Combs, contralora estatal de Carolina del Norte, fue quien solicitó a la Corte de Apelaciones detener el fallo del juez Lee.

En su argumentan expuso que la Asamblea General puede ordenar el gasto y el destino de los fondos públicos.

El panel de apelaciones estuvo integrado por los jueces Dillon, Arrowood y Griffin.

Voto salvado

El juez Arrowood se separó del criterio de los jueces Dillon y Griffin. Votó por “emitir una suspensión temporal de la orden del tribunal de primera instancia” y no una “orden de prohibición” como lo hizo la mayoría.

“Disiento de la orden de la mayoría que otorga una orden de prohibición», señala el fallo.

«Voto para permitir la moción de suspensión temporal, que es el único asunto que creo que está debidamente ante el panel en este momento”, agregó.

Arrowood cuestionó la decisión de los otros jueces de emitir “una orden que decide los méritos de toda la apelación sin permitir adecuadamente la presentación de informes o la argumentación”.

Decisión “arbitraria y caprichosa”

El juez dijo que la decisión de la mayoría fue “arbitraria, caprichosa y carecía de buena causa”.

“Acortar el tiempo para una respuesta fue un mecanismo que permitió a la mayoría decidir apresuradamente este asunto sobre el fondo, con solo un día para una respuesta, sin un calendario completo de información; sin un calendario público del caso, y no hay oportunidad de argumentación y en el último día se constituye este panel. Este es un caso clásico de decidir un asunto sobre el fondo utilizando un expediente en la sombra de los tribunales”, señala la misma sentencia.

“Burocracia educativa fallida”

Los líderes republicanos en la Asamblea General celebraron el fallo de la Corte de Apelaciones.

El senador Phil Berger (Rockingham), presidente del Senado estatal, dijo que “el camino hacia la mejora de los estudiantes” no depende exclusivamente de la asignación de más recursos, como insisten los partidarios del plan Leandro.

«La gente de Carolina del Norte a través de sus legisladores electos, no un juez de primera instancia no electo a nivel de condado, decide cómo gastar los dólares de los impuestos”. Fueron declaraciones de Berger por medio de un comunicado de prensa.

Para Berger, el sistema de educación pública de Carolina del Norte está en manos de una “burocracia educativa fallida”.

“La legislatura continuará siguiendo la Constitución y promoviendo políticas que mejoren las oportunidades para el rendimiento de los estudiantes, empoderar a los padres y financiar a los estudiantes, sin fallar los sistemas burocráticos», agregó.

¿Qué es el plan Leandro?

 Desde 1997, al resolver el caso Leandro, la Corte Suprema de Carolina del Norte declaró el derecho constitucional de todos los niños residentes en el estado a una “educación básica sólida”. Ello implica mayor inversión pública.

En 2020, y luego de más de dos décadas fallos e incumplimientos por parte de la Asamblea General, responsable de aprobar el presupuesto estatal, los tribunales ordenaron al estado desarrollar y financiar un “plan de acción de ocho años”.

Fue así como surgió el Plan de Reparación Integral Leandro.

Mario A. Rodríguez

Periodista Político en Enlace Latino NC. Productor ejecutivo y asesor en comunicación política, con más de quince años de trayectoria profesional.

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