Los alguaciles de diferentes condados Carolina del Norte fueron consultados por Enlace Latino NC sobre su posición con respecto al proyecto de ley HB10, una propuesta legislativa que los obliga a cooperar con el ICE.
Enlace Latino NC solicitó, vía correo electrónico, a los alguaciles de Wake, Mecklenburg, Durham, Orange, Forsyth, Guilford, y Chatham, una declaración oficial o comentario sobre la propuesta HB10, que avanza rápidamente en la legislatura de Carolina del Norte.
Alguaciles de Carolina del Norte y HB10
A medida que los alguaciles respondan a nuestra solicitud, estaremos compartiendo sus puntos de vista.
Alguacil Willie Rowe, “oposición y preocupación”
El alguacil del condado Wake, Willie Rowe mencionó a Enlace Latino NC su oposición a la propuesta de ley HB 10, además de considerarla “innecesaria”.
“Las agencias policiales locales, estatales y federales han establecido relaciones de trabajo productivas que han demostrado ser eficaces para hacer cumplir la ley y mantener seguras a las comunidades”, afirmó.
“Creo firmemente que las autoridades policiales son las que mejor entienden las necesidades y las mejores prácticas necesarias para trabajar juntos con éxito y respetar las funciones y responsabilidades de cada uno”.
“Animo a nuestros funcionarios electos a oponerse a HB 10 para reunirse, conjuntamente con las autoridades locales y federales, para determinar las políticas y procedimientos adecuados en el futuro para las comunidades más seguras y eficaces de seguridad pública en general”, señaló.
El alguacil Rowe, que inició oficialmente su gestión en diciembre del 2023 mantuvo su compromiso de campaña de no restablecer el programa 287 (g) en el condado de Wake.
Comunidades menos seguras
Rowe también señaló que la propuesta HB 10 obstaculiza la capacidad de la oficina del alguacil para construir relaciones con la comunidad y le quita autoridad para establecer las prioridades locales de aplicación de la ley.
“El proyecto de ley prohibe la liberación de la cárcel de los individuos en libertad bajo fianza, incluso si son elegibles para la liberación bajo la ley de Carolina del Norte- sobre la base de una “solicitud, aprobación u otra instrucción” de la del gobierno federal”.
“Quiero hacer nuestras comunidades más seguras, pero HB 10 nos hará menos seguras fomentando la desconfianza en la aplicación con las fuerzas de la ley local”, agregó.
Además, el alguacil Rowe, expresó que “nadie debe temer interactuar con la oficina del alguacil del condado de Wake debido a su estatus migratorio”.
Determinar las prioridades
Asimismo, el aguacil del condado de Wake, explicó que actulamente y bajo el Estatuto General § 162-62, todos los alguaciles deben hacer una consulta y notificar al ICE, en ciertas circunstancias, si no se puede determinar si una persona es un ciudadano estadounidense o residente legal.
“Como funcionario electo, debo ser capaz de determinar las prioridades locales”, dijo. “La Oficina del Alguacil del condado de Wake disfruta de una relación de trabajo positiva con las agencias locales, estatales y federales. Leyes adicionales no son necesarias para asociaciones para mantener nuestras comunidades seguras”, comentó.
Reforma migratoria
Además de la oposición de la HB 10, Rowe pidió una reforma migratoria e instó al Congreso a que proporcione recursos suficientes para asegurar la frontera de nuestro de forma eficaz, eficiente y humana.
“Es esencial que nuestros representantes electos trabajen juntos para promulgar una legislación integral que aborde estas cuestiones con eficacia”, comentó.
“Como alguacil, se me ha confiado la protección de nuestros residentes, y creo que es imperativo que se tomen medidas decisivas”, concluyó.
Alguacil Gary McFadden: “procesos obligatorios y sin discreción”
En oportunidades previas el alguacil del condado de Mecklenburg, Gary McFadden ha manifestado su oposición a este proyecto de ley. En su declaración enviada a este medio señaló que este proyecto “crea procesos burocráticos y más cargas administrativas”.
La HB10 crea procesos nuevos y específicos y plazos para los alguaciles a seguir cuando cooperan con ICE.
“Por ejemplo, mientras que HB10 ordena que todos los alguaciles honren las solicitudes de detención de ICE para cualquier persona acusada de cualquier delito en sus cárceles, también requiere que todos los alguaciles sigan un proceso judicial al hacerlo”, mencionó. Esto, indicó McFadden, significa que los alguaciles deben trasladar a la persona detenida a un funcionario judicial “sin demoras innecesarias” para obtener una orden de custodia, que puede ser emitida o no.
“Este proceso es obligatorio para todos los alguaciles y estos ya no tendrán la discreción de simplemente no cumplir o retrasar la actuación después de recibir una orden de retención de ICE para una persona dentro de su centro de detención o cárcel”, comentó.
Informes anuales
También el alguacil del condado de Mecklenburg comentó a acerca de la obligación de presentar informes anuales.
“Los alguaciles tendrán que rastrear y reportar: el número de consultas realizadas al ICE sobre el estatus migratorio de una persona; cuántas veces el ICE respondió a esas consultas; el número de órdenes de retención del ICE recibidas; el número de veces que la persona fue retenida durante 48 horas; el número de personas retenidas pero liberadas debido a órdenes de retención que fueron rescindidas por el ICE; el número de veces que una persona fue retenida pero de otro modo habría sido liberada; y cuántas veces el ICE tomó la custodia de una persona después de haber sido notificado”
“Esto, por supuesto, será necesario sin financiación adicional o personal añadido”, agregó.
Aumento de cargas administrativas
Es posible que muchas oficinas de alguaciles, mencionó McFadden, ya decidieron cumplir con las órdenes de retención de ICE, sin embargo “la HB10 no se trata sólo de continuar con esta práctica”
“Aumentará las cargas administrativas a las que se enfrentan los alguaciles al hacerlo y sin la debida compensación”, cuestionó.
Además, el alguacil, mencionó que a medida que se crea más burocracia, aumentará la responsabilidad legal por cualquier paso en falso.
“Aunque la HB10 pretende limitar la responsabilidad civil y penal cuando se retiene a una persona para el ICE, los alguaciles seguirán estando sujetos a responsabilidad constitucional si no siguen correctamente el proceso de custodia establecido en este proyecto de ley”.
Alguacil Charles Blackwood, “conocer su contenido
El alguacil del condado de Orange, Charles Blackwood, respondió a Enlace Latino NC que su postura sigue siendo “no comentar la legislación a medida que avanza en el Senado y la Cámara de Representantes” ya que: “no hay forma de saber cuál será su contenido real hasta que se convierta en ley”, mencionó.
Alguacil Quentin Miller, “pelear en contra de este proyecto”
En una reunión comunitaria que se llevó a cabo el viernes 26 de abril, el alguacil del condado de Buncombe, Quentin Miller, prometió “pelear en contra de este proyecto”.
“Yo soy uno de los sheriffs (alguaciles) que decidió no colaborar con ICE y no ser parte del programa 287g. Vienen con esta ley para tratar de obligarnos a hacerlo y lo tomo como algo personal, voy a seguir peleando contra esto”, señaló.
El alguacil Miller, resaltó que “nos están obligando a hacer cosas para las que no fuimos elegidos ni quisimos estar en este puesto. Esto crea un temor que impide que la comunidad reporte delitos serios”, mencionó.
Alguacil Danny H. Rogers, protecciones constitucionales
El alguacil Danny H. Rogers, del condado de Guilford, enfatizó a este medio los derechos y protecciones constitucionales que tienen todas personas, incluso aquellas que no son ciudadanas.
“Los tribunales han dejado claro que las protecciones constitucionales de la Cuarta Enmienda contra la detención ilegal de una persona se aplican incluso a los no ciudadanos”, dijo Rogers.
El alguacil, explicó que “retener a una persona en uno de los centros de detención basándose únicamente en una orden de detención o ‘detainer’ del ICE podría plantear problemas relacionados con la Cuarta Enmienda”
“Una orden de detención del ICE es un documento administrativo (a menudo preparado por un agente del ICE) y no una orden judicial emitida por un juez o magistrado”, afirmó.
Asimismo, Rogers, indico que si una persona indocumentada es detenida por un acto delictivo, y se ha emitido una orden judicial que dice que debe retenerla entonces lo hará.
“Ese es mi deber como ‘Sheriff’ del condado de Guilford. Mi meta es continuar colaborando con el Magistrado y el Tribunal locales y promover la seguridad pública en el condado de Guilford”, afirmó.
También, Rogers, indicó que no se opone a una reforma migratoria.
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