Con el argumento de que no todos los alguaciles cooperan con las autoridades federales, el Senado de Carolina del Norte aprobó hoy 2 de mayo, el controversial proyecto de ley HB10.
Ahora, la propuesta, que obligaría la colaboración de alguaciles estatales con Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), se dirige a la Cámara de Representantes estatal tras recibir cambios técnicos. Esta cámara dará la aprobación final y será enviada entonces al gobernador de Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper.
“Los estadounidenses no dan crédito a la crisis de la frontera sur y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se sigue poniendo en peligro a nuestras comunidades”, declaró el presidente del Comité Judicial del Senado, el senador Danny Britt en un comunicado de prensa.
“El Fiscal General debe comprometerse a actuar sobre los poderes que se le conceden en el proyecto de ley HB 10 de la Cámara de Representantes y ayudar a combatir la crisis fronteriza”, agregó.
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Período de detención
Los alguaciles de Carolina del Norte ya están requeridos bajo ley estatal tratar de determinar el estado legal de las personas que arrestan e informar a ICE.
Sin embargo, este proyecto de ley los obligaría detener por 48 horas a los acusados de delitos que se cree están en el estado sin documentos. El fin es darle tiempo a ICE para obtener la custodia.
¿Qué sigue?
Luego de la aprobación del Senado, el proyecto de ley podría ser sometido a votación en la Cámara de Representantes la próxima semana.
De obtener un voto favorable, será remitido al escritorio del gobernador Roy Cooper.
Cooper tiene el poder de firmarlo, dejarlo que se que convierta en ley sin su firma o vetarlo. Sin embargo, aunque el gobernador lo vetara, aún podría convertirse en ley ya que los republicanos tienen el control total de la Asamblea General. Los legisladores ya anticiparon que utilizarían su supermayoría republicana en caso de ser necesario anular el veto.
Entre 2019 y 2022, la legislatura presentó iniciativas similares, como los proyectos de ley HB 370 y SB 101, los cuales fueron vetados por Cooper.
El proyecto de ley entraría en vigor el 1 de julio de 2024.
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Cambios para la presentación de informes
El Senado estatal aprobó hoy una enmienda del senador Buck Newton para modificar los plazos de presentación de informes de los departamentos del alguacil.
La enmienda ajusta la fecha límite para la presentación de informes, permitiendo a los departamentos del alguacil recopilar datos con mayor precisión.
Estos reportes, comenzarían a presentarse en octubre 2025, proporcionando así al menos un año completo de datos para su evaluación.
“Esta es una enmienda muy simple”, declaró Newton, mientras explicó el cambio a sus colegas.
Enmienda rechazada
El senador demócrata Mujtaba Mohammed presentó una enmienda porque afirmó que el proyecto de ley permitiría a los acusados criminales evitar el enjuiciamiento en los tribunales estatales.
Además, argumentó que el proyecto impone una “carga fiscal indebida” al utilizar recursos locales para enforzar un programa voluntario de retenciones federales de inmigrantes.
Sin embargo, su enmienda fue rechazada.
Piden a gobernador de Carolina del Norte vetar la HB10
La aprobación de la propuesta HB10 en el Senado del Estado de Carolina del Norte ha generado reacciones por parte de organizaciones hispanas y de madres en el estado.
Las organizaciones expresan su preocupación por las implicaciones de esta legislación en las comunidades inmigrantes y en la seguridad pública en general.
“Pedimos al gobernador de Carolina del Norte que una vez más se ponga del lado correcto de la historia y vete la HB10 si llega a su escritorio”, dijo Pilar Rocha-Goldberg, presidenta y directora ejecutiva de El Centro Hispano en un comunicado de prensa.
Si la HB10 se convierte en ley, el Centro Hispano expresó que prevalecerá un clima de miedo entre las comunidades de inmigrantes.
“Este miedo podría disuadir a las personas de denunciar delitos o buscar ayuda de las autoridades, lo que en última instancia socavaría la seguridad pública de todos”, añadieron.
HB10: “Es malo para nuestras familias”
En 2019, aproximadamente 296 mil inmigrantes indocumentados residían en Carolina del Norte, según un análisis de la organización Migration Policy.
De estos, la mayoría proviene de países de América Latina como México, Honduras y El Salvador.
“Las madres de Carolina del Norte están decepcionadas, tristes, asustadas y absolutamente indignadas por la aprobación de la ley HB 10”, dijo Sheila Arias, directora de la Campaña de Carolina del Norte de Mamás Con Poder.
Arias, expresó que la colaboración de los alguaciles con ICE apoyaría un proceso de deportación.
“Es malo para nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro estado y nuestra economía. El daño que causaría es inmenso”, resaltó en un comunicado de prensa.
Impacto económico
Durante los dos días de debate en los comités del Senado estatal, oponentes del proyecto de ley destacaron su potencial impacto en la contribución económica de los inmigrantes indocumentados a la economía estatal.
De acuerdo con un análisis de Carolina Forward, el estado es el hogar de aproximadamente 350 mil inmigrantes indocumentados.
Cada año, estos inmigrantes, aportan al estado y a las comunidades locales:
- 258 y 359 millones de dólares en impuestos sobre las ventas, impuestos sobre la propiedad e impuestos estatales sobre la renta.
- Aproximadamente 97 mil inmigrantes indocumentados (el 33% de toda la población indocumentada) son propietarios de vivienda y pagan impuestos sobre la propiedad.
- Las estimaciones indican que los inmigrantes indocumentados pagan cada año entre 29,2 y 36,4 millones de dólares en impuestos sobre la propiedad.
PODCAST
Después de la tormenta
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