Carolina del Norte, Raleigh. – Los tribunales de Carolina del Norte podrían tomar mañana, miércoles, una decisión sin precedentes en materia educativa y presupuestaria, que garantice los fondos para financiar el Plan de Reparación Integral Leandro.
Hace tres semanas, el juez de la Corte Superior David Lee advirtió al Poder Ejecutivo y la Asamblea General que tomaría una determinación si ellos no presentan una solución inmediata.
Si los legisladores no concretan una propuesta económica que permita al estado cumplir con su obligación constitucional de brindar una “educación básica sólida”, el juzgado está dispuesto a imponer sanciones e intervenir de forma directa.
División de Poderes
Durante la última audiencia celebrada en octubre, el juez Lee escuchó propuestas por parte de los demandantes sobre cómo ejercer sus poderes de reparación para rectificar la falta de fondos para el sistema educativo.
La experiencia de otros estados fue presentada a consideración de la corte.
Tribunales de Washington y Kansas, por ejemplo, han obligado a legislaturas renuentes a financiar de forma adecuada y sostenida el sistema educativo.
Los líderes republicanos estatales acusaron al juez Lee de extralimitarse en sus funciones, de violentar la división de poderes y la Constitución estatal.
Por medio de un comunicado de prensa, el caucus republicano dijo que la Asamblea General “no es parte en el caso” y “no participó en el desarrollo de las propuestas de política que ordenará el juez”.
Los republicanos están en desacuerdo con el contenido del plan de reparación integral, cuya inversión alcanzaría los $5.2 billones en un término de ocho años.
Para los primeros dos años, se requiere una suma que oscila entre $1.5 y $1.7 billones.
“El poder judicial no tiene la autoridad legal para decidir cómo se gastan los dólares de los contribuyentes y qué políticas se convierten en ley”. Es lo que declararon los líderes republicanos. Se oponen a utilizar recursos del Fondo General del estado para invertir en el sistema de educación pública.
Sin sustento legal
Los republicanos sostienen que la Constitución estatal y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Carolina del Norte respaldan su posición.
La elaboración y aprobación del presupuesto es potestad exclusiva de la legislatura.
«No se extraerá dinero de la tesorería del Estado sino como consecuencia de asignaciones hechas por la ley, y una cuenta exacta de los ingresos y gastos de los fondos estatales se publicará anualmente»; señala el Artículo V, Sección 7 de la Constitución de Carolina del Norte
“Una apropiación hecha por ley solo es posible mediante un voto de la Asamblea General”, subrayan los líderes republicanos. Se sustentan en resoluciones de la Corte Suprema (2020) y la Corte de Apelaciones (2018) del estado.
Crisis constitucional
Los líderes republicano advierten que la decisión que tome el juez Lee, en caso de ordenar al Poder Ejecutivo utilizar fondos del estado para invertir en educación pública, provocará una “crisis constitucional”.
“Cuando el juez Lee ordene al Poder Ejecutivo retirar fondos estatales, estará en clara violación de la Constitución y la ley”, advierten los líderes republicanos.
Anarquía estatal
La senadora republicana Deanna Ballard (Watauga), copresidenta del Comité de Educación del Senado de Carolina del Norte, calificó el proceso judicial y la eventual decisión de la Corte como “anarquía”.
Ballard también cuestionó el trabajo realizado por la Fiscalía General de Carolina del Norte.
“La ‘defensa’ del Fiscal General Stein es una prueba más de que este circo se trata de promulgar el plan de gastos preferido del gobernador Cooper sobre las objeciones de la legislatura, la única rama legalmente autorizada para tomar decisiones sobre gastos», declaró la senadora Ballard.
Incumplimiento constitucional
Por su parte, los legisladores demócratas y las organizaciones civiles esperan que el juez Lee defina la ruta a seguir para comenzar a atender el rezago y las necesidades del sistema de educación pública.
Para el senador demócrata Jay Chaudhuri (Wake), los tribunales locales tienen la potestad y el deber legal de señalar a los otros poderes del estado – Ejecutivo y Legislativo- cualquier incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
“El senador Berger sostiene que la moción del juez Lee es una violación de la separación de poderes, pero el incumplimiento de la orden del juez Lee es la verdadera violación de la constitución que separa a los niños de nuestras escuelas para tener la oportunidad real de lograr el sueño americano”, señaló.
“Oportunidad de recibir una educación sólida”
En conferencia de prensa virtual convocada por el caucus demócrata, el senador Chaudhuri dijo que el estado ha perdido dos décadas. Le ha negado a toda una generación la “oportunidad de recibir una educación sólida”.
“El senador Berger dijo que el juez Lee está desquiciado, pero nuestra constitución estatal depende de que jueces independientes tengan el deber de determinar si nuestro Poder ejecutivo o Legislativo comete una falta a la constitución de Carolina del Norte”.
Obligación moral
La senadora demócrata Gladys Robinson (Guildford) dijo que las autoridades estatales tienen la “obligación moral” de destinar los recursos necesarios para atender las necesidades del sistema educativo.
Sin embargo, señaló, “la Asamblea General le ha fallado a nuestros niños”.
Carolina del Norte, recordó Robinson, tiene los fondos suficientes para cumplir con la obligación constitucional de garantizar educación de calidad a sus residentes; y de ayudar a reducir las brechas con las comunidades de menores ingresos.
“¿Es correcto negar educación equitativa a nuestros hijos? ¿Negar fondos a las escuelas públicas? Los legisladores republicanos pueden decir que no tienen que financiar a Leandro, pero deberían querer financiarlo, porque es lo correcto”.
De acuerdo con los legisladores demócratas de Carolina del Norte, las necesidades en infraestructura educativa alcanzan los $13 billones; y la remuneración de los docentes apenas alcanza el promedio nacional.
¿Qué es el Plan De Reparación Integral Leandro?
Desde 1997, al resolver el caso Leandro, la Corte Suprema de Carolina del Norte declaró el derecho constitucional de todos los niños residentes en el estado a una “educación básica sólida”; ello implica mayor inversión pública.
Todo comenzó cuando cinco distritos escolares rurales en condados de bajos ingresos demandaron al estado. Argumentaron que no podían recaudar los ingresos fiscales necesarios para brindar una educación de calidad.
El fallo de 1997 fue ratificado en 2004. Sin embargo, los presupuestos estatales aprobados desde entonces por la Asamblea General han ignorado la orden de los tribunales, mientras aumentan las brechas y el deterioro del sistema educativo.
En 2020 los tribunales ordenaron al estado desarrollar y financiar un “plan de acción de ocho años”; después de más de dos décadas de incumplimentos.
Fue así como surgió el Plan de Reparación Integral Leandro, que se centra en la atención de las áreas clave descritas en la orden emitida por el juez Lee en 2020.
En plan contempla inversiones en infraestructura educativa, maestros y directores competentes y bien capacitados; también considera acceso equitativo a los recursos, entre otras áreas prioritarias para la atención y el desarrollo de los menores.