Por Walter Gómez y Mario Alfaro
Walter@enlacelatinonc.org, Mario@enlacelatinonc.org
Carolina del Norte, Raleigh- Violación de los derechos civiles y la separación familiar son algunas de las preocupaciones de la comunidad inmigrante de Carolina del Norte que ven cómo el proyecto antiinmigrante SB 101 avanza rápidamente.
“Nos preocupan los derechos civiles. Las órdenes de retención de inmigración pueden llevar a las fuerzas policiales a detener a alguien sin causa probable, en violación de la Cuarta Enmienda”, expresó a Enlace Latino NC Stefania Arteaga, estratega regional de derechos de los inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Arteaga, mencionó su preocupación por el uso de recursos públicos y el impacto económico en las ciudades y condados ante en la eventual implementación de los proyectos que conforman la agenda antiinmigrante.
“Parece que están dispuestos a utilizar los fondos de la comunidad para mover una agenda antiinmigrante y racista en un tiempo de crisis sanitaria”.
Separación familiar y aporte de la comunidad latina
Sheila Arias, directora de campañas en Carolina del Norte de Mamás con Poder, indicó a este medio, que la agenda antiinmigrante no es Carolina del Norte.
“Esto significa la separación de familias. Estamos aquí para demostrar quienes somos. Somos familias hispanas y no merecemos este trato en estas circunstancias”.
Por su parte, Carmen Rodríguez, trabajadora inmigrante, expresó a Enlace Latino NC que es hora de parar tanto ataque a la comunidad indocumentada.
“Como parte de los trabajadores esenciales que no paramos en los momentos más críticos de la pandemia, pedimos (a los legisladores estatales) que paren sus ataques e intenciones de querer separar a nuestras familias”.
Además, Rodríguez, pidió a los legisladores que “reconozcan la contribución que nuestras familias, nuestra comunidad indocumentada aporta a la economía del estado”.
Alguaciles confirman su oposición
Garry McFadden, alguacil de Mecklenburg, quien participó de la reunión del Comité Judicial del Senado a través del servicio digital legislativo, reiteró su oposición al proyecto SB 101.
"ICE necesita hacer su trabajo y no esperar que nosotros hagamos el suyo". "Los alguaciles que se oponen a esto representan el 80% de la población de Carolina del Norte", agregó.
Por su parte, el alguacil Gerald Baker, del condado de Wake, indicó a Enlace Latino NC que esta no es una legislación necesaria.
“La ley es la ley y nosotros continuaremos haciendo nuestro trabajo. Esto se trata más de un trato humanitario sin importar quién eres tú y de dónde vienes. Como dijimos desde el primer día de campaña, las puertas de nuestra oficina estarán abiertas para todos”.
Por ahora, sin posición oficial
Edmond Caldwell, vicepresidente ejecutivo y asesor general de la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte dijo ante los senadores estatales que la asociación prefirió no adoptar una posición oficial sobre la SB 101 a la espera de los cambios que pudieran incorporarse al proyecto de ley.
Asimismo, Caldwell recordó que la mayoría de los alguaciles se pronunciaron a favor del HB 370 en 2019.
También, Caldwell, manifestó que sabe que el proyecto divide la opinión de los alguaciles y la Asociación reconoce que algunos alguaciles apoyan el proyecto de ley con la misma firmeza y convicción de quienes se oponen a la propuesta.
“No hay un tema legislativo en la memoria reciente que haya generado sentimientos y opiniones más apasionados en ambos lados entre los alguaciles.
Caldwell, explicó que lo que está en juego es la posición si las órdenes de detención de inmigración son legales o no.
“En la creencia de algunos alguaciles de que las órdenes de detención de inmigración por vía judicial no son legalmente suficientes para mantener a un prisionero, y la creencia de algunos alguaciles de que dichas órdenes son legalmente suficientes para mantener a una persona detenida”.
¿Qué dice el texto final de la SB 101?
Con los cambios aprobados, el proyecto SB 101 determina que cualquier persona indocumentada detenida por la fuerza policial local en Carolina del Norte, acusada de cometer delitos relacionados a control de sustancias ilícitas, homicidio, violación y otros delitos sexuales, agresión, tráfico de personas y pandillas serán puesta a las órdenes de las autoridades de ICE.
Las personas detenidas tienen 48 horas para demostrar que son ciudadanos, residentes legales o tienen una condición migratoria legal.
Caso contrario, los administradores de las cárceles de los condados deberán comunicarse con ICE para que las autoridades migratorias emitan una orden de detención.
Si no lo hacen, la persona debe será liberada.
Los alguaciles de las cárceles de los condados que no den aviso a ICE, recibirán una penalización con un delito menor clase 3.
¿En dónde está la propuesta?
El Senado estatal votará el proyecto SB 101 la tarde de hoy 10 de marzo.
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