Carolina del Norte, Raleigh – Legisladores descartaron un proyecto de ley que destina fondos para la educación pública equitativa en Carolina del Norte.
Ese es el caso de la propuesta HB 946, “Educación básica sólida para todos los niños”, que no llegó a ser conocido por el pleno de la Cámara de Representantes durante el primer cuatrimestre del año y pasó al archivo.
El proyecto pretendía destinar recursos públicos para implementar el Plan de Reparación Integral Leandro que se presentó al Tribunal Superior en marzo anterior, para “garantizar oportunidades y acceso a educación de calidad”.
Derecho constitucional
Desde 1997, al resolver el caso Leandro, la Corte Suprema de Carolina del Norte declaró el derecho constitucional de todos los niños residentes en el estado a una “educación básica sólida”.
Por esa razón, un grupo de representantes demócratas liderados por Julie von Haefen (Wake) presentaron a inicios de mayo el expediente HB 946, conocido como el “Plan Leandro” de largo plazo.
El proyecto -que fue descartado- detalla los cambios de política. Así como también las disposiciones presupuestarias que serían instituidas por la legislatura durante un período de ocho años (2021-2028); para implementar las mejorar que el sistema requiere.
"Espero sinceramente que los líderes de la Cámara se tomen en serio la orden de la Corte al considerar nuestra propuesta durante las negociaciones presupuestarias", señaló la representante Julie von Haefen.
Acceso y calidad
El HB 946 proponía destinar $1.2 billones para operativizar el “plan de reparación integral de largo plazo”; es decir, la ruta que seguiría Carolina del Norte para garantizar que todos los niños tengan acceso a educación pública de calidad.
Con la asignación de fondos, los proponentes pretenden fortalecer diferentes áreas dentro del sistema de educación pública. Los recursos beneficiarían, principalmente, a estudiantes de primera infancia y de kínder al 12 grado.
Oportunidad
Para los representantes demócratas, la discusión del presupuesto estatal representa una oportunidad para rescatar la iniciativa y dar cumplimiento efectivo, con visión de largo plazo, a las disposiciones de los tribunales estatales.
En conferencia de prensa, los representantes Julie von Haefen (Wake), Ricky Hurtado (Alamance), Rachel Hunt (Mecklenburg) y Raymond Smith (Sampson) adelantaron que insistirán ante el bloque republicano en el marco de las negociaciones del presupuesto bianual del estado.
Al llamado de los legisladores se sumaron las representantes de organizaciones civiles Jenice Ramírez, directora ejecutiva de ISLA NC; Patricia Beier, presidenta de WAGES NC; y Kellie Easton, directora ejecutiiva de Action 4 Equity.
Las organizaciones se unieron bajo la coalición Every Child NC con el propósito de abogar por “una financiación escolar equitativa”.
“Financiar completamente nuestro sistema educativo no es una opción. Nuestro estado tiene la obligación constitucional de brindar una educación básica sólida a los niños que viven y aprenden en Carolina del Norte”. Lo anterior fueron comentarios de von Haefen.
Antecedentes. El 21 de enero, el juez de la Corte Superior de Carolina del Norte, David Lee, emitió una orden en el caso Leandro. El estado debe desarrollar un plan de acción de ocho años para cumplir con sus obligaciones constitucionales.
El 15 de marzo, las partes sometieron a la justicia el Plan Integral de Remediación Leandro. La propuesta se centra en las siete áreas clave descritas en la orden del juez Lee de enero de 2020.
El HB 946 proponía acciones y recursos para los dos primeros años
El representante Hurtado, otro de los proponentes, subrayó que la decisión de la corte requiere que Carolina del Norte implemente, lo antes posible, un plan que garantice que todos los niños tengan acceso a una educación pública básica sólida.
"Nuestro proyecto de ley pondría al estado en camino para cumplir con los requisitos acordados por el Tribunal", puntualizó Hurtado.
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