Fernando Javier Rodríguez Luna denunció que le retuvieron el pasaporte para impedir que dejara su trabajo. Sus empleadores le cobraron miles de dólares en cuotas ilegales para poder ser contratado y, una vez en Carolina del Norte, no le pagaron todas las horas trabajadas ni los gastos que la ley obliga a reembolsar.
Su caso no es aislado: refleja situaciones que afectan a miles de trabajadores agrícolas con visa H-2A. Es una práctica muy grave que, en algunos casos, podría constituir trata laboral.
Rodríguez Luna acaba de presentar una demanda colectiva ante la División Sur del Distrito Este de Carolina del Norte. La demanda se dirige contra el contratista Alvino Avilez Castañeda, su empresa Avilez & Sons Harvesting LLC, y Jackson Farming Company of Autryville. El caso cuenta con la representación del Centro de los Derechos del Migrante (CDM) y el North Carolina Justice Center (NCJC).
Decenas de otros empleados fueron obligados a pagar miles de dólares en tarifas ilegales de reclutamiento. También debieron abonar costos de visa y transporte que nunca les fueron reembolsados, como exige el programa H-2A.
Pagos incompletos y condiciones laborales deficientes
Durante su empleo, Rodríguez Luna y sus compañeros habrían enfrentado múltiples irregularidades en sus condiciones de trabajo y pago.
“Había muchos problemas distintos en la forma en que se les pagaba”, explicó a Enlace Latino NC Carol Brooke, abogada del North Carolina Justice Center. Entre ellos, mencionó que no se les pagaba el tiempo de traslado entre campos durante la jornada laboral ni todas las horas trabajadas debido a registros incompletos.
Brooke también señaló que, en muchos casos, los trabajadores eran pagados por pieza, pero esas tarifas no alcanzaban el salario mínimo por hora requerido por el programa H-2A.
La abogada agregó que, como ocurre con frecuencia en este tipo de empleo, los trabajadores tuvieron que asumir múltiples gastos de viaje a Estados Unidos. Eso incluyó cuotas de reclutamiento, costos de visa y de transporte, y hasta pagos para cruzar la frontera.
Una demanda colectiva en nombre de otros trabajadores
Aunque Rodríguez Luna es el único demandante por ahora, la demanda busca representar a otros trabajadores que habrían sufrido los mismos abusos.
“Los abusos que él experimentó fueron comunes a todos los trabajadores”, agregó a Enlace Latino NC Julia Solórzano, directora de Asuntos Legales del Centro de los Derechos del Migrante (CDM).
Por eso motivo, otros trabajadores que hayan vivido situaciones similares pueden sumarse a la acción legal.
Posible caso de trata laboral
Uno de los aspectos más graves del caso es la acusación de trata laboral.
De acuerdo con Solórzano, la demanda incluye reclamos bajo la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata (TVPA). Se trata de una normativa federal que sanciona diversas formas de explotación.
En este caso, explicó, la confiscación de pasaportes desempeñó un papel clave. “Les dijeron que era para evitar que dejaran el empleo”, indicó.
La abogada subrayó que, aunque muchas personas asocian la trata con el encierro físico o con la violencia visible, en el contexto del programa H-2A existen otros mecanismos de control. Los trabajadores suelen llegar endeudados por los costos de reclutamiento, dependen del ingreso de sus familias y su empleador controla aspectos fundamentales de su vida, como la vivienda, el transporte y su estatus migratorio.
“Ya existen muchos factores estructurales que dificultan que los trabajadores abandonen una situación abusiva”, señaló Solórzano. Y agregó que, en este caso, se dio un paso adicional al retener los pasaportes con el objetivo explícito de impedir que los trabajadores se fueran.
Brooke coincidió en que estas formas de coerción son reales y han ocurrido en Carolina del Norte.
Qué puede pasar ahora con el caso
El proceso judicial podría extenderse durante meses o incluso años. Según Solórzano, en este tipo de litigios federales es común que los demandados intenten que el caso sea desestimado antes de que avance a etapas como el intercambio de pruebas.
Si la demanda supera esas instancias iniciales, ambas partes podrán presentar evidencia, tomar declaraciones y avanzar hacia una posible resolución.
Situación actual de las empresas
En cuanto a las empresas demandadas, Brooke explicó que el contratista Alvino Avilez ha sido excluido de recibir servicios a través de la agencia estatal de empleo. Eso debería impedirle contratar trabajadores H-2A durante esta temporada.
Sin embargo, señaló que Avilez creó una nueva empresa, Avilez and Sons Harvesting LLC, y que no está claro qué operaciones está realizando actualmente.
Por su parte, Jackson Farming Company continúa operando y mantiene su propio grupo de trabajadores H-2A.
Problemas estructurales del programa H-2A
Las abogadas destacaron que este caso refleja problemas más amplios dentro del programa H-2A.
Uno de los principales es que las visas están vinculadas a un único empleador. Esto limita la capacidad de los trabajadores para abandonar situaciones abusivas sin perder su estatus migratorio.
También señalaron la falta de supervisión efectiva. Aunque el Departamento de Trabajo de Estados Unidos es responsable de hacer cumplir las regulaciones del programa, en los últimos años ha sufrido recortes presupuestarios y de personal.
Además, el uso de contratistas laborales puede dificultar la rendición de cuentas, ya que las granjas pueden intentar desvincularse de los abusos argumentando que los trabajadores no son empleados directos.
Brooke advirtió, además, sobre cambios recientes en el programa que podrían empeorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Por ejemplo, reducciones de la tasa salarial y posibles retrocesos en las protecciones laborales.
Señales de alerta para trabajadores
Las abogadas señalaron varias señales de alerta para trabajadores que consideren venir a Estados Unidos bajo el programa H-2A.
Entre ellas, destacaron el cobro de cuotas de reclutamiento, lo cual es absolutamente ilegal. También la falta de claridad sobre el reembolso de gastos como la visa y el transporte, que deben ser cubiertos por el empleador en la primera semana de trabajo.
También advirtieron sobre cambios en las condiciones laborales respecto a lo prometido originalmente, una práctica conocida como “engaño y cambio”.
La confiscación de pasaportes es otra señal clara de abuso.
Qué hacer en caso de abuso
Para trabajadores que actualmente enfrentan situaciones similares, las organizaciones recomiendan buscar ayuda legal.
Pueden comunicarse con organizaciones como CDM, el North Carolina Justice Center u otras entidades de servicios legales en el estado donde trabajaron. También pueden presentar denuncias ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, aunque reconocen que esa vía enfrenta limitaciones por la falta de recursos.
Además, existen organizaciones en México que pueden orientar a los trabajadores antes o después de su viaje.
Solórzano enfatizó la importancia de informarse a través de fuentes confiables sobre los derechos laborales, ya que el desconocimiento es uno de los factores que contribuyen al desequilibrio de poder entre trabajadores y empleadores.
Las abogadas también expresaron preocupación por propuestas para expandir los programas de visas temporales sin fortalecer los mecanismos de supervisión.
Según advirtieron, los abusos denunciados en este caso no son aislados. Forman parte de un problema más amplio que podría agravarse si no se implementan controles más rigurosos.
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