Más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos aguardan la esperanza de que la administración del presidente Joe Biden les otorgue, al menos, un permiso de trabajo.
El pasado 15 de noviembre en Washington D.C. miles de inmigrantes marcharon por las calles pidiendo que Biden autorice un programa ampliado de “parole” o perdón a la deportación. Lo que permitiría otorgar permisos de trabajo a los inmigrantes indocumentados que han residido por varios años en Estados Unidos.
Esta petición de acción surge en medio de un reciente aumento en la migración hacia la frontera Sur de Estados Unidos, donde miles de personas han obtenido la aprobación de documentos migratorios. A pesar de estos avances, los inmigrantes indocumentados que ya residen en el país no tienen la capacidad de solicitar un cambio en su estatus migratorio ni pueden considerarse para permisos de trabajo.
En respuesta a esta situación, numerosas familias sin documentos y con estatus migratorios mixtos han elevado sus voces al presidente Joe Biden, solicitando la implementación de un parole que les permita tramitar un permiso de trabajo. Lo que según especialistas en el tema migratorio es posible ya que Biden tiene la autoridad administrativa para otorgar la autorización de trabajo a inmigrantes.
Décadas residiendo en Estados Unidos
Alfredo Espíndola Hernández, de 41 años, lleva dos décadas trabajando en Carolina del Norte desde que emigró de México.
El miembro de la organización Hendfact del Colectivo NC, dijo que la necesidad de permisos de trabajo es una preocupación compartida por toda la comunidad inmigrante en Estados Unidos.
“No venimos buscando algo solo para nosotros mismos. Queremos que esta lucha sea un beneficio para todos”, añadió.
Espíndola Hernández mencionó no estar satisfecho con las políticas migratorias del presidente Biden.
“Está bien lo que está haciendo para la gente de otros países y es algo beneficioso para ellos”, dijo. “Pero lo que yo veo es que él ha hecho a un lado a la comunidad que ya tiene años viviendo aquí, a los que tenemos años trabajando aquí no nos han tomado en cuenta”.

Aporte a la economía local, sin beneficios migratorios
Espindola Hernandez mencionó que, aunque no cuenta con documentos migratorios, cumple con el pago de impuestos durante más de dos décadas desde que emigró a los Estados Unidos.
Según un análisis del Institute on Taxation and Economic Policy, al menos la mitad de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos presentan declaraciones de impuestos. Incluso aquellos que no presentan declaraciones de impuestos pueden tener impuestos deducidos automáticamente de sus cheques de pago.
La obtención de un parole brindaría a los trabajadores indocumentados una seguridad contra la deportación y protecciones contra los empleadores, dijo Espíndola Hernández.
La organización American Business Immigration Coalition (ABIC), sostiene que la autorización también proporcionará a los estados y a las unidades gubernamentales locales un mecanismo para atraer a nuevos trabajadores en respuesta a la pérdida de población y a la escasez de mano de obra.
Beneficiarios de DACA abogan por sus padres
Yanet Rivera, estudiante beneficiaria de DACA, narró que sus padres, quienes llevan en los Estados Unidos por más de 20 años, carecen de documentos migratorios. En caso de que sus padres sean deportados, ella deberá cuidar de su hermano menor de edad.
“Presionar por permiso de trabajo para nuestros padres es asegurarnos que tendremos un mejor futuro”, dijo Rivera. “Va a cambiar la manera en la que nosotros vivimos”.
Rivera, quien asistió al evento con la organización El Pueblo, también resaltó la importancia de permisos de trabajos para otros jóvenes que carecen del permiso DACA.
El sueño de ejercer como abogado de inmigración
Oscar Damas atendió a la marcha en busca de una protección laboral para ejercer como abogado de inmigración cuando se gradúe de su bachillerato en justicia criminal.
“Hay que asegurar que jóvenes ciudadanos comprometidos y activos como yo, tengan acceso a permisos de trabajo y a un estatus regularizado en este país no solo me beneficiará a mí, sino a toda mi comunidad”, dijo Damas.
Una década después de DACA, decenas de miles de adolescentes indocumentados se gradúan de la escuela superior sin una protección contra la deportación ni permisos de trabajo.
El permiso de DACA protege a aquellos que fueron traídos a los Estados Unidos siendo menores de edad, con la condición de haber residido en los Estados Unidos desde junio 15, 2007. Bajo este parámetro, miles de jóvenes de generaciones posteriores no obtuvieron la protección. Otros que eran elegibles no pudieron aplicar después de que el Sr. Trump rescindió el programa en septiembre de 2017.
La incapacidad para contratar a decenas de miles de graduados de secundaria se produce en medio de una “escasez masiva” de mano de obra que ha surgido en parte debido al envejecimiento de la población del país y a la baja tasa de natalidad, según Neil Bradley, director de políticas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
Ciudadanos americanos respaldan a sus parejas
Teresa Kelly Rugerio, participante de American Families United, acudió a las visitas legislativas el 14 de noviembre buscando que legisladores firmaran la petición de la representante Veronica Escobar.
La carta insta a Biden y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a conceder el parole a familias mixtas, incluyendo cónyuges de ciudadanos estadounidenses.
“Mi esposo lleva más de 20 años acá sin papeles y hay el peligro de que puedan separar nuestra familia si él es deportado y eso es lo que siempre tengo en mi mente,” dijo Kelly Rugerio, quien es ciudadana estadounidense.
Kelly Rugerio, residente de Pensilvania, visitó aproximadamente 9 oficinas legislativas junto con un grupo de participantes de Carolina del Norte.
“Vine aquí con mis hijos para demostrar que, aunque ellos no puedan votar y a pesar de que muchas personas que no son ciudadanos tampoco puedan hacerlo, su voz sí importa”, dijo Kelly Rugerio.
Esperanza por un cambio
Los manifestantes expresaron un sentimiento general de descontento con las políticas migratorias del presidente Biden, pero tienen esperanza de un cambio antes del fin de su mandato.
“Estamos positivos y creemos que él puede tomarnos en cuenta antes de que empiece el próximo mandato porque no sabemos si se queda él o llega otro presidente”, dijo Espíndola Hernández tras mencionar su desilusión por las medidas migratorias hasta el momento.
Rivera también lamentó la falta de acción del presidente Biden. La estudiante de UNC subrayó que, aunque los inmigrantes indocumentados no tienen derecho al voto, la comunidad latina, con capacidad para participar en las elecciones está atenta a sus medidas.
“No creo que el presidente Biden haya entendido el poder del voto latino, especialmente en esta próxima elección con muchos de nosotros estando en la edad de poder votar”, dijo Rivera.
Qué futuro puede tener el parole ampliado que otorga los permisos de trabajo para indocumentados
Pero el futuro de un parole ampliado, que incluya a los inmigrantes indocumentados que han vivido y aportado a la economía y sociedad norteamericana por décadas, navega en un mar oscuro e incierto, donde el Parole está bajo el ojo del huracán.
A comienzos de noviembre, el senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, presentó la propuesta “Southern Border Transparency Act“. Esta legislación busca hacer pública información detallada sobre los “paroles” otorgados y la situación de estos migrantes cuando culmina su protección.
Según Tillis, está situación implica “el abuso y mal uso de las leyes de inmigración” para canalizar a los migrantes a través de programas de “parole”. Mencionó a los programas de parole vigentes dados a ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, así como un programa ampliado para menores centroamericanos que ahora incluye adultos.
Recientemente medios nacionales también informaron que un grupo bipartidista de senadores, entre ellos Tillis, está trabajando en un proyecto de ley que reduciría las protecciones bajo ‘parole’ y endurecer los procesos para la petición de asilo.
Dentro de este grupo se encuentra el senador Michael Bennet, demócrata de Colorado; Christopher Murphy, demócrata de Connecticut; James Lankford, republicano de Oklahoma y la senadora Kyrsten Sinema de Arizona, ahora independiente.
Este grupo de senadores buscan vincular esta propuesta y otros cambios a la política fronteriza en el proyecto de ley para financiar las guerras en Israel y Ucrania, el cual actualmente se debate en el Congreso.
Empresarios siguen presionando a Biden y al Congreso
Cabe anotar que la administración Biden también ha tratado, sin resultados, que el Congreso asigne más fondos para contratar oficiales de inmigración, jueces adicionales y reforzar la frontera, pero los republicanos han rechazado aprobar esos fondos sin un cambio de política.
El 30 de noviembre, más de 300 empresarios liderados por la organización ABIC, que organizó la marcha en Washington D.C. a inicios del mes, envió una nueva carta al presidente Biden y al Congreso, solicitando permisos de trabajo para inmigrantes indocumentados que llevan varios años en Estados Unidos, a través de la ampliación del parole.



