Entre 2017 y 2022, el condado de Henderson, en el oeste de Carolina del Norte, perdió unos 8,000 acres de tierras agrícolas, cerca del 20% del total, según los últimos datos del Censo de Agricultura del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).
La cifra implica una pérdida de 4.5 acres por día, tan solo en ese periodo. Y se espera que cuando se conozcan los nuevos datos la pérdida siga en alza. Se trata del avance de la urbanización: en muchos de esos terrenos, donde se cosechaban manzanas y hortalizas, hoy hay casas, comercios y carreteras.
La situación en el condado de Henderson no es única. Carolina del Norte es el segundo estado del país con mayor pérdida proyectada de terrenos agrícolas y podría perder 1.1 millones de acres de aquí a 2040, según un informe de la organización American Farmland Trust.
En Henderson, la presión creció durante la pandemia, con la llegada de personas que trabajan a distancia, y después del huracán Helene, cuando muchas familias decidieron vender sus tierras, según explicó Angela Price, coordinadora de preservación de tierras agrícolas del Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del condado.
“Se está deteriorando rápidamente, no solo porque llega más gente, sino porque todo es cada vez más caro”, dijo Price a este medio. “Especialmente después de la tormenta, la gente quiere aceptar la pérdida y seguir adelante”.
El 3 de noviembre, los votantes del condado deciden si aprueban un bono de hasta 25 millones de dólares para pagar a propietarios que acepten, de forma voluntaria y para siempre, que sus tierras no se urbanicen.
“Una vez que se pone el asfalto, una vez que se pone el concreto, una vez que el edificio está ahí, esa tierra sale de producción y lo más probable es que no la recuperes”, afirmó a Enlace Latino NC Jason Davis, dueño de North River Farms, en Mills River, y uno de los agricultores que apoyan el bono.
Una decisión económica
“He ido a zonas donde pasas por un camino y hay una subdivisión entera de casas, y en el medio queda una sola finca, donde antes todo eso era tierra de cultivo”, contó Price. El dueño de esa finca, agregó, fue el único que se negó a vender.
Entre 2017 y 2022, el condado sumó 14% más fincas, pero su tamaño promedio cayó 30%, según el censo. Price lo atribuye a dos movimientos. Por necesidad o por la presión de los desarrolladores, familias que trabajan grandes extensiones de tierra desde hace generaciones empezaron a vender parte de sus terrenos, es decir, a subdividir la tierra. Y nuevos compradores adquieren lotes chicos para cultivar.
Para describir a esas familias, Price usa una expresión común en los Apalaches: ricas en tierra, pobres en dinero. Muchas heredaron terrenos que un abuelo o un bisabuelo compró hace décadas. “Si trataran de comprar hoy la tierra donde viven, nunca podrían pagarla”, dijo. “Es desgarrador”.
Davis lo ve desde el lado del agricultor. “Para un agricultor, su patrimonio está en su tierra. Es su 401(k), su retiro”, dijo. “Puede ser el fondo para la universidad de sus nietos”. Cuando nadie de la familia quiere seguir con la finca, vender a quien va a construir es lo que más paga.
Qué se vota el 3 de noviembre y cuánto costaría a los contribuyentes
Frente a esa pérdida, el condado apuesta por un bono que los votantes aprobarán o rechazarán el 3 de noviembre. Quienes lo apoyan sostienen que proteger las tierras agrícolas también protege la identidad cultural del condado y su economía. La agricultura representa más del 20% de esa economía, según Price.
En la práctica, votar por el bono es votar por un préstamo. Si gana el sí, el condado podrá pedir prestado hasta 25 millones de dólares y devolverlos en unos 20 años, a través de lo recaudado con el impuesto a la propiedad.
Según la declaración de divulgación del condado, los intereses sumarían unos 14 millones de dólares. El impuesto subiría hasta 1.01 centavos por cada 100 dólares de valor tasado: significa unos 40.40 dólares al año para una vivienda de 400,000 dólares, por ejemplo.
El dinero iría al programa de preservación que ya existe en el condado.
“Daría los recursos financieros necesarios para tener un impacto mucho mayor en la preservación de tierras agrícolas del condado”, dijo a Enlace Latino NC Jeff Chandler, director ejecutivo de Agribusiness Henderson County, una organización que promueve la agricultura local, y copresidente de la campaña a favor del bono.
La papeleta no habla solo de fincas. También incluye la preservación de bosques y espacios abiertos.
Si gana el no, el condado no podrá usar esta deuda, aunque podría buscar otros fondos. La oposición más visible viene del Asheville Tea Party, un grupo político conservador que pide votar no. En su sitio web, sostiene que el bono es “resultado del mal manejo de nuestros comisionados de la construcción y el desarrollo sin control en el condado de Henderson”.
La votación anticipada en el condado termina el sábado 31 de octubre a las 3:00 p. m. El 3 de noviembre, los centros de votación asignados abren de 6:30 a. m. a 7:30 p. m. En esta guía de Enlace Latino NC puede ver los sitios y horarios.
Cómo funciona el programa de preservación del condado
El programa de preservación de tierras agrícolas, definido en el capítulo 45 del código de ordenanzas del condado, se basa en la servidumbre de conservación agrícola.
Quien compra un terreno compra también el derecho a urbanizarlo, explicó Price. En cambio, la servidumbre es un acuerdo legal en el que el dueño renuncia a ese derecho para siempre a cambio de un monto de dinero pagado por el condado. La perpetuidad de la tierra con fines agrícolas queda registrada en la escritura de la propiedad. “
Es un intercambio de compensación por esos derechos de desarrollo”, dijo.
¿Cómo se estable el monto? El pago es la diferencia entre lo que vale la tierra en el mercado y lo que vale solo para la agricultura. El dueño conserva la tierra y decide qué sembrar. Aunque venda la tierra en el futuro, la restricción sigue vigente.
El programa tiene hoy poco más de un millón de dólares. Empezó a recibir solicitudes en mayo y en julio aprobó sus dos primeras servidumbres. Davis ya está poniendo bajo servidumbre la finca de sus abuelos en el condado de Buncombe y planea hacerlo con parte de su tierra en Mills River.
Qué significa la pérdida de tierras agrícolas para los trabajadores
El dinero del programa va solo a los propietarios. Pero en Henderson, quienes siembran y cosechan son en gran parte trabajadores agrícolas migrantes, algunos con residencia permanente y otros con visas temporales H-2A.
“La comunidad latina es una parte integral y crítica del motor de producción agrícola del condado de Henderson”, afirmó Chandler. El 36% de las fincas contrata trabajadores, según el censo.
“Sin nuestros trabajadores agrícolas no podríamos cultivar”, dijo Davis, quien advirtió que conseguirlos, incluso con visas H-2A, es cada vez más difícil. Para Chandler, el bono protege esos empleos. “Lo máximo en preservación de tierras agrícolas, creo, es la rentabilidad de las fincas”, dijo.
“La preservación de tierras agrícolas no significa nada si no se cruza con toda la comunidad y deja atrás al trabajador invisible”, afirmó Price. Con el fertilizante y el diésel cada vez más caros, agregó, “podríamos pagarles más a los trabajadores si no fuera tan caro pagar todo lo demás”.
Delia Jovel es fundadora de la cooperativa agrícola Tierra Fértil, integrada por inmigrantes latinoamericanos. Para ella, preservar tierra “es dejar una cuota que sea la seguridad para la producción de alimentos, la seguridad también para el trabajo de personas que se dedican a la agricultura”, dijo a Enlace Latino NC.
Pocos propietarios latinos y el acceso a la tierra
El censo de 2022 registró en el condado 19 fincas con al menos un productor hispano, en 795 acres, sin indicar si la tierra es propia o arrendada. Hasta ahora, ningún propietario latino ha solicitado una servidumbre, según Price.
La cooperativa de Jovel cultivaba en Hendersonville, en un terreno prestado que el huracán Helene inundó. Después de dos años de búsqueda, compró su propia tierra en Leicester, en el condado de Buncombe.
Quien arrienda o no tiene tierra no recibe un pago directo. Chandler sostiene que igual podría abrirle una puerta, porque una finca bajo servidumbre baja de precio. “Supongamos que son 10,000 dólares por acre”, dijo. “Con derechos de desarrollo podrían ser 50,000, 75,000 o 100,000 dólares por acre”. La decisión de vender o arrendar seguiría siendo del dueño.
Lo que el bono no resuelve
Davis reconoce que no sirve para todos. “Este bono es una herramienta en la caja de herramientas”, dijo. “Va a funcionar para algunos propietarios y para otros quizás no”.
Price, que como empleada del condado no puede opinar sobre el bono, cree que el crecimiento no se puede detener, pero sí ordenar. Para ella, el objetivo es que la agricultura sea rentable y que las familias no sientan que vender es su única salida. Las servidumbres, dijo, “son solo una pieza del rompecabezas”.
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