Carolina del Norte, Raleigh- El gobernador Roy Cooper vetó ocho proyectos de ley que fueron aprobados la semana pasada por la Asamblea General.
Las propuestas de ley que vetó el gobernador habrían, entre otros asuntos, reabierto las pistas de boliches y patinaje, los parques de atracciones, los lugares de evento, así como los gimnasios.
También, dentro del paquete de proyectos que vetó el gobernador, se encuentra la iniciativa que permitía llevar a cabo, sin restricciones, la celebración del 4 de Julio. También una medida que requería el acuerdo del resto del Consejo de Estado, que son funcionarios electos a nivel estatal, para algunas órdenes ejecutivas.
Reapertura de pistas de boliches y de patinaje
La propuesta de ley SB 599 “Apertura de pistas de boliche y patinaje”, patrocinado por los senadores republicanos, Chuck Edwards (D-48), Andy Wells(D-42), y Rick Horner (D11), entre sus disposiciones buscaba la reapertura de estos lugares. Además, autorizaría que los parques de béisbol de ligas menores reabrieran al 10% de su capacidad para servir alimentos y bebidas.
“En este momento crítico, abrir pistas de boliche, pistas de patinaje y otras instalaciones de entretenimiento en interiores es contrario a las tendencias preocupantes con respecto a las muertes por Covid-19 en Carolina del Norte; así como a los datos científicos y médicos, lo que establece que Covid-19 es significativamente más probable para ser transmitido en estos ajustes”. Fue lo que expresó el gobernador Roy Cooper.
Cooper, indicó en su declaración que estos lugares exhiben muchos de los factores de riesgo bajo los mejores datos científicos y médicos disponibles.
“Las personas se reúnen muy cerca, están adentro con aire recirculante. Permanecen en el espacio por un período prolongado de tiempo y realizan ejercicio físico. Abrir estas instalaciones de mayor riesgo propagaría el Covid-19”.
Limitar el poder del gobernador
La propuesta de ley SB 105 “Aclarar los poderes de emergencia”, busca que el gobernador contacte a cada miembro del Consejo de Estado, y haga que la mayoría de ellos concuerden con cualquier orden ejecutiva que emita bajo la Ley de Manejo de Emergencias, si está en vigencia por al menos 30 días.
“La Ley de Manejo de Emergencias claramente proporciona al Gobernador autoridad legal para dirigir la respuesta del estado a una emergencia de salud pública que podría afectar a toda la población del estado”.
El gobernador mencionó en su argumento de veto que una pandemia devastadora, como Covid-19, amenaza al pueblo del estado y garantiza que el director ejecutivo del estado tenga la autoridad para gestionar la respuesta del estado al imponer prohibiciones y restricciones a las actividades que amenazan la salud y la seguridad públicas.
“Poner obligaciones burocráticas y administrativas adicionales en la declaración de estado de emergencia es un cambio sustancial en la ley; frustra la capacidad de los funcionarios del poder ejecutivo para responder de manera rápida y eficiente a tal emergencia”.
Reapertura de negocios y celebración del 4 de Julio
"Atar las manos de los funcionarios de salud pública en tiempos de pandemia es peligroso; especialmente cuando aumentan los recuentos de casos y las hospitalizaciones”. Fue lo que señaló el gobernador Roy Cooper al vetar los proyectos de ley HB 806, HB 258 y HB 686,
El nuevo proyecto, segundo intento, para reabrir los gimnasios, HB 806, permite que los gimnasios operen con solo el 40% de su capacidad, en comparación con la primera propuesta, lo que les autorizaba operar con una capacidad del 50%.
La propuesta de ley HB 258 permitiría que los parques de diversiones, salas de juego, salas de recepción y fiestas, ferias y carnavales reanudaran sus operaciones.
El proyecto de ley HB 686 evitaría que las ciudades usen restricciones argumentando la pandemia en las reuniones masivas para bloquear los desfiles del 4 de Julio y los fuegos artificiales patrocinados por grupos privados.
“Los funcionarios deben poder actuar rápidamente durante la emergencia de COVID-19 para evitar un aumento repentino de pacientes en hospitales y poner en peligro la vida de todos los residentes del estado”. Fue lo que dijo Cooper.
Revisar políticas, directrices y otras normativas
El gobernador también vetó el proyecto de ley HB 612 , al sostener en su argumento que es inconstitucional.
“Limita la capacidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos para implementar, adaptar y supervisar programas de asistencia pública y bienestar infantil que están regulados y dirigidos por la ley federal”.
Cooper, citó que esta propuesta de ley pone en peligro la salud, la seguridad y el bienestar de las poblaciones más vulnerables.
“Además, esta es una extralimitación de la autoridad legislativa para anular efectivamente la política y la reglamentación del poder ejecutivo, lo cual es inconstitucional".
Portar armas de fuego en una propiedad educativa
El proyecto de ley HB 652 permitiría a una persona que posee un permiso de pistola oculta, llevarla en una propiedad educativa que sirve como lugar de culto religioso.
"Este proyecto de ley permite armas de fuego en la propiedad de la escuela. Amenaza la seguridad de los estudiantes y maestros". Fue lo que mencionó Cooper al vetar esta propuesta.
Enmienda de leyes de abuso, negligencia y dependencia
El proyecto de ley HB 918 modifica varias leyes de abuso, negligencia y dependencia, para, entre otras disposiciones, garantizar la seguridad de los niños en ubicaciones fuera del hogar y acelerar las audiencias de planificación de permanencia para los niños que han sido retirados de su residencia.
"El proyecto de ley 918 desalienta a las mujeres embarazadas con trastornos por uso de sustancias a buscar tratamiento y atención prenatal; arriesgando su salud y la salud de los recién nacido”. Fue lo que dijo Cooper.
El gobernador señaló que, aunque penaliza a las mujeres embarazadas con trastornos por uso de sustancias, no hace nada para ampliar el acceso al tratamiento.
“Esto desproporcionadamente impactaría a las mujeres de color y a las mujeres de bajos ingresos; que ya tienen menos probabilidades de tener acceso al tratamiento de uso de sustancias y la atención médica de calidad que necesitan ".