Carolina del Norte, Raleigh – El gobernador Roy Cooper firmó hoy tres proyectos de ley de reforma de la justicia penal que se alinean con las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Gobernador para la Equidad Racial en la Justicia Penal (TREC).
Los siguientes son las propuestas que ratificó Cooper con su firma:
- HB436 «Apoyo a la Salud Mental de las Fuerzas de Seguridad»
- HB 536 «Deber de Intervenir de las Fuerzas de Seguridad»
- SB 300 «Reforma de la Justicia Penal».
“Hemos visto que el sistema de justicia penal no siempre trata a todos por igual, y con demasiada frecuencia las personas de color sienten las diferencias de manera desproporcionada”, dijo el gobernador Cooper.
«Esta legislación nos llevará un paso más hacia una Carolina del Norte más equitativa y justa para todos», agregó.
Justicia penal y profesionalismo policial
La Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte (NCSA, por sus siglas en inglés) dijo que las reformas aprobadas incluyen muchas de las recomendaciones que ellos emitieron desde el año pasado.
La nueva ley, señalaron mediante un comunicado de prensa, “ayuda a garantizar que las agencias de aplicación de la ley de Carolina del Norte puedan contratar y retener a los mejores y más calificados agentes del orden».
Esto permitirá a los alguaciles mejorar servir a sus ciudadanos y comunidades en los 100 condados”, agregaron.
El alguacil Ed McMahon, presidente de la NCSA, celebró la aprobación de las reformas al sistema de justicia penal y destacó el trabajo bipartidista.
«Aprecio la oportunidad de que los alguaciles de Carolina del Norte sean involucrados en conversaciones y esfuerzos legislativos para mejorar la profesión de aplicación de la ley y ver las recomendaciones de la Asociación escuchadas e incorporado en una pieza legislativa tan transformadora», declaró McMahon.
¿Qué plantean los cambios aprobados en los Estatutos Generales?
De acuerdo con el senador republicano Danny Britt (Columbus), principal proponente del SB 300, las reformas aprobadas benefician y ofrecen mayores garantías “tanto a las fuerzas del orden como al público”.
La nueva ley incluye varias propuestas presentadas a la corriente legislativa durante el primer cuatrimestre del año. Luego de un proceso de negociación bipartidista liderado por Britt, se alcanzó el texto de consenso finalmente aprobado.
Estas son las principales disposiciones del SB 300:
- Crear una base de datos pública de suspensiones y revocaciones de certificaciones de agentes del orden.
- Exigir que todas las huellas dactilares de los agentes del orden se ingresen en las bases de datos estatales y federales.
- Autorizar a las agencias de aplicación de la ley a participar en los sistemas de verificación de antecedentes penales del FBI.
- Crear una base de datos para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
- Esta contará con «información de incidentes críticos» que incluya muertes o lesiones corporales graves.
- Exigir que se informe por escrito del material de Giglio (problemas de credibilidad que harían que un oficial pudiera ser acusado por la defensa en un juicio penal).
- Permitir que los proveedores de atención médica transporten al demandado en un internamiento involuntario.
- Brindar instrucción en persona por parte de profesionales de la salud mental.
- Desarrollar políticas para alentar a los oficiales a utilizar los recursos de salud mental disponibles.
- Exigir la creación de una guía de contratación de mejores prácticas para fomentar la diversidad.
- Ampliar la capacitación obligatoria en el servicio para los agentes para incluir temas de salud mental.
- Además, de vigilancia comunitaria, sensibilidad de las minorías, uso de la fuerza y el deber de intervenir y denunciar.
- Aumentar las penas para quienes se resistan u obstruyan un arresto y, al hacerlo, lesionen a un oficial de la ley.
El paquete integral de reformas puede consultarse aquí.
Capacitación y transparencia
La nueva ley ordena la capacitación obligatoria de los cuerpos policiales y exige a los efectivos en servicio intervenir e informar sobre cualquier “uso excesivo de la fuerza” por parte de otro agente.
Los programas de capacitación previsto incluyen nuevas estrategias de salud y bienestar mental.
Así como exámenes psicológicos y un sistema de “alerta temprana” para rastrear y documentar el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales.
También despenaliza o elimina la sanción penal de ciertas violaciones de ordenanzas locales, como la omisión de registrar anualmente una casa móvil.
Acceso a imágenes de las cámaras corporales
Además, establece un cronograma para que las familias de las personas involucradas en “incidentes policiales graves” puedan acceder a las imágenes sin edición de las cámaras corporales de los policías.
La ley reafirma el carácter público de los registros audiovisuales que realizan las agencias policiales durante el cumplimiento de sus deberes.
Para la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU, por sus siglas en Inglés) estas son las reformas más importantes:
- La creación de bases de datos de supervisión de la aplicación de la ley.
- Requisitos de capacitación para los cuerpos policiales.
- Limitar la capacidad de los gobiernos locales para crear delitos penales.
- Facilitar la revisión del código penal.
- Garantizar que las personas arrestadas y encarceladas tengan acceso oportuno a una audiencia en la corte.
Sin embargo, ACLU considera que la nueva ley y su trámite en la Asamblea General “representan una oportunidad perdida para abordar de manera transformadora el racismo sistémico en el sistema legal penal de Carolina del Norte”.
Principales disposiciones de la HB 436
El proyecto de ley HB436 requerirá:
- Un examen de detección psicológica para los agentes del orden antes del empleo
- Educará a los agentes sobre cómo mantener una buena salud mental
- Y hará que los agentes de todo el estado estén al tanto de los recursos de salud mental
¿Qué establece la HB 536?
La iniciativa HB 536 establece:
- Que los agentes del orden intervengan y denuncien el uso excesivo de la fuerza por parte de un compañero agente del orden
- Requiere que el Índice Nacional de Descertificación sea registrado como parte de la certificación del agente