Este viernes 31 de julio vence el financiamiento que permite la representación legal de unos 800 niños que viven en Carolina del Norte y llegaron solos a Estados Unidos, por lo que podrían enfrentar sus procesos en la corte de inmigración sin un abogado que los represente.
El contrato federal que financia los servicios legales para menores no acompañados a través del Acacia Center for Justice y su red de más de 100 proveedores de servicios legales expira porque la administración del presidente Trump no tiene un plan para renovarlo.
Según Acacia, sin representación legal, los niños tienen derecho a quedarse en el país en menos del 1% de las ocasiones.
“Los estudios muestran que los jueces de inmigración tienen casi 100 veces menos probabilidades de conceder ayuda a un menor sin abogado”, señala la organización.
CCLA con más de 450 casos pendientes
Uno de esos proveedores de servicios legales para niños no acompañados es la organización local Centro de Defensa Legal de Charlotte (CCLA), que actualmente tiene más de 450 casos de este tipo pendientes.
En abril de 2025, Enlace Latino NC reportó que CCLA perdería $900,000 en fondos para poder representar legalmente a más de 300 niños que entonces representaba.
En febrero de ese año, el presidente Trump ordenó detener los fondos destinados a los proveedores legales, en su esfuerzo por reducir el gasto del gobierno. Aunque Trump rescindió esa orden días después, el contrato que otorga esos fondos a las organizaciones estuvo sujeto a revisión y expiró el 31 de marzo.
“Tuvimos que reducir nuestro equipo y los servicios a la población, pero pudimos mantener los casos bajo los fondos de Acacia. Ahora mismo estamos muy limitados en los fondos para mantener el equipo y mantener unos 450 casos”, contó a Enlace Latino NC, Cristina Cerón, codirectora y abogada del Programa de Justicia al Inmigrante de CCLA.
Una historia de éxito en medio de la dificultad
Entre los casos de niños no acompañados que CCLA tiene, Cerón citó el de una niña salvadoreña que llegó a Estados Unidos a los ocho años, tras quedar huérfana de sus dos padres y sufrir maltrato por parte de otros familiares que la acogieron.
“Tomamos su caso en 2019, cuando ella tenía 10 años, y logramos que una tía suya obtuviera una orden como patrocinadora, ya que sus padres habían fallecido. Solicitamos en principio el asilo, pero después optamos por solicitar la visa juvenil”, explicó Cerón.
La visa juvenil o Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS) es una clasificación humanitaria para niños y jóvenes menores de 21 años que viven en el país y que no pueden reunirse con sus padres debido a abuso, negligencia o abandono.
Cerón dijo que en 2024 solicitaron la residencia permanente para la niña, quien hoy tiene 16 años, y que fue aprobada en junio de este año.
Sin embargo, el proceso estuvo a punto de complicarse porque el caso de asilo en la corte continuó, pese a haber presentado una solicitud para cerrarlo.
“Justo estábamos esperando una respuesta sobre la residencia cuando nos llegó una notificación de que la niña tenía una cita en la corte para el asilo, ya que había pasado por la corte de inmigración en 2022”, indicó la abogada.
“Nosotros habíamos retirado la solicitud de asilo y se continuó con la de residencia, pero creo que, debido a una mala comunicación en el sistema del USCIS, ocurrió esto”, añadió.
Afortunadamente, el caso de esta niña tuvo un final exitoso, pero aún quedan muchos casos sin resolver y el futuro para estos niños ahora es más incierto.
Fondos congelados por defender la privacidad de los niños
Los fondos federales otorgados a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) para Acacia, están actualmente congelados debido a una disputa entre la organización y la administración Trump.
La administración implementó una política que exige a los proveedores de servicios legales datos personales y confidenciales sobre los casos de sus clientes menores de edad como condición para acceder a los fondos.
Sin embargo, Acacia y su red de subcontratistas de asistencia jurídica se han negado a cumplir esta orden, argumentando que compartir detalles legales y confidenciales sensibles viola las normas éticas y la confidencialidad entre abogado y cliente.
El gobierno federal ha retenido $65 millones en reembolsos aprobados por el Congreso a Acacia y sus socios.
Alrededor de 26,000 niños a nivel nacional con un futuro incierto
Acacia estima que entre 20,000 y 26,000 niños inmigrantes no acompañados menores de 18 años corren el riesgo inminente de perder su representación legal en los procedimientos de inmigración tanto en las cortes como con el USCIS.
“Son niños que huyeron de la violencia, la trata y el abuso para buscar seguridad en Estados Unidos. Sin un abogado, se verán obligados a navegar por uno de los sistemas legales más complejos del país por su cuenta, enfrentándose a abogados gubernamentales formados en procedimientos que determinarán su futuro”, advirtió Acacia.
Sin fondos, se ha obligado a los proveedores de servicios legales de la red de Acacia a dejar de aceptar nuevos clientes y a empujar a algunas organizaciones al cierre.
Esos contratos financian la red nacional de más de 100 proveedores de servicios legales del Acacia Center for Justice; ahora la red corre el riesgo de perder la capacidad de garantizar que los niños tengan la oportunidad de contar sus historias, presentar sus casos y construir futuros estables.
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Califican de “perturbador” el proceso sin representación legal para los niños
La situación que enfrentan estos niños inmigrantes también fue tema de conversación durante el panel con expertos en el tema migratorio, al que asistió de manera virtual Enlace Latino NC, realizado por las organizaciones America’s Voice y Center for American Progress el 29 de julio: “La crueldad y la imprudencia deben terminar: necesitamos mejores políticas de inmigración para una América más fuerte”.
Bruce Lesley, presidente de la organización First Focus on Children, calificó de “perturbador”, el proceso de tener que ver a un niño presentarse solo ante un juez de inmigración para hablar de su solicitud de asilo.
Ellos no pueden, a menos que tengan algún tipo de representación legal que les ayude. Es un evento añadido muy perturbador, es casi un daño intencionado en cierto modo y realmente no tiene sentido. No hay nada en ese proceso que evoque justicia; es un sistema muy punitivo para ellos”, señaló.
Desde 2008 existe la ley para apoyar a estos niños
Los contratos financiados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), han apoyado desde 2008 los servicios legales para niños inmigrantes no acompañados, tras la aprobación de la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA).
Bajo la sección 235 de esta ley, el Congreso ordenó formalmente al HHS garantizar, “en la mayor medida posible”, que estos menores vulnerables tengan acceso a asesoría legal gratuita o “pro bono” durante los procesos de deportación.
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