Más de 300 niños inmigrantes no acompañados se verán forzados a navegar el sistema de inmigración sin un abogado, luego que la organización local Centro de Defensa Legal de Charlotte (CCLA) perdiera $900,000 en fondos para poder representarlos ante la Corte de Inmigración y el USCIS.
“La mayoría de los niños que vienen aquí es porque están escapando de violencia doméstica, de ser reclutados por pandillas, escapan de situaciones difíciles dentro del hogar, para encontrarse aquí y no entender el lenguaje, y menos los procesos migratorios”, comentó a Enlace Latino NC, Ruth Santana codirectora del Programa de Justicia del Inmigrante del CCLA.
Ataque directo a los derechos de los niños
Por su parte, Kara Moskowitz, directora ejecutiva interina del Centro de Defensa, enfatizó sobre el impacto devastador de esta decisión.
“Esta decisión no es solo un cambio burocrático, es un ataque directo a los derechos y el bienestar de los niños”, manifestó Moskowitz.
La mayoría de los niños que atiende el Centro de Defensa han sufrido abandono, abuso, negligencia, actividad de pandillas, y tuvieron que huir de condiciones abusivas y terribles en sus países de origen, donde no estaban siendo atendidos adecuadamente.
Por otra parte, la gran mayoría de los niños vienen solos a Estados Unidos o son traídos por familiares, amigos, o coyotes para ayudarlos a escapar de sus situaciones personales en sus países de origen.
Los fondos federales permiten que organizaciones como CCLA puedan proveer la representación legal de menores. Sin embargo, en febrero, el presidente Trump ordenó detener esos fondos, como parte de sus esfuerzos para reducir el gasto del gobierno.
Aunque Trump rescindió esa orden días después, el contrato que proporciona estos fondos a las organizaciones estuvo sujeto a revisión y expiró el 31 de marzo.
De donde venían los fondos
CCLA tenía un contrato con Acacia Center for Legal Justice (ACACIA) que fue cancelado el 21 de marzo y debía ser renovado el 1ro de abril, debido a que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (USDHHS) pusiera fin al trabajo legal de esta organización.
Acacia contaba con un contrato con el gobierno para brindar servicios legales a través de su red de proveedores en todo el país a niños migrantes no acompañados menores de 18 años, tanto proporcionando representación legal directa como realizando orientaciones legales, a menudo denominadas clínicas de “conozca sus derechos”, a niños migrantes que cruzan la frontera solos y se encuentran en refugios del gobierno federal.
El CCLA todavía puede ofrecer clínicas de “conozca sus derechos”, pero ya no puede tomar nuevos casos, mientras que la representación de los niños está en riesgo si no consiguen otros fondos.
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Tendrán que conseguir fondos de otras fuentes
Santana manifestó, que después de la pérdida de los fondos por parte de ACACIA, aún seguirán manteniendo abiertos los casos hasta que los niños reciban su residencia.
“Estamos en búsqueda de diferentes fondos y programas para ver como poder cubrir los gastos incurridos en la defensa de los niños”, indicó Santana.
Santana dijo, que representan a los menores ante el tribunal de inmigración, pero también ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), en casos de asilo que son escuchados en Virginia.
La organización también apoya a la comunidad en otros campos, como la protección contra la violencia doméstica y asistencia al acceso a la salud.
CCLA ya había perdido más de $230,000 en fondos federales en subvenciones separadas. Aunque los fondos federales conforman la mayor parte de su soporte, la organización también recibe donaciones.
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Niños sin representación no logran éxito en sus casos
La mayoría de los clientes que tiene el Programa de Justicia están entre las edades de unos pocos meses hasta los 17 años.
“Si es difícil para un adulto entender el proceso y la terminología legal en una corte criminal o en una corte de inmigración, es prácticamente imposible que un niño comprenda sus opciones legales o navegue con éxito por sí solo por procedimientos legales complejos, sin un abogado especializado en derechos de los niños”, señaló Santana.
Según el Servicio de Investigación del Congreso en 2021, los abogados tienen un impacto dramático en los casos de niños. Los jueces de inmigración tenían casi 100 veces más probabilidades de otorgar alivio legal a los niños no acompañados con abogado que a los que no lo tenían.
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