Carolina del Norte, Raleigh. – La Asamblea General aprobó un proyecto de ley que elimina el requisito que ejercen los alguaciles locales en la compra de armas en Carolina del Norte.
El expediente HB 398, titulado “Derogación del permiso de compra de pistolas”, revocaría el requisito -obligatoriedad- de obtener un permiso de compra de pistola en la oficina del alguacil del condado antes de cualquier compra o transferencia.
La iniciativa fue aprobada por el pleno de la Cámara de Representantes en mayo anterior (69-48) y esta semana por el Senado estatal (27-20).
Ahora, el expediente pasa a manos del gobernador Roy Cooper.
Permiso de armas en Carolina de Norte
En caso de recibir el visto bueno de Cooper, los residentes de Carolina del Norte que cumplan con los demás requisitos que exige la ley para comprar o transar pistolas, no requerirían el permiso de los alguaciles.
El proyecto fue presentado con la firma de nueve representantes republicanos, liderados por Jay Adams (Catawba), George Cleveland (Onslow), Edward Goodwin (Bertie) y Bobby Hanig (Currituck).
Tras la aprobación , Chuck Edwards (Buncombre), senador estatal republicano, dijo mediante un comunicado de prensa que la reforma legal no significa “cambiar los requisitos de verificación de antecedentes”.
«Amenaza a la seguridad»
Josh Stein, Fiscal General de Carolina del Norte, también emitió un comunicado advirtiendo que la derogación de las leyes de permisos de armas representa una amenaza a la seguridad de los residentes del estado.
“El proceso de verificación de antecedentes es una de nuestras herramientas más efectivas para mantener las armas fuera del alcance de abusadores domésticos, delincuentes y otras personas peligrosas”, declaró Stein.
El Fiscal General explicó que el proyecto aprobado reduce la capacidad de los alguaciles de “proteger a las personas en sus comunidades”.
Antes de la votación, Stein solicitó a la legislatura rechazar el expediente.
Eliminación de filtro de verificación
Para la Asociación de Alguaciles local, la iniciativa debilitaría el sistema vigente de Permisos de Compra de Pistolas (PPP, por sus siglas en Inglés), ya que eliminaría el filtro de verificación de antecedentes que realizan los funcionarios.
Actualmente, es un delito menor portar un arma de fuego sin contar con el visto bueno del alguacil del condado o tener un “permiso de portación oculto”.
Los alguaciles tienen la responsabilidad de realizar una investigación de antecedentes penales por medio del Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales (NCIS, por sus siglas en Inglés) y fuentes locales.
Como así también, registros:
- De la oficina del alguacil del condado
- Del Centro Nacional de Información sobre Delitos
- Oficina de Investigaciones del Estado
- División de Vehículos Motorizados
- De compromiso involuntario y registros de incompetencia
- Antecedentes penales de la Oficina Administrativa de los Tribunales, que incluye todos los delitos graves y menores
Con base en la revisión de los antecedentes penales, los funcionarios deben determinar el “buen carácter moral del solicitante” y que la posesión del arma es solo para “ciertos propósitos identificados”.
Con excepción de quienes tienen un “permiso de porte oculto”, todos los demás residentes del estado requieren el permiso del alguacil de su localidad.
Delitos menores
La Asociación de Alguaciles sostiene que el PPP de Carolina del Norte es “mucho mejor” que el NCIS, ya que tienen acceso a datos e información de múltiples fuentes, como registros judiciales y antecedentes penales estatales.
Además, pueden conocer si la persona tiene problemas de salud mental o si ha intentado obtener un permiso antes en otras agencias de aplicación de la ley.
El NCIS, explican los alguaciles, puede acceder a los antecedentes penales de Carolina del Norte, pero solo de personas a las que se les toman las huellas digitales. El sistema no puede determinar si alguien ha cometido delitos menores como:
- Violencia doméstica
- Violaciones de las órdenes de protección contra la violencia doméstica
- Asalto simple
- Asalto a una mujer
- Acecho
- Amenazas
- Conducir bajo la influencia, uso de una sustancia controlada
- Apuntar con un rifle o disparar contra bienes públicos por diversión
El sistema PPP estatal, subrayaron los alguaciles, protege a los ciudadanos, a los vendedores y a los compradores de armas “respetuosos de la ley”.
Acceso a información sobre delitos
La plataforma NCIS no tiene acceso o información sobre delitos y condiciones que, de acuerdo con la ley federal, prohíben que una persona posea armas de fuego.
Información que sí está disponible para un alguacil del estado.
“Debido a que a un comprador potencial de una pistola no se le habrían tomado las huellas digitales por estos delitos menores, u otros, que podrían descalificarlos para obtener un permiso de pistola, el NICS les permitiría comprar una pistola”, declaró la Asociación de Alguaciles.
Para los alguaciles del estado, la reforma aprobada amenaza la seguridad pública.
Sin control
En caso de entrar en vigor -si recibe el aval del Gobernador- los funcionarios no podrían ejercer ningún control sobre las pistolas o armas vendidas, regaladas, transferidas, compradas o recibidas dentro de sus jurisdicciones.
El HB 938 deroga todas las leyes estatales que requieren un “permiso de compra” o “permiso de pistola oculta” antes de comprar o recibir una pistola:
– G.S. 14-402. Prohíbe la venta de ciertas armas sin un permiso de compra de pistolas.
– G.S. 14-403. Establece que el permiso de compra de pistola lo emite el alguacil.
– G.S. 14-404. Prevé la emisión, rechazo y apelación del rechazo de un permiso de compra de pistola.
– G.S. 14-405. Requiere que los alguaciles mantengan registros de los permisos de compra de pistolas.
– G.S. 14-407.1. Permite a los alguaciles emitir permisos de compra de pistolas para comprar o recibir pistolas capaces de disparar cartuchos.
– G.S. 14-315 (b1) (1). Proporciona un permiso de compra de pistola válido como defensa ante el delito de vender, ofrecer a la venta, o regalar una pistola a un menor.
– G.S. 122C-54 (d2). Establece que los registros confidenciales de internamiento involuntario son accesibles a los alguaciles para fines de verificación de antecedentes relacionados con permisos de compra de pistolas.
Fuente: departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea General.