Educadores, familias y defensores de la educación pública frente a la Corte Suprema de Carolina del Norte el jueves exigieron que el tribunal haga cumplir el fallo del caso Leandro, advirtiendo que los retrasos perjudican a estudiantes, especialmente a los más vulnerables.
Durante la conferencia, denunciaron falta de personal, apoyo insuficiente y recursos limitados en las escuelas, responsabilizando a la Corte Suprema y a la Asamblea General por la inacción.
“Esto no es solo un asunto legal, es un asunto moral”, dijo Bryan Proffitt, maestro de historia y vicepresidente de la Asociación de Educadores de Carolina del Norte. “Las escuelas públicas son la columna vertebral de nuestras comunidades, y cada niño que asiste a ellas merece las mejores oportunidades posibles”.
Junto a Proffitt, participaron otros líderes y funcionarios. Entre ellos Rhyan Breen, miembro de la junta escolar del condado de Wilson; Harry Southerland, vicepresidente de la Junta de Comisionados del condado de Hoke; Shalonda Regan, defensora juvenil del condado de Robeson; y Jackie McLean, concejala de Raeford.
Qué es el caso Leandro
El caso Leandro, presentado en 1994 por familias y distritos escolares, sostiene que el estado debe garantizar a los estudiantes una “educación básica y adecuada”.
Este derecho fue reconocido por la Corte Suprema estatal en 1997 y reafirmado nuevamente en 2022.
A pesar de esos fallos, defensores aseguran que la falta de financiamiento dejo a los distritos escolares sin los recursos necesarios para ejecutar la orden.
La preocupación ha aumentado desde que la Corte Suprema estatal pasó a tener una mayoría conservadora de 5-2. Esto ha llevado a que el tribunal reevalúe aspectos del caso en lugar de avanzar con su implementación.
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El impacto en estudiantes y escuelas
Susana Benítez, coordinadora estatal de Every Child NC dijo que cada retraso tiene consecuencias directas para estudiantes y familias en todo el estado.
“Otro retraso más afecta directamente a nuestros estudiantes”, dijo Benítez. “El plan existe. Lo que no ha existido es la voluntad política para financiarlo”.
Benítez se refirió a un plan desarrollado desde 2019. Este esquema detalla cómo el estado podría mejorar salarios de maestros, contratar más consejeros escolares, mejorar la infraestructura y ampliar los recursos.
Illiana Santillán, exmaestra de escuelas públicas en Carolina del Norte, dijo que años de falta de inversión han empujado a educadores a abandonar la profesión. Además, mencionó que han afectado de manera desproporcionada a estudiantes con mayores necesidades.
“Cuando el financiamiento se reduce, los primeros en perder son los estudiantes más vulnerables”, dijo Santillan, quien también es directora ejecutiva de la organización Brava NC. “Los estudiantes de inglés son enviados a salones móviles y los consejeros se reparten entre varias escuelas”.
Santillan también criticó que, aunque la Constitución garantiza el derecho a una educación adecuada, ni la Corte ni la legislatura han actuado con urgencia.
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Después de la tormenta
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