Carolina del Norte, Raleigh. – La propuesta de ley HB 259, denominada “Ley de Integridad Electoral”, podría convertirse en un mecanismo de “purga de votantes” y un factor de riesgo adicional para la población inmigrante indocumentada.
Así lo denunció la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU, por sus siglas en inglés).
Esto, luego de analizar el contenido del texto sustitutivo presentado esta semana en el comité de Reformas Electorales y Financiamiento de Campañas de la Cámara de Representantes.
De acuerdo con el calendario de la Asamblea General, la iniciativa impulsada por el bloque de legisladores republicanos se discutiría el 12 de octubre.
Proyecto antiinmigrante
ACLU advirtió que el texto sustitutivo del HB 259 es idéntico al proyecto antiinmigrante SB 250, aprobado por la Asamblea General y vetado por el gobernador Roy Cooper en 2019.
El propósito del proyecto es eliminar de las listas de votantes de Carolina del Norte a los extranjeros que hayan sido descalificadas para servir como jurado en los tribunales locales por no ser ciudadanos de los Estados Unidos.
En 2019, Cooper argumentó que las leyes vigentes tienen “mecanismos legítimos” para eliminar a las personas que no son ciudadanas de las listas de votación.
“Esta legislación crea un alto riesgo de acoso e intimidación a los votantes y podría disuadir a los ciudadanos de votar”.
«Reforma legal de sentido común”
El HB 259 fue introducido con la firma de 19 representantes republicanos liderados por Keith Kedwell (Beaufort), Kyle Hall (Rockingham), Jeffrey McNeeily (Iredell) y George Cleveland (Onslow).
Al igual que en 2019 con el SB 250 y otros proyectos, Cleveland es el principal promotor de la denomina agenda antiinmigrante en la Asamblea General.
Para los republicanos, el SB 250 era una reforma legal de “sentido común”.
¿Cuáles son las “preocupaciones” señaladas por ACLU?
ACLU concluye que la propuesta del HB 259 actuaría como otros programas similares de “purga de votantes”.
Esto ha dado lugar a que a los residentes registrados como votantes elegibles se le niegue el derecho al voto.
¿Cuáles son los riesgos identificados por ACLU?
- Requeriría que cada secretario de la corte envíe informes trimestrales a la Junta Electoral del Estado con los nombres, direcciones, fechas de nacimiento.
- Además de otra información personal de las listas del jurado, de las personas eximidas del servicio de jurado por no ser ciudadanas.
- Solicitaría a la Junta Electoral del Estado utilice esa información para identificar y eliminar de las listas de votantes.
- Entre ellas a las personas que, en algún momento, fueron eximidas del servicio de jurado por no ser ciudadanos estadounidenses.
- Esa información también se convertiría en un registro público, accesible para cualquier persona.
- Al hacer públicos estos registros, la HB 259 señalaría a los no ciudadanos para un trato diferencial.
- Esto los expondría potencialmente al acoso y la violencia, como ha ocurrido anteriormente en Carolina del Norte.
- Actualmente, la información de la lista del jurado no es un registro público.
- Además, esta información suele ser poco fiable y difícil de verificar.
- Por ejemplo, es posible que la información de una persona no se actualice después de que se convierta en ciudadano naturalizado.
- El uso de listas de excusas de jurados poco confiables afectará de manera desproporcionada a ciertos grupos de votantes.
- Los que podría violar la ley federal de derechos de voto y exponer a las autoridades electorales.
- El HB 259 alentará a los grupos involucrados en la supresión de votantes a desafiar a las juntas electorales de Carolina del Norte
- O amenazar con hacerlo, lo que resultará en purgas de votantes basadas en información incompleta o inexacta.
- Además, la HB 259 agregaría responsabilidades innecesarias a los secretarios del tribunal.
- Así como a las autoridades electorales locales, lo que implica tiempo y recursos valiosos.