Cinco hispanos, entre ellos ciudadanos estadounidenses, que tuvieron interacciones violentas con agentes federales durante operativos migratorios realizados en Carolina del Norte presentaron una demanda colectiva ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte.
La demanda federal sometida el martes 24 de febrero contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene el objetivo de “prevenir un patrón de arrestos ilegales sin orden judicial en Carolina del Norte perjudicial para las comunidades”.
“Cada demandante fue arrestado por agentes del DHS sin causa probable para creer que es legalmente expulsable del país y que representa un riesgo de fuga, determinaciones requeridas por la ley federal para arrestos sin orden judicial”, señala Democracy Forward, una de las cuatro organizaciones que sometieron la demanda en nombre de los demandantes.
La demanda se presenta luego de que el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, enviará una carta a Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para demandar respuestas y detalles sobre el trabajo de los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) y del ICE en el estado.
La carta enviada el lunes 2 de febrero se enfoca en las operaciones de estas agencias efectuadas en Carolina del Norte, en el operativo “Charlotte’s Web” realizado en noviembre de 2025, y en las realizadas en Minnesota, que se tornaron violentas y trágicas.
Tillis celebró el arresto de inmigrantes con antecedentes penales, pero manifestó preocupación por informes que alegan que ciudadanos estadounidenses fueron detenidos, sometidos a la fuerza y sufrieron daños personales y a la propiedad.
El senador solicita en la carta a la secretaria Noem respuestas por escrito y la producción de información detallada sobre cada detención e interacción realizada en los operativos en Carolina del Norte y Minneapolis, y le solicita respuestas para comienzos de marzo.
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Tácticas que ya han sido demandadas en otros estados
La organización cita, que las cortes han bloqueado este tipo de tácticas en otras jurisdicciones, y son coherentes con las acciones imprudentes del DHS en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Portland, Washington D.C., y en Colorado.
Las tácticas implican arrestar a personas en lugares públicos sin motivo para creer que están presentes ilegalmente o no son ciudadanos, incluidos inmigrantes legalmente presentes con la documentación adecuada y ciudadanos estadounidenses.
“Estos arrestos suelen ser violentos y destructivos para la propiedad personal”, dice Democracy Forward, que se unió para esta demanda con la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU-NC), ACLU nacional y la Coalición de Justicia Social del Sureste (SCSJ).
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El Operativo Charlotte’s Web causó un daño severo
A mediados de noviembre, el CBP realizó el operativo de una semana, “Charlotte’s Web”, con un equipo de al menos 200 agentes que llegaron a la Ciudad Reina con uniformes de guerra, enmascarados y armados con fusiles.
Según el DHS, fueron detenidas 425 personas en la operación que comenzó el sábado 14 de noviembre y se extendió hasta el viernes 21 del mismo mes.
El operativo se extendió a Durham, Raleigh y otras localidades, donde se detuvo a gente “indiscriminadamente y sin órdenes de arresto ni justificación legal”, dice Democracy Forward, una de las cuatro organizaciones que presentaron la demanda en nombre de los cinco hispanos y de otros que se vean afectados.
“Los arrestos del DHS son frecuentemente violentos y destructivos. Los agentes rompen ventanas de coches, arrastran a personas desde los vehículos, confiscaron teléfonos y llaves de coche, persiguen y obligan a los vehículos a salir de la carretera, y obligan a la gente en el suelo para esposarles. Los arrestos se convierten en situaciones peligrosas que ponen en riesgo la seguridad tanto del arrestado como de los testigos”, se indica en la demanda.
También se destaca en el documento que el operativo causó un daño severo a las comunidades de Carolina del Norte, en particular a los niños.
“Más de 30,000 estudiantes, alrededor del 20 % de los estudiantes en las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS) se ausentaron de clases el lunes 17 de noviembre, en medio del operativo del CBP. Así, otros distritos, como las Escuelas Públicas de Durham, reportaron un incremento del 68 % en las ausencias esa semana”, dice en la demanda.
Los cinco demandantes
Entre los demandantes está Willy Aceituno, de 46 años, un ciudadano naturalizado de origen hondureño, que fue interceptado por agentes de la Patrulla Fronteriza en un estacionamiento en South Boulevard el primer día del operativo, y cuya interacción que se tornó violenta fue filmada por testigos y se hizo viral en las redes sociales.
También están Edwin Godínez, de 29 años, nacido en California, y su hermanastro Yair Alexander Nápoles, nacido en Carolina del Norte. Los dos jóvenes estadounidenses vivieron momentos dramáticos durante una interacción con agentes del ICE en Salisbury, el 5 de enero, en la que fueron maltratados y les quitaron sus celulares antes de verificar su estatus migratorio. El encuentro quedó grabado en videos que se hicieron virales.
Otros hispanos en la demanda son: Yoshi Cuenca Villamar, de 23 años, nacido en Carolina del Norte, y Rubén Arguera López, de 39 años, residente legal de origen salvadoreño, quien obtuvo una visa U luego de ser asaltado en 2020.
En la demanda colectiva se citan detalles de las detenciones de cada uno de los demandantes, quienes piden al Tribunal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte que declare ilegal la política de arrestos masivos sin orden judicial del DHS, y que emita una orden judicial permanente que bloquee estas prácticas ilegales.
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La demanda busca detener el abuso de poder
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, dijo que el Congreso ha sido explícito respecto a los arrestos migratorios sin orden judicial que requieren que se pruebe una causa probable individualizada.
“Cuando están armados, agentes enmascarados rompen ventanas de coches, esposan a personas sin causa probable y las tiran al borde de la carretera, eso no es aplicación de la ley, es ilegalidad”, dijo Perryman.
Perryman señaló, que el DHS está llevando a cabo arrestos masivos que ignoran los límites impuestos por el Congreso y que exige la Constitución.
“Este caso trata de restaurar los límites básicos del poder gubernamental y garantizar que los funcionarios federales cumplan la ley que juran cumplir”, dijo.
Corina Scott, abogada de ACLU-NC, señaló, que los agentes federales han ignorado la ley y han “pisoteado” los derechos civiles en Carolina del Norte.
“Esta demanda busca detener este abuso de poder y exigir rendición de cuentas en el futuro para que nuestras comunidades no sigan sufriendo arrestos violentos e ilegales”, expresó Scott.
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