Expertos en políticas públicas y exfuncionarios del gobierno advirtieron el martes que la expansión de las operaciones de control migratorio del gobierno del presidente Donald Trump plantea serias preocupaciones constitucionales y carece de supervisión adecuada.
Durante una conferencia organizada por el Center for American Progress (CAP, en inglés), los panelistas plantearon reformas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) tras el Operation Metro Surge, una operación migratoria en Minneapolis.
Las acciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) han generado protestas, demandas judiciales y escrutinio político.
Residentes han denunciado entradas a viviendas sin órdenes judiciales, detenciones de ciudadanos estadounidenses y dos asesinatos por agentes federales.
Reformas propuestas por CAP para el DHS:
- Prohibir cubrirse el rostro para ocultar la identidad.
- Exigir uniformes claros e identificaciones visibles.
- Implementar el uso de cámaras corporales.
- Reforzar la contratación y la capacitación de los agentes.
- Garantizar investigaciones independientes y exhaustivas con informes públicos periódicos.
Sobre las acciones realizadas hasta el momento, la organización sugiere revocar el memorando que permite entradas de agentes federales a propiedad privada sin orden judicial.
Además, propusieron realizar revisiones obligatorias por el DOJ y el FBI de casos de uso de fuerza letal y muertes bajo custodia.
También explicaron la necesidad de llevar un registro y establecer límites de tiempo para las detenciones de ciudadanos, así como prohibir el perfilamiento racial.
Finalmente, buscan crear un derecho civil claro para demandar a los oficiales que incumplan la ley.
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“Escalada dramática”
Dan Herman, director sénior de seguridad nacional, rendición de cuentas y reforma del centro, dijo que la operación representa una “escalada dramática” en las tácticas de control migratorio.
“Los estadounidenses están horrorizados y están exigiendo respuestas”, dijo Herman. “El Congreso también está exigiendo respuestas”.
Herman indicó que cerca de 3,000 agentes federales, en su mayoría de ICEy CBP, fueron desplegados en el área de Minneapolis, frente a los aproximadamente 80 agentes que operaban allí antes del inicio de la operación.
El gobierno federal anunció esta semana que 700 agentes serán retirados de Minnesota. El llamado “zar fronterizo” Tom Homan atribuyó esta decisión a una mayor cooperación con autoridades locales.
Sin embargo, los panelistas señalaron que más de 2,000 agentes permanecerán en la región.
Preocupaciones por contratación y uso de la fuerza
Allie Preston, analista sénior de políticas de seguridad pública, criticó las prácticas de contratación y capacitación del DHS durante su rápida expansión.
Preston afirmó que el departamento redujo los estándares de selección, bajó la edad mínima para ser agente y acortó los períodos de entrenamiento.
También criticó el uso de agentes con el rostro cubierto y sin identificación visible durante operativos migratorios. Preston señaló que estas prácticas han provocado confusión, miedo y llamadas al 911 por presuntos secuestros.
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Derechos constitucionales y supervisión
Ben Olinsky, vicepresidente sénior de reforma estructural y gobernanza, sostuvo que algunas prácticas actuales del DHS violan la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y detenciones irrazonables.
Olinsky citó un memorando legal del DHS emitido en 2025 que, según dijo, permite a agentes ingresar a viviendas sin una orden judicial. Además, criticó la detención de personas solo por no portar sus documentos al momento de ser abordados por un oficial.
“Estados Unidos no es un país donde se exija portar documentos. Los ciudadanos no están obligados a llevar identificación en todo momento, y no tenerla no puede usarse en su contra ni considerarse causa probable para cuestionar su ciudadanía”, afirmó.
Debu Gandhi, director sénior de política migratoria, señaló que los mecanismos internos de control del DHS se han debilitado. Además, criticó lo que describió como miles de millones de dólares en fondos asignados al departamento sin una supervisión adecuada del Congreso.
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Debate en el Congreso
Laura Rodriguez, vicepresidenta sénior de asuntos gubernamentales, dijo que el Congreso enfrenta una presión inusual para abordar el financiamiento del DHS.
El interés legislativo ha sido impulsado por la presión pública, explicó Rodriguez.
“La única razón por la que estamos en este momento, con posibilidades de una reforma, es gracias al pueblo estadounidense: a las personas que están en el terreno grabando esos videos y poniendo sus cuerpos frente a los agentes de ICE y a las personas que están siendo abusadas”, añadió.
Los panelistas coincidieron en que el futuro de las reformas dependerá de la acción del Congreso y de que continúe la presión pública. Mientras tanto las impugnaciones legales contra Operation Metro Surge siguen su curso en los tribunales federales.
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