El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, dirigió una carta a Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), demandando respuestas y detalles sobre el trabajo de los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) y del ICE en el estado.
La carta enviada el lunes 2 de febrero se enfoca en las operaciones de estas agencias efectuadas en Carolina del Norte, en el operativo “Charlotte’s Web” realizado en noviembre de 2025, y en las realizadas en Minnesota, que se han tornado violentas y trágicas.
“La aplicación de la ley interior, llevada a cabo por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Control y Protección de Aduanas (ICE), debe ser eficaz, disciplinada y plenamente cumplidora de los límites constitucionales y legales. Aunque estas agencias históricamente han cumplido con ese estándar, las operaciones recientes plantean serias preguntas que requieren supervisión directa”, dice el senador en la carta.
Tillis dijo que la operación del CBP en Charlotte resultó en la detención de varios inmigrantes ilegales criminales con extensos antecedentes penales. “Un resultado que aplaudo”, señaló.
Según el DHS, durante el operativo de una semana de la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte (del sábado 15 de noviembre al viernes 21 de noviembre), se detuvieron 425 “inmigrantes ilegales criminales”.
Sin embargo, el senador señala que, al mismo tiempo, múltiples informes públicos alegan que ciudadanos estadounidenses fueron detenidos, sometidos a la fuerza y sufrieron daños personales y a la propiedad.
“Busco aclarar si estos informes son simplemente relatos engañosos de partidarios que no comparten nuestro compromiso con una frontera segura, o si reflejan incidentes infundados”, dice.
Tillis se refirió a los incidentes en los que dos latinos ciudadanos estadounidenses fueron protagonistas, cuyas interacciones con el CBP en noviembre fueron filmadas y viralizadas en las redes sociales.
Uno de los casos hace referencia a Willy Aceituno, que fue detenido en dos ocasiones el mismo día por los agentes, que rompieron la ventana de su vehículo en un estacionamiento en South Boulevard, durante el operativo del CBP.
También se refirió al caso en Cary, donde el joven Fernando Vásquez, de 18 años, fue arrestado en su trabajo y luego abandonado en un bosque, y sus pertenencias fueron arrojadas al suelo.
“Si estos relatos son inexactos, los habitantes de Carolina del Norte agradecerían una aclaración. Si son precisas, entonces representan un fallo en las salvaguardas y eso exige medidas correctivas. En cualquier caso, la ausencia de datos claros a nivel de las interacciones ha hecho que la evaluación objetiva fuera difícil y erosiona innecesariamente la confianza pública”, enfatiza el senador.
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Brecha de transparencia y rendición de cuentas
Aunque la carta no cita las muertes de Renee Good y Alex Pretti, que fueron abatidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y del CBP en Minneapolis, sí exige una producción exhaustiva de datos sobre cada interacción de las agencias en el terreno, incluyendo con ciudadanos estadounidenses.
Dijo que los informes sobre conductas inapropiadas en ambas operaciones “apuntan a una brecha más amplia en materia de transparencia y rendición de cuentas”, refiriéndose al DHS.
Tillis, quien decidió no buscar la reelección y se jubilará al final de este mandato, ha sido un crítico de la secretaria Noem y del asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, calificándolos de “aduladores” e “incompetentes”.
Sin embargo, ha elogiado al zar fronterizo Tim Homan, incluso afirmando en la carta que su éxito en la frontera no se ha reflejado en el interior de Estados Unidos.
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Solicita respuestas para marzo
El senador solicita en la carta a la secretaria Noem respuestas por escrito y la producción de información detallada sobre cada detención e interacción realizada en los operativos en Carolina del Norte y en Minneapolis por las agencias federales, que incluye: paradas, detenciones, cuestionamientos, búsquedas, liberaciones, uso de la fuerza, incidentes de daños a la propiedad e interacciones con ciudadanos.
Dice que las respuestas deben llegar antes del 2 de marzo de 2026, fecha programada para el testimonio de la secretaria ante el Comité Judicial del Senado.
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