Con cuestionamientos sobre su legalidad y enmiendas, el proyecto de ley que requeriría la colaboración de alguaciles con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fue aprobado hoy, 30 de abril, en el Comité Judicial del Senado de Carolina del Norte.
En el centro de esta discusión sobre la HB10 se encuentran opiniones divergentes sobre cómo abordar la seguridad pública y el papel de los inmigrantes en la economía y la sociedad.
"La seguridad pública es el objetivo principal de todo este proyecto de ley”, dijo el senador republicano Buck Newton a preguntas de la prensa. “El tiempo y la experiencia han demostrado que necesitamos un mecanismo de aplicación un poco mejor”.
Desde 2019 hasta 2022, la legislatura ha propuesto iniciativas similares, como los proyectos de ley HB 370 y SB 101 vetados por el gobernador Roy Cooper.
Sin embargo, esta vez puede ser diferente y el veto por sí solo no bastaría ya que los legisladores dijeron que utilizarían su supermayoría republicana en la Asamblea General en caso de necesitar anular su veto.
Colaboración de alguaciles con ICE, miedo a la deportación
Andressia Ramírez, residente de Wilson, compartió su experiencia creciendo como hija de padres inmigrantes indocumentados y el miedo constante a la deportación que afectó a su familia.
"Tenía diez años cuando supe por primera vez lo que significaba ser indocumentada. También fue cuando mi madre y yo creamos un plan de emergencia sobre lo que debía hacer si alguna vez la paraban por conducir sin identificación mientras nos llevaba al colegio y la deportaban”, dijo Ramírez.
“Son los proyectos de ley como el HB10 los que perpetúan este miedo dentro de nuestra comunidad e impiden que muchos sirvan como testigos o denuncien delitos”.
Los alguaciles de Carolina del Norte ya están requeridos bajo ley estatal tratar de determinar el estado legal de las personas que arrestan e informar a ICE. Sin embargo, no están obligados a detener por 48 horas a las personas que se cree están en el estado sin documentos para darle tiempo a ICE para obtener la custodia.
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Enmiendas aprobadas
En la sesión del Comité Judicial del Senado hoy se aprobó una enmienda que modifica la fecha de entrada en vigor de la HB 10 del 1 de diciembre de 2023 al 1 de julio de 2024.
Se eliminó la sección de asignaciones presupuestarias, que trataba sobre temas de financiamiento y presupuesto. Esto podría abordarse por separado en el proceso presupuestario.
Además, añadieron una nueva sección que permite a cualquier persona, incluyendo agencias federales, presentar una queja ante el Fiscal General de Carolina del Norte si se alega que un alguacil o administrador de una cárcel no está cumpliendo con las disposiciones de la ley.
Newton dijo a los periodistas que, bajo la enmienda, el Fiscal General puede pedir una orden judicial para los alguaciles que no estén cumpliendo con las disposiciones de la ley.
Cuestionan legalidad y constitucionalidad del proyecto de ley
Opositores de la HB 10, como grupos de derechos humanos y organizaciones, expresaron preocupaciones legales sobre sus disposiciones de colaboración entre autoridades locales e ICE durante el período de comentarios.
Sejal Zota, directora legal de Just Futures Law en Carolina del Norte, argumentó ante el Comité Judicial del Senado que esta legislación podría establecer un "canal de deportación inconstitucional", al involucrar a los alguaciles locales en tareas de aplicación migratoria.
“Tribunal tras tribunal federal ha sostenido que las detenciones de ICE no son obligatorias, son simplemente una solicitud y la orden administrativa de ICE”, explicó Zota a Enlace Latino NC. “No es una orden judicial criminal. No está firmada por un juez”.
En el Noveno Circuito, recientemente se determinó que estas órdenes potencialmente violan la Cuarta Enmienda si no están firmadas por un juez.
También se ha destacado que las órdenes de ICE pueden ser propensas a errores, dijo Zota. Un informe de NPR revela que durante un período de 10 años, ICE detuvo erróneamente a 1,500 ciudadanos estadounidenses.
"Además de estos problemas, estas órdenes no dan a nuestros alguaciles causa probable para detener, para retener a las personas por inmigración”, dijo Zota.
La HB 10 busca remediar estas preocupaciones al requerir que un juez estatal emita una orden autorizando la detención de individuos por cuestiones migratorias.
Sin embargo, Zota dijo que esta solución plantea nuevos problemas, ya que podría entrar en conflicto con la ley federal y generar incertidumbre sobre los derechos constitucionales de los individuos detenidos injustamente, incluyendo ciudadanos estadounidenses.
¿Posibles demandas contra la HB10?
La legalidad de la HB 10 podría ser objeto de litigios en el futuro cercano, especialmente si se perciben violaciones de derechos constitucionales o si hay inquietudes sobre su aplicación.
"Si un inmigrante en particular desea impugnar la ley, eso solo ocurriría después de que el proyecto de ley entre en vigencia”, dijo Zota. “Sin embargo, si los grupos desean desafiar la ley en su totalidad, podrían hacerlo inmediatamente después de su aprobación".
Por otro lado, el senador republicano Newton respondió que, aunque ha escuchado estas preocupaciones, no cree que encuentren fundamentos para impugnar.
“Lo he escuchado. Podría ser. Aún no lo he visto. Estamos completamente seguros de que es constitucional. No espero que lleguen a ningún lado”, dijo Newton a Enlace Latino NC.
Comentarios durante Comité Judicial del Senado estatal
Gustavo Rodea, propietario de un negocio en Wilmington, destacó el impacto positivo de la comunidad empresarial inmigrante en la economía del estado, resaltando datos que muestran su contribución significativa a través de impuestos y creación de empleo.
“Al adoptar una postura dura contra los inmigrantes, Carolina del Norte expulsa a los inmigrantes impactando negativamente la comunidad", dijo Rodea. "Negocios se verán negativamente afectados potencialmente perdiendo trabajadores y consumidores por miedo a la HB10".
El residente de Carolina del Norte, Mark Swallow, destacó que en lugar de proyectos como el HB10, se debe priorizar el control de armas y apoyar a las familias trabajadoras con servicios de guardería completos.
“Para un partido que se supone que es de valores familiares, reemplazar la familia con el gobierno no tiene ningún sentido”, dijo Swallow. "Se trata de mantener el poder. Así que ahora en esta sesión, vuelven a intentar atacar a la comunidad inmigrante”.
"Se trata de proteger a América"
El alguacil del condado de Rockingham, Sam Page, argumentó que se trata de defender la seguridad pública.
"Se trata de proteger a América, de proteger nuestro estado, de proteger a nuestros ciudadanos”, dijo Page. “Si expulsamos a esas personas de nuestras comunidades, nos hace más seguros”.
Por su parte, el senador republicano Danny Britt, del condado de Robeson, dijo que escucha las preocupaciones y reconoció que una deportación generalizada de inmigrantes perjudicaría la economía del estado.
Sin embargo, dijo que apoya el proyecto de ley porque no se aplicaría a las personas detenidas por delitos menores como infracciones de tráfico, sólo los delitos más graves.
"Viniendo de la zona rural del este de Carolina del Norte, me alegro de que esto no, esto no afectaría a las personas que son detenidas por infracciones de tráfico menores", dijo Britt. "Esto no es algo por lo que esas personas se enfrentarán a la deportación".
No obstante y tal como el proyecto está redactado actualmente el propio texto de la ley ordena a los alguaciles poner a disposición de autoridades migratorias a “cualquier persona acusada de un delito” que se encuentre detenida.
En otras palabras, como explicó hace unos meses a Enlace Latino NC el abogado Adriel Orozco, del Centro de Justicia de Carolina del Norte, si se aprueba la HB 10 “podrían terminar deportando a gente que ha sido arrestada por delitos menores como infracciones de tránsito”.
Proyecto de ley avanza en el Senado
Tras recibir un informe favorable en el Comité Judicial del Senado, el proyecto avanza al Comité de Reglas y Operaciones de esta cámara mañana miércoles 1 de mayo.
