Carolina del Norte, Raleigh – Una coalición de padres de familia, estudiantes y organizaciones sociales exigen a las autoridades educativas sacar a la policía de las escuelas públicas.
La campaña “Consejeros no policías” aboga por un enfoque distinto para abordar la atención de los problemas de inseguridad en los centros educativos.
Ya sea para prevenir situaciones de violencia o para intervenir en momentos críticos o emergencias.
"No a los convenios con las fuerzas policiales"
El movimiento se opone a la firma de convenios o memorandos con los cuerpos de policía para llevar oficiales a las escuelas públicas.
La campaña agrupa, entre otras, las siguientes organizaciones:
- La Coalición de Estudiantes Afroamericanos del condado de Wake
- Alianza para la Justicia Educativa (EJNC, por sus siglas en Inglés)
- Alianza para la Justicia Social del Sur
- La Unión Americana por las Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU, por sus siglas en Inglés).
La policía no es la respuesta
La coalición afirma que la presencia policial en las escuelas y colegios se ha traducido en abusos de autoridad e impunidad, racismo.
Además, la criminalización de jóvenes afroamericanos, latinos y otros grupos étnicos minoritarios.
Los voceros de la campaña informaron que estos jóvenes ni siquiera representan el 25% de la población estudiantil en escuelas y colegios públicos.
Sin embargo, 7 de cada 10 estudiantes referidos a las cortes juveniles son, principalmente, afroamericanos o latinos.
Profesionales en seguridad
En opinión de los padres de familia interesados, los agentes policiales deben ser sustituidos por profesionales en seguridad.
Estos, deben ser capacitados para trabajar con niños y adolescentes en materia preventiva, y para intervenir en situaciones de riesgo o crisis.
La mayoría de los casos, indican, podrían resolverse con la aplicación de los códigos o reglamentos de conducta de los centros educativos.
Pero la policía opta por presentar cargos contra los estudiantes, especialmente, si pertenecen a grupos étnicos minoritarios.
No más indiferencia
Los representantes de la campaña se manifestaron el lunes frente a las oficinas de la Junta de Educación del Condado de Wake, en Cary.
Los participantes demandaron cambios en los memorandos suscritos con los departamentos de policía local.
Padres de familia y estudiantes acusan a las autoridades educativas de actuar con negligencia e ignorar las múltiples denuncias presentadas durante los últimos años.
Fernando Martínez, Director de Organización Comunitaria de EJNC, dijo a Enlace Latino NC que temas como la seguridad, las drogas y las armas de fuego se han utilizado como pretexto para “militarizar” las escuelas y colegios públicos.
Para Martínez, existe un uso desmedido del recurso policial en los centros educativos que ha dado lugar a la “criminalización innecesaria” de jóvenes.
“Queremos que la Junta de Educación trabaje con la comunidad y dejen de esconder estos procesos (acuerdos y memorandos con la policía)".
También, Martínez pidió dejar de tomar decisiones "sin tener en cuenta a los padres de familia y a los estudiantes”.
Transparencia y atención de denuncias
Lietha Muhammed, directora ejecutiva de EJNC y miembros de la campaña “Consejeros no policías” dijo que las peticiones que hacen a la junta de educación son importantes para garantizar la seguridad de los estudiantes.
Muhammed leyó un pliego de solicitudes y recomendaciones para la junta de educación, en el marco del proceso de reapertura de centros educativos en Carolina del Norte, donde niños y adolescentes están regresando a las aulas para recibir clases presenciales.
La campaña se centra en cinco puntos:
- Generar mecanismos de control o supervisión sobre la gestión de los cuerpos policiales dentro de las escuelas y colegios públicos. Además, que se limite o prohíba el uso de la fuerza y las armas de reglamento contra los estudiantes.
- Crear un sistema efectivo -digital- de atención y trámite de denuncias por abuso policial, mediante el cual los estudiantes y los padres de familia de la comunidad puedan canalizar sus quejas y recibir una respuesta oportuna y efectiva.
Hoy, las denuncias sólo pueden referirse al encargado de seguridad mediante correo electrónico, pero no se realizan investigaciones ni se documentan los casos.
- Crear un registro electrónico, accesible y transparente, que de cuenta de las denuncias por abuso policial presentadas por la comunidad, con datos demográficos específicos de los estudiantes como edad, género, grupo étnico o si se trata de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.
- Implementar un programa piloto en las escuelas públicas con el objetivo de reemplazar de forma gradual a los oficiales de la policía por profesionales con capacidad para intervenir en situaciones de crisis y de trabajar con los estudiantes, a quienes la campaña llama “constructores de paz”.
Se trata de funcionarios contratados a tiempo completo, pagados por el sistema de educación pública, con capacitación y experiencia en procesos de restauración de justicia.
- Remoción inmediata de la policía de las escuelas elementales.
Racismo y abuso contra las minorías
Vickie Brant, representante de la Coalición de Estudiantes Afroamericanos del condado de Wake, dijo que el sistema educativo americano sigue siendo racista y negligente con las minorías étnicas.
“Somos una sociedad multicultural y ningún estudiante debe ser víctima de negligencia. Entiendo que todos están preocupados por los tiroteos en los centros educativos, pero eso comenzó con la cultura americana, no tiene nada que ver con nosotros”.
Abuso de autoridad contra las minorías
Angaza Laughinghouse, miembro de ACLU de Carolina del Norte, dijo que los miembros de la junta de educación del condado de Wake conocen las estadísticas que demuestran que hay abuso de autoridad contra las minorías, pero no hacen nada.
“No podemos tolerar lo que está pasando con los estudiantes afroamericanos. La mayoría de la gente acepta la presencia policial en las escuelas porque quieren seguridad, pero no ven lo que está pasando y la comunidad no tiene como canalizar sus denuncias”.
Laughinghouse destacó que el 75% de los casos de delincuencia juvenil tramitados por los juzgados locales son contra estudiantes afroamericanos, a pesar de que apenas representan el 22% del total de la población estudiantil.
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