Charlotte se está preparando para crear una nueva Oficina de Relaciones Internacionales, que ayudará a fortalecer la relación entre el gobierno local y las comunidades inmigrantes, así como la capacidad de respuesta del municipio ante circunstancias que puedan afectarlas en el futuro.
La propuesta, presentada por el concejal del Distrito 5, Juan Diego Mazuera Arias, forma parte del presupuesto recién aprobado por el Concejo Municipal de Charlotte y surge luego de que la ciudad aprobara un fondo de $100,000 para ayudar a las familias afectadas por el operativo migratorio realizado en noviembre, que no tuvo éxito debido a los requisitos establecidos.
La nueva oficina integrará la participación comunitaria, la integración de inmigrantes, las relaciones con organizaciones locales y el desarrollo económico de las comunidades internacionales. El plan consiste en contratar a un gerente y dos empleados para desarrollar las iniciativas del departamento.
Mazuera Arias dijo durante una entrevista con Enlace Latino NC, que la creación de esta oficina busca garantizar que la ciudad cuente con mejores herramientas para atender las necesidades de una población cada vez más diversa y responder de manera más efectiva ante futuras emergencias.
“Tengo la esperanza de que, con una oficina dedicada a las relaciones internacionales, la ciudad esté mejor preparada en caso de que se repita una situación como la que vimos en noviembre”, manifestó el concejal.
El precedente del fondo de emergencia de $100,000
La iniciativa surge después de que la ciudad enfrentara dificultades para implementar un fondo de emergencia de $100,000 aprobado por el Concejo Municipal en diciembre para ayudar a las familias afectadas por la operación “Charlotte’s Web” de la Patrulla Fronteriza en Charlotte.
Aunque el fondo fue aprobado en respuesta a las detenciones y al clima de incertidumbre experimentado por muchas familias inmigrantes, los recursos nunca llegaron a la población afectada.
Recientemente, medios locales informaron que el dinero no fue utilizado ni distribuido entre las personas afectadas por la operación.
Mazuera Arias explicó que los fondos no eran una subvención para organizaciones comunitarias, sino recursos públicos destinados a la asistencia directa a las familias.
Debido a que el dinero se proporcionó a partir de un programa municipal de asistencia de vivienda, había restricciones específicas sobre el uso de recursos públicos.
Los requisitos para acceder a la ayuda eran tener un número de Seguro Social y ser mayor de 18 años, condiciones que limitaron significativamente el acceso a los fondos de las familias afectadas, en su mayoría conformadas por inmigrantes indocumentados con hijos ciudadanos menores de edad.
“Es válido preguntarse si esos criterios terminaron por excluir a algunas de las personas que más necesitaban ayuda. La respuesta es sí, y esa es una conversación que debemos tener de manera honesta”, manifestó el concejal.
Según indicó, sólo tres familias cumplieron con los requisitos establecidos para recibir asistencia.
Limitaciones legales y presión política
El concejal dijo, que la administración municipal estaba “bajo la lupa” estatal y enfrentaba un posible escrutinio de las autoridades estatales y federales, debido a que los fondos públicos no se pueden dar a personas que son indocumentadas.
“Lo que era preocupante era que tuvimos al auditor del estado, quien es republicano, investigando a la ciudad sobre el manejo financiero, específicamente, cómo se estarían usando los $100,000”, contó el concejal, de origen colombiano.
La ciudad tuvo que equilibrar la necesidad de apoyar a las familias inmigrantes con la obligación de cumplir con las normas que rigen el uso de fondos públicos, dijo el funcionario.
“Seamos realistas, desafortunadamente, y lo repito: las limitaciones estaban en que las familias impactadas eran personas indocumentadas, muchas de ellas con niños estadounidenses menores de 18 años. Nos enfrentábamos al riesgo de que el gobierno federal castigara a la ciudad”, señaló Mazuera Arias.
“No estoy de acuerdo con que castiguen a una ciudad por intentar ayudar a familias que viven, trabajan, pagan impuestos y contribuyen todos los días a nuestra economía”, agregó.
Respondiendo desde el sector comunitario
Ante la imposibilidad de poder usar los recursos municipales, Crisis Assistance Ministry, una organización local encargada por la ciudad para administrar el programa, decidió ayudar a las tres familias elegibles con fondos propios.
“Nos dijeron que ellos podían ayudar a esas tres familias con sus fondos sin la restricción de los fondos públicos, por ser una organización sin fines de lucro que depende de donaciones privadas”, comentó Mazuera Arias.
El concejal reconoció que el programa no produjo los resultados que se suponían y asumió la responsabilidad por el fracaso en el diseño e implementación.
“Reconocemos y asumimos plena responsabilidad de que el programa de $100,000 no se implementó de la manera más efectiva”, nos dijo.
Luego que la ciudad aprobó los fondos en diciembre, cuatro organizaciones locales fueron nombradas para servir como puntos de contacto con las familias que pudieran ser beneficiadas. Sin embargo, solo la Coalición Latinoamericana calificaba para hacer este trabajo.
A la vez, los requisitos y la inexistencia de un plan claro para entregar los fondos a las familias impactadas, generaron incertidumbre y ocasionaron cuestionamientos por parte de las organizaciones y líderes comunitarios.
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Preparándose para futuras emergencias
Para Mazuera Arias, las dificultades en la implementación del fondo evidenciaron la necesidad de una estructura municipal especializada para coordinar mejor la relación con las comunidades inmigrantes y con las organizaciones que las representan.
La futura Oficina de Relaciones Internacionales tiene como objetivo llenar ese vacío institucional y mejorar la capacidad de la ciudad para actuar de manera más rápida y efectiva cuando situaciones extraordinarias afecten a los residentes inmigrantes.
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