Organizaciones antiinmigrantes, junto a los fiscales generales republicanos de Texas y Idaho y las cortes federales de 16 estados, interpusieron una demanda para bloquear el programa “Parole in Place” del presidente Joe Biden.
La querella fue interpuesta el viernes 23 de agosto, a pocos días de entrar en vigor, el 19 de agosto, el programa migratorio que beneficia a cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses.
La querella está encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, una coalición de cortes federales de 16 estados, junto con la organización antiinmigrante, American First Legaly su fundador Stephen Miller, fundador de la organización, y quien fuera el asesor senior de Trump siendo presidente.
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La demanda del fiscal Paxton
El fiscal Paxton publicó hoy en su cuenta de X, la siguiente declaración:
“Estoy demandando a la Administración Biden por su política ilegal “parole in place, que incentiva y premia la inmigración ilegal. Acabamos de presentar una demanda urgente junto con @StephenM, @America1stLegal y otros 15 estados para bloquear la nueva política de Joe Biden y Kamala Harris que proporciona amnistía ejecutiva y un camino a la ciudadanía a más de 1 millón de inmigrantes que ingresaron ilegalmente a nuestro país.
“La administración Biden-Harris está trabajando activamente para convertir a Estados Unidos en una nación sin fronteras y un país sin leyes”, continúa diciendo el fiscal en su misiva.
Las cortes federales de los 16 estados que hacen parte de la demanda son: Texas, Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Lousiana, Mossouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
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Defensores de los inmigrantes reaccionan
Por su parte, la organización política bipartidista FWD.us, se pronunció contra la demanda.
“El momento de esta demanda, presentada la misma noche en que la vicepresidenta Harris acepta la nominación demócrata para ser presidenta, expone su verdadera naturaleza política”, manifestó Todd Schulte, presidente de FWD.us.
“Este es un ataque legal sin fundamento, enfocado enteramente en la política de tratar de perseguir a los inmigrantes y las familias estadounidenses, en contra de una política altamente popular y legal”, mencionó.
Schulte, indicó que el nuevo programa Parole in Place, que apoya a familias que han construido sus vidas juntas durante un promedio de casi 25 años, ya está funcionando de manera efectiva.
“La única motivación detrás de esta demanda es la crueldad de separar a las familias y la burda política de esperar que un juez pueda cumplir las órdenes del movimiento antiinmigrante”, expresó.
Al otro lado, la organización American First Legal, comentó en X, que “la ley federal prohíbe que inmigrantes extranjeros ilegales puedan ajustar su estatus si han estado presentes ilegalmente en los Estados Unidos, una medida de sentido común que actúa como un desincentivo para cualquier persona que pueda venir a los Estados Unidos ilegalmente”.
Tres posibles escenarios tras la demanda
Jasmina Nogo, abogada de Inmigración del Centro de Justicia de Carolina del Norte, comentó a Enlace Latino NC: “no nos sorprende que este programa esté siendo cuestionado y los defensores de los derechos de los inmigrantes han estado anticipando la presentación de esta demanda”.
Según la abogada, hay tres posibles resultados inmediatos:
- El juez federal del caso podría ordenar una orden judicial a nivel nacional que detenga el programa,
- Podrían ordenar una orden judicial limitada que solo detenga el programa en el tribunal de distrito donde se presentó la demanda,
- Podrían continuar litigando el caso sin detener la continuidad del programa, lo que sería el mejor de los casos y no evitaría que el programa continúe hasta la resolución de la demanda federal.
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No hay aún una orden judicial que impida aplicar al “Parole in Place”
Nogo explicó, que las demandas federales pueden tardar meses, incluso años, en litigarse hasta su finalización.
“Todavía no sabemos qué efecto va a tener esto en aquellas personas que ya han presentado solicitudes, y presentarán solicitudes, antes de que se escuche el caso, pero hay argumentos legales que se pueden hacer y se harán para preservar su libertad condicional una vez que se otorgue”, señaló Nogo.
La abogada enfatizó, que aún no existe una orden judicial que impida que las personas presenten su solicitud en este momento y el programa aún está abierto.
“Existe incertidumbre sobre lo que sucederá, pero eso no debería impedir que las personas presenten su solicitud si califican”, recalcó la abogada.
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