El juez federal de la Corte del Distrito Este de Texas, bloqueó temporalmente el programa “parole in place” de la administración Biden, que ofrece una vía a la residencia permanente de cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses.
La suspensión administrativa dictada por el juez J. Campbell Barker en la noche del lunes 26 de agosto, ocurre luego que 16 estados encabezados por Texas y por fiscales generales republicanos, interpusieran una demanda contra el programa argumentando que la política fomentaría la inmigración ilegal.
La acción ocurre, una semana después que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), comenzara a aceptar solicitudes para el “parole in place”.
La orden del juez deja en suspenso el programa durante al menos 14 días mientras prosigue la demanda. “Las reclamaciones son sustanciales y merecen un examen más detenido del que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha”, escribió Campbell.
Bloqueo no impide aplicar al “parole in place”
Texas y los otros 15 estados habían solicitado una Orden de Restricción Temporal (TRO) para bloquear la implementación del proceso del “parole in place” denominado “Mantener las Familias Unidas”.
El gobierno federal había pedido al tribunal que al menos les permitiera proseguir con el proceso hasta el 28 de agosto para oponerse a esa solicitud de TRO. La corte entonces optó por ordenar lo que se llama “suspensión administrativa”, por un período inicial de 14 días, prohibiendo al gobierno federal emitir cualquier concesión de libertad condicional o “parole in place” en su lugar.
“Es importante tener en cuenta que, sin embargo, todavía se pueden aceptar las solicitudes de libertad condicional (parole in place). Si bien la orden del tribunal se llama suspensión administrativa, tiene el mismo efecto legal que una TRO”, indica JAC.
“Lo más importante es que nada ha cambiado en este momento con respecto al programa parole in place. Las solicitudes están siendo aceptadas y tramitadas en el curso habitual. Esto es lo más importante que la gente debe saber. No hay ninguna orden judicial que cambie esto en este momento”, afirma JAC.
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Acusan a la administración Biden de violar la constitución
La coalición de 16 estados en la demanda acusó a la administración Biden de evadir el Congreso con “descarados fines políticos”. Estos estados también presentaron una moción solicitando que se suspenda el programa mientras prosigue la impugnación.
Por su parte, el fiscal federal de Texas, Ken Paxton, dijo el viernes 23 de agosto en la red social X, que el plan “viola la Constitución y empeora activamente el desastre de la inmigración ilegal que está perjudicando a Texas y nuestro país”.
En la demanda presentada contra el DHS, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas y otros funcionarios del gobierno, acusa a la agencia de intentar “poner en libertad condicional a los cónyuges en masa”, lo que afirman es un abuso de poder.
Defienden el programa
Por otra parte, el mismo día que el juez pausó el programa, las organizaciones Justice Action Center” y “Make the Road New York” hicieron una moción para intervenir en contra de la demanda de “Texas vs DHS”, en nombre de 11 personas impactadas directamente, y la “Coalicion for Humane Immigrant Rights (CHIRLA).
“Estos posibles acusados intervinientes están tratando de convertirse en partes en el caso para que sus perspectivas puedan ser consideradas por el tribunal”, se indica en un comunicado del “Justice Action Center”.
“Texas no debería poder decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin enfrentarse a su realidad”, dijo Karen Tumlin, fundadora y directora del “Justice Action Center” (JAC).
“Una orden como esta es una medida extrema, que, por ley, solo puede hacerse en las situaciones más urgentes”, agregó Tumlin.



