El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, firmó el viernes una ley que introduce varios cambios en la reforma judicial penal, en respuesta al asesinato ocurrido a bordo de un tren ligero en Charlotte el pasado agosto.
La HB 307, conocida como Iryna’s Law, modifica las condiciones de liberación bajo fianza, agrega factores agravantes en sentencias, y realiza cambios en procedimientos de salud mental y la pena de muerte.
La ley “alerta al poder judicial para que preste especial atención a quienes puedan representar riesgos inusuales de violencia antes de fijarles fianza. Eso es algo positivo, y por eso la he convertido en ley”, dijo Stein en un video anunciando su firma.
Sin embargo, criticó una enmienda incluida de último minuto que abre la puerta a las ejecuciones por pelotón de fusilamiento en Carolina del Norte.
“Es bárbarico. No habrá pelotones de fusilamiento en Carolina del Norte durante mi tiempo como gobernador”, dijo Stein.
¿Qué dice la ley sobre métodos de ejucución?
La ley instruye a los funcionarios penitenciarios a implementar métodos de ejecución alternativos empleados en otros estados.
La disposición entraría en vigor si la inyección letal, hasta ahora el único método utilizado en Carolina del Norte, es invalidada por los tribunales o resulta impracticable.
La enmienda no especifica los métodos. Algunos procedimientos utilizados en otros estados son: electrocución, el pelotón de fusilamiento o la asfixia con gas nitrógeno.
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Otras provisiones de la medida
Además de permitir métodos alternos para la pena de muerte, la medida reduce a dos años el plazo para apelaciones y limita las prórrogas.
En respuesta al asesinato de Iryna Zarutska, considera agravante la comisión de un delito capital mientras la víctima usa transporte público.
La ley también endurece la liberación previa al juicio para acusados de delitos violentos. Para los acusados, elimina compromisos escritos y exige fianza asegurada o arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Por su parte, los jueces deberán justificar por escrito las condiciones de liberación.
En relación a la salud mental, obliga a jueces y magistrados a ordenar evaluaciones a acusados que hayan sido internados involuntariamente en los últimos tres años o que muestren signos de crisis.
Además, entre otras provisiones, asigna fondos para contratar a 10 fiscales adjuntos adicionales en el condado de Mecklenburg.
Stein reclama controles de armas y más recursos de salud mental
El gobernador dijo que, aunque firmó la HB 307, la medida “carece de ambición y visión” y no hace lo suficiente para mantener seguras a las familias.
Por ello instó a la Asamblea General a aprobar su paquete integral de seguridad pública, que incluya más policías capacitados, prevención de violencia juvenil, controles de armas con verificaciones de antecedentes.
Además, instó a los legisladores a financiar completamente Medicaid. Asi como buscar soluciones para arreglar el sistema de salud mental a largo plazo para mantener segura a las comunidades.
“Si hablamos en serio de mantener a la gente más segura, debemos reconocer el papel que juegan las armas y la salud mental en la violencia que estamos viendo en todo el país”, añadió Stein. “Podemos respetar los derechos de la Segunda Enmienda, y al mismo tiempo garantizar que nadie violento o con una enfermedad mental peligrosa tenga acceso a armas”.
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Rechazo de grupo contra la pena capital
La organización “North Carolina Coalition for Alternatives to the Death Penalty” criticaron el viernes la decisión del gobernador de firmar la ley.
Señalaron que, aunque la firma del gobernador marca un nuevo capítulo en el debate sobre la pena capital, “no acerca a nuestro estado a una verdadera seguridad”.
“HB 307 no puede prevenir la violencia ni responder a las necesidades urgentes de nuestras comunidades. En lugar de invertir en soluciones comprobadas, revive una política fallida que no puede ofrecer justicia ni seguridad a los habitantes de Carolina del Norte”, afirmó la organización en un comunicado.
El grupo agregó que la seguridad real proviene de priorizar la salud mental. Además de los programas de reinserción tras el encarcelamiento, la prevención de la violencia y el apoyo integral a las víctimas y sus familias.
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