El Senado y la Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobaron el anticipado proyecto de ley de reforma judicial penal integral.
La medida HB 307, impulsada por legisladores republicanos, modifica las condiciones de liberación bajo fianza, agrega factores agravantes en sentencias, y realiza cambios en procedimientos de salud mental y pena de muerte.
La propuesta fue presentada luego de la apuñalada mortal a Iryna Zarutska, refugiada ucraniana de 23 años, en agosto en el tren ligero de Charlotte.
Ahora, la medida pasa a manos del gobernador Josh Stein, quien puede firmarla, vetarla o dejar que se convierta en ley sin su firma.
Aspectos claves de la medida
Aquí te presentamos algunas de las provisiones fundamentales.
Sobre la pena de muerte
La medida acorta a dos años los plazos para las apelaciones de la pena de muerte y limita las prórrogas.
También fija que las audiencias se celebren en el condado de la condena. Además, considera agravante la comisión de un delito capital mientras la víctima usa transporte público.
El comunicado de prensa conjunto del presidente de la Cámara de Representantes Destin Hall y el lider del Senado Phil Berger señaló que esto “garantiza que los fiscales puedan perseguir, y los tribunales imponer, la pena de muerte sin cuestionamientos para delitos similares al que le quitó la vida a Iryna”.
Los fiscales acusaron a DeCarlos Brown Jr., de 34 años, por el asesinato de Zarutska en la línea del tren “Lynx Blue Line” de Charlotte.
El Senado aprobó, entre otras, una enmienda del senador Berger que establece la inyección letal como método predeterminado de ejecución en Carolina del Norte. Además, obliga al Departamento de Corrección a usar métodos alternativos como el pelotón de fusilamiento si la inyección letal queda impedida.
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Libertad bajo fianza
El HB 307 elimina los compromisos escritos de comparecencia que permitían a los acusados evitar la fianza en efectivo.
Las personas arrestadas por delitos violentos solo podrán ser liberadas con fianza asegurada o bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Aplicaría para quienes enfrentan su primera o segunda ofensa, o condenados por tres o más delitos menores de Clase 1 o superiores en los últimos 10 años.
Evaluaciones de salud mental
El proyecto también establece que los jueces y magistrados deben ordenar evaluaciones de salud mental. Se realizarían a imputados de un delito violento que hayan sido internados involuntariamente en un centro de salud mental en los últimos tres años.
Además, el juez deberá ordenar una evaluación de salud mental si hay indicios de que el acusado atraviesa una crisis de salud mental.
En ambos casos, el juez o el magistrado podría someter a la persona a un confinamiento involuntario en un centro de salud mental.
Otras provisiones
- Asigna fondos para contratar a 10 fiscales adjuntos adicionales en el condado de Mecklenburg, donde se encuentra Charlotte.
- Exige a los funcionarios judiciales revisar y considerar los antecedentes penales de un acusado antes de decidir las condiciones de su liberación previa al juicio
- Requiere hallazgos de hecho por escrito que expliquen cómo los funcionarios judiciales determinaron dichas condiciones en cada caso
- Permitiría al presidente de la Corte Suprema de Carolina del Norte o al juez principal del tribunal de distrito iniciar procedimientos para suspender a magistrados.
Opiniones encontradas sobre la medida
La propuesta ha generado reacciones divididas entre sus defensores y críticos, más allá de las discusiones por los legisladores.
La Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte apoyo la medida en una ponencia en el Comité Judicial del Senado.
“Es un buen primer paso para garantizar que quienes en nuestras comunidades padecen enfermedades mentales estén en hospitales psiquiátricos y no en cárceles, y que los delincuentes peligrosos estén en prisión y no en las calles”, dijo Eddie Caldwell, en representación de la asociación.
Críticos como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU) advirtieron que la infraestructura estatal de salud mental está insuficientemente financiada. Esto podría dejar a los acusados sin atención oportuna.
“A menos que el sistema de salud mental esté completamente financiado, el proceso de internamiento involuntario no lleva a ninguna parte. No contamos con los servicios para atender a estas personas”, dijo Liz Barber de ACLU.
Qué sigue
El gobernador Josh Stein ahora recibe la medida en su escritorio y puede decidir si firmarla, vetarla o permitir que se convierta en ley sin su firma.
Si el gobernador decide vetar el proyecto, la Asamblea General puede anular el veto con una mayoría de tres quintos de los votos.
De ser aprobado, el proyecto se convierte en ley y entra en vigor el 1 de diciembre de 2025.
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