El presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que restablece la aplicación de la pena de muerte a los crímenes capitales cometidos por inmigrantes indocumentados y al asesinato de agentes de la ley.
La medida titulada “Restaurando la Pena de Muerte y Protegiendo la Seguridad Pública” fue firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025.
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¿Qué son los delitos capitales?
En los Estados Unidos, los delitos castigados con la pena de muerte por el gobierno federal se denominan delitos capitales.
Estos incluyen:
- Asesinato: El asesinato es un delito capital federal en muchas jurisdicciones.
- Traición: La traición es un delito capital según la ley federal.
- Espionaje: El espionaje es un delito capital bajo la ley federal.
- Tráfico de drogas a gran escala: El tráfico de drogas a gran escala es un delito capital según la legislación federal.
Aunque estos delitos son aplicables para la pena de muerte, nadie ha sido ejecutado por un delito que no sea asesinato desde que la pena de muerte se legalizó en el 1976.
Esta nueva orden ejecutiva ha generado preocupación al dejar abierta la posibilidad de que las personas sin estatus legal enfrenten la pena de muerte por delitos distintos al asesinato.
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Lo que la orden ejecutiva dice textualmente sobre los inmigrantes:
“Además de buscar la pena de muerte cuando sea posible, el Fiscal General deberá, siempre que sea conforme con la ley aplicable, perseguir la jurisdicción federal y solicitar la pena de muerte, independientemente de otros factores, para cada crimen capital federal que involucre:
(i) El asesinato de un oficial de la ley; o
(ii) Un crimen capital cometido por un extranjero ilegalmente presente en este país.
El Fiscal General alentará a los fiscales generales estatales y a los fiscales de distrito a presentar cargos capitales estatales por todos los crímenes capitales, prestando especial atención a los crímenes descritos en los incisos (i) y (ii), independientemente de si el juicio federal resulte en una sentencia capital”.
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¿Qué otros cambios introduce la orden?
- Revisión de sentencias conmutadas:
El Fiscal General también llevará a cabo una revisión de las sentencias de muerte conmutadas por la administración Biden. El expresidente perdonó la vida a 37 de los 40 prisioneros en el corredor de la muerte federal.
Se evaluarán las condiciones de encarcelamiento de estos criminales para que estén en “condiciones que sean consistentes con la monstruosidad de sus crímenes y las amenazas que representan”.
Además, busca que se considere si deben ser juzgados nuevamente a nivel estatal por crímenes capitales. Esto podría derivar en nuevas penas de muerte a nivel local.
- Apoyo a los estados para ejecutar la pena de muerte:
La orden también asegura que los estados que todavía permiten la pena de muerte cuenten con el suministro adecuado de medicamentos para las ejecuciones.
Actualmente, hay 27 estados que legalizaron la pena de muerte, incluyendo Carolina del Norte.
- Esfuerzos para anular precedentes restrictivos de la Corte Suprema:
Instruye al Fiscal General de buscar la anulación de precedentes de la Corte Suprema que restrinjan la aplicación de la pena de muerte.
Esto incluye desafiar fallos judiciales que imponen límites legales a las ejecuciones tanto a nivel estatal como federal.
El objetivo es restaurar una mayor discreción para las autoridades y el poder judicial al imponer sentencias de muerte.
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