Dos senadores de Carolina del Norte introdujeron el 21 de marzo, un proyecto de ley que entre otras cosas, obligaría a que los oficiales de ley en el estado actúen como agentes de Inmigración bajo la expansión del programa 287(g).
Los detalles
De nueve páginas, la propuesta SB 341: “Cumplimiento de la Inmigración por parte del Gobierno”, es la propuesta hermana de la HB 135 que tiene el mismo nombre y que fue presentada el 21 de febrero en la Cámara de Representantes del estado.
Esta pieza legislativa indica que el Secretario del Departamento de Seguridad Pública deberá realizar un acuerdo con el Director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para permitir que “oficiales estatales designados desempeñen funciones de cumplimiento de la ley de inmigración” a través de la activación del programa 287(g).
La SB 341 también busca enmendar la ley estatal y prohibir el uso de documentos de identificación comunitarios como el Faith Action ID.
Además prohíbe que las universidades implementen políticas que limiten o restrinjan la aplicación de la ley federal de inmigración.
Los patrocinadores del proyectos son los senadores republicanos Norman Sanderson (Dist. 2- Carteret, Crawen y Pamlico) y Danny Earl Britt, Jr. (Dist.13- Columbus y Robeson).
En el pasado Sanderson fue el autor o copatrocinador de otras propuestas antiinmigrantes como la SB 145 (propuesta que tiene el mismo objetivo que la HB 135 y la SB 341) y fue aprobada en el Senado aunque no llegó a debate en la Cámara de Representantes.
La propuesta asimismo pretende establecer que la Asamblea General del estado límite los fondos para las ciudades, condados o municipio, así como a los departamentos de policía local o del alguacil, cuando incumplan con las leyes locales de inmigración.
En cuanto a estas se refiere son las leyes que prohíben las ciudades santuario, la aprobación de ordenanzas locales para aceptar documentos de identidad que no son aceptados por el estado como la matrícula consular, y llegado el caso, las identificación comunitarias, y violaciones al uso del E-Verify por parte de la gran mayoría de las empresas.
Castigo para ciudades
La SB 341 ordena al Fiscal General del estado crear un mecanismo para recibir e investigar las quejas de los ciudadanos que sospechan, “de buena fe”, que hay ciudades, municipios, fuerzas de orden o condados que violan las leyes estatales de inmigración. Las quejas pueden ser anónimas.
Como consecuencia, los fondos que son usados para la construcción de carreteras, desarrollo e infraestructura, etc, pueden dejar de percibirse por 12 meses o más.
Los ciudadanos también podrán usar cualquier otro recurso legal o equitativo como una medida cautelar cuando “crean”que una ciudad, condado o agencia de la ley esté incumpliendo la ley estatal de inmigración. El tribunal impondrá una sanción civil como resultado, además de ordenarle pagar hasta diez mil dólares ($ 10,000) por día sumado a los costos de abogado y tribunales.
La Oficina del Fiscal General del estado, igualmente deberá recibir e investigar las quejas de los ciudadanos que crean que las empresas están incumpliendo las leyes estatales con respecto al E-Verify. Igualmente, el SB 341 establece que las escuelas deberán usar este sistema al momento de contratar compañías.
Otras propuestas
El proyecto de ley tendrá la primera lectura el lunes 25 de marzo. Tras aprobarse irá al Comité de Reglas y Operaciones donde decidirán a qué otro comité (s) será enviada.
Con este ya son cinco los proyectos antiinmigrantes que durante la sesión larga se han presentado en la Asamblea General de Carolina del Norte.
Estas son:
HB 135: Cumplimiento de la Inmigración por parte del Gobierno
HB 244: Cumplimiento del contratista / subcontratista
HB 63: Ley de Protección de trabajadores de Carolina del Norte
HB 370: “Requerir colaboración de los alguaciles con ICE”, misma que obligaría a los alguaciles de Carolina del Norte a cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Esta propuesta cambiaría un estatuto de la ley actual, obligando a los alguaciles a verificar el estatus migratorio de los inmigrantes arrestados, ya no solo por un delito grave, sino por cualquier delito penal, incluyendo delitos menores de todo tipo como conducir sin una licencia, por citar alguno, entre otros detalles.