Carolina del Norte, Raleigh - Un juez federal del distrito uno del estado de Florida rechazó la petición de una medida cautelar para bloquear la que es conocida como "Sección 10" de la ley antiinmigrante de ese estado debido a un aspecto técnico.
La "Sección 10" de la ley, establece que transportar personas a Florida, sin permiso migratorio, sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.
Un diácono católico que lidera una organización sin fines de lucro se unió a otros demandantes en una solicitud de medida cautelar preliminar.
La solicitud, se presentó en el sur de Florida por abogados que representan a migrantes y defensores de derechos.
El diácono se dedica al transporte de inmigrantes desde Georgia hasta los servicios de inmigración en Florida. Actualmente sabe que está en peligro de enfrentar posibles consecuencias legales en el estado de Florida.
Te contamos:
¿Cuándo entra en vigor la ley antiinmigrantes en Florida?
Caso en espera
La solicitud busca evitar acciones legales mientras progresa una demanda del mes pasado que impugna la constitucionalidad de la nueva ley antiinmigrante en Florida.
“El juez en cierto modo puso el caso en espera mientras llevamos a cabo la notificación a todas las partes involucradas”. Fue lo que dijo Paul Chavez, abogado del centro legal Southern Poverty Law Center, a Enlace Latino NC.
¿Por qué rechazó el juez la moción?
Poco después de la presentación de la moción, el juez federal de distrito Roy Altman rechazó la solicitud debido a que el gobernador Ron DeSantis y otros acusados, incluyendo fiscales estatales, no habían sido notificados adecuadamente sobre la moción.
El juez indicó que los grupos defensores de los derechos civiles tendrán la oportunidad de volver a presentar la solicitud en el futuro.
Otra moción presentada por las organizaciones busca que los individuos demandantes puedan utilizar solamente sus iniciales en el caso para proteger su identidad.
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¿Qué busca la demanda contra la Sección 10?
La demanda en sí se enfoca en las disposiciones que penalizan transportar a Florida a individuos que podrían haber ingresado a los Estados Unidos de forma ilícita y que no han sido “inspeccionados” por el gobierno federal.
La denuncia afirma que es inconstitucional que un estado regule de forma unilateral la inmigración federal y castigue penalmente a las personas sin previo aviso.
También dice que el uso por parte de Florida del término "inspección" no es coherente y es inconstitucionalmente ambiguo.
“La esperanza es que al final el juez deba prohibir permanentemente la implementación de la ley”, dijo Chavez.
Quiénes se unieron a la demanda
La demanda fue presentada en el tribunal federal de Miami por:
- El Southern Poverty Law Center
- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
- La ACLU de Florida
- Americans for Immigrant Justice
- American Immigration Council
Las organizaciones nombradas se unieron en oposición al gobernador de Florida, Ron DeSantis, la fiscal general del estado, Ashley Moody, y el fiscal estatal, Nicholas B. Cox.
La demanda introducida por los grupos defensores de derechos es en representación de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida. Así como de otros grupos e individuos, según información registrada en la corte.
María Elena Valdivia, líder de la sucursal de Pierson de la Asociación de Trabajadores Agrícolas, dijo a Enlace Latino NC que seguirán buscando maneras de demandar para poder erradicar la ley.
“Seguiremos luchando en contra de la ley antiinmigrantes", dijo
"Se pueden comunicar con cualquiera de estas organizaciones para poder agregar su historia o agregarlos a demandas que seguiremos trabajando en más formas de demandar esta ley para poderla erradicar”, añadió.
Repercusiones de la Sección 10 de la ley
Según la sección 10 de la ley antiinmigrante en la Florida, podría considerarse un delito de tercer o segundo grado el transporte de individuos que hayan ingresado ilegalmente al país y no hayan sido inspeccionados por las autoridades federales desde su ingreso.
“La comunidad activista de derechos de los inmigrantes en Florida teme que esto conduzca a un perfil racial, ya que los agentes en la calle, por supuesto, no tienen la competencia para determinar el estatus migratorio”, dijo Chavez.
La inspección, en la mayoría de los casos, ocurre en el momento del ingreso a la frontera, lo que plantea interrogantes sobre cómo se aplicaría retroactivamente en casos posteriores.
Chavez explicó que esto podría dar lugar a una amplia gama de situaciones, incluyendo a personas que inicialmente entraron de manera ilegal pero luego regularizaron su estatus migratorio. En estos casos se encuentran solicitantes de asilo, beneficiarios de estatus de Protección Temporal (TPS) o receptores de DACA, explicó Chavez.
Estar en alerta y tener un plan
Valdivia alertó a los inmigrantes a que mantengan los documentos a la mano. También a que identifiquen un plan para sus hijos en caso de que sucediera una redada o algún tipo de deportación inesperada.
Asimismo, hizo un llamado a los senadores y representantes del estado de Florida a que “se pongan la mano en el corazón”.
“La mayoría de ellos se dicen provida, profamilia y cristianos y vean en realidad el daño tan grande que le están haciendo a los niños, a los ciudadanos de este estado y dejen de hacer este tipo de leyes que solamente perjudican a la familia y también la economía”, añadió Valdivia.