Carolina del Norte, Raleigh - A partir de hoy 1 de julio del 2023, entra en vigor la ley antinmigrante de Florida SB 1718, promovida por el gobernador Ron DeSantis.
Con gran incertidumbre, temor y preguntas sobre cómo se aplicará la ley, el abogado de inmigración Adriel Orozco, en charla virtual realizada por AMEXCAN el jueves 29 de junio, analizó la ley e hizo recomendaciones para la comunidad indocumentada en Carolina del Norte que piensa viajar a la Florida.
"Si decide viajar, haga un plan de emergencia, consulte con un abogado y conozca sus derechos al interactuar con la policía", explicó.
Orozco señaló que las personas tienen el derecho de guardar silencio y no responder a la pregunta sobre su estatus migratorio. "Además", dijo, "puede negarse a firmar cualquier documento si no ha consultado con un abogado".
Orozco señaló que basado en reportes que se han recibido la policía ya estuvo deteniendo a personas antes que la ley entre en vigor.
Entre otras disposiciones, la ley SB 1718 no reconoce las licencias de conducir. Tampoco las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a "inmigrantes no autorizados". Además, establece que transportar personas a Florida, sin permiso migratorio, sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.
Asimismo, prohíbe financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado. Además obliga a los hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes. Incluso cuando son atendidos en emergencia. Obliga la verificación del estatus migratorio de los empleados si la empresa tiene 25 o más trabajadores.
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Transporte, criminalización de las personas indocumentadas
La ley criminaliza el transporte de personas indocumentados para la Florida y fija las penas severas. En caso de que sea la primera vez y transporte menos de cinco inmigrantes, recibirá una acusación distinta por cada inmigrante indocumentado que transporte. Podría recibir hasta 5,000 dólares de multa (en vez de cárcel) o cinco años de cárcel por cada acusación.
El castigo puede incluir hasta 10 mil dólares de multa, en vez de cárcel. También puede ser 15 años de cárcel para cualquier persona que incurra por segunda vez, transporte a cinco o más indocumentados en un "único episodio". Aplica igualmente a quienes introduzcan en el estado a un menor indocumentado (menor de 18 años).
Dentro de los grises de la ley, Orozco indicó que no hay excepciones para el transporte público. Lo que incluye avión, autobuses, o taxis. "Hay que tener cuidado porque la ley tiene muchos vacíos de cómo se implementará", señaló. "Hay incertidumbre en el transporte público y no se especifica cómo se cumplirá en esta área", señaló.
Matrimonios mixtos
De acuerdo con el análisis de Florida Policy Institute, unos 130,000 inmigrantes indocumentados son cónyuges de algún ciudadano de los Estados Unidos residente en Florida.
Según la ley, un cónyuge con estatus legal en el país, puede ser acusado de un delito de tercer grado por salir de Florida con su esposo o esposa y regresar luego juntos a su casa.
Trabajadores rurales y sus acompañantes
Entre 150. 000 y 200.000 , según Florida Policy Institute, trabajadores rurales temporales inmigrantes que viajan cada año (a menudo junto con sus familias) hasta Florida desde otros estados para trabajar.
Un 47 % de los trabajadores rurales y afines de Florida son inmigrantes indocumentados. Según la nueva ley de Florida, cualquier persona que transporte a los trabajadores indocumentados hasta Florida, como por ejemplo, algún familiar, amigo, empleador o colega, podría ser acusado de un delito de tercer grado.
Los trabajadores rurales suelen compartir vehículos o formar caravanas de pequeños grupos durante el trabajo de temporada. Si una persona conduce un vehículo hasta el lugar de trabajo con cinco o más colegas indocumentados, incluso una sola vez, podría ser acusada de un delito de segundo grado.
Atención médica
La ley dificulta el acceso de los indocumentados a la atención médica, al hacer obligatorio el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid.
"Lo importante es que no es requerido contestar esa pregunta en los hospitales, ni tampoco es requerido que en los formularios se complete sobre su estatus migratorio. Hay que colocar decido no responder", aconsejó Orozco.
El abogado, indicó que la información recopilada no se va a transmitir a los agentes de inmigración. "Esta se va a usar para el reporte que van utilizar los hospitales 4 veces al año", explicó.
Además, amplió Orozco, este informe se utilizará para saber cuántas personas indocumentadas están recibiendo cuidado médico, cuáles son los gastos y cuál es el impacto en las arcas del estado.
"Muchos creen que el estado de Florida utilizará esta información para demandar al gobierno nacional sobre los gastos en materia de salud de las personas sin papeles" explicó.
Verificación del estatus migratorio de los trabajadores
La llamada ley SB 1718, también obliga a las empresa de más de 25 empleados a usar el programa E-Verify para verificar el estatus migratorio de cada uno de los trabajadores.
"Los empleadores que usen el programa, serán multados e incluso, pueden perder sus licencias", comentó Orozco.
Sobre este tema, el abogado indicó que que la medida no es retroactiva, pero algunas empresas, por temor o desconocimiento ya lo están aplicando y se han presentado despidos.
Licencias de conducir e identificaciones comunitarias
Entre otras disposiciones, la ley SB 1718 no reconoce las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a "inmigrantes no autorizados". Además, establece que transportar personas a Florida, sin permiso migratorio, sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.
Asimismo, prohíbe financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.