Carolina del Norte, Raleigh - Obligar a los alguaciles de Carolina del Norte a cooperar con el ICE será una de las principales prioridades de los republicanos si obtienen la supermayoría legislativa en las elecciones el 8 de noviembre.
El tema de inmigración volvió a estar en el centro de la escena de la campaña política en Carolina del Norte. Ello debido al arresto de los hermanos Arturo Marin-Sotelo y Alder Alfonso Marin-Sotelo. Los hermanos están acusados por el asesinato de Ned Byrd, oficial del alguacil del condado de Wake hace unas semanas.
El senador federal Thom Tillis y el congresista Ted Budd, candidato al Senado federal, enviaron una carta conjunta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En la carta solicitan que se investigue el estatus migratorio de los hermanos.
"Sobre la base de la información pública, tenemos razones para creer que uno o más de los hermanos Marin-Sotelo pueden estar en el país ilegalmente". Fue lo que escribieron Budd y Tillis.
"Esto plantea preguntas significativas sobre cómo entraron en el país y por qué pudieron permanecer en los Estados Unidos. Además de si una aplicación robusta de la ley de inmigración los habría detenido antes y evitado la muerte del oficial Byrd", señalan.
Legislación federal y estatal
En una mesa redonda sobre inmigración realizada el 31 de agosto, Destin Hall, representante republicano, afirmó que, si ganan el control de la Asamblea General una de las prioridades legislativas en el 2023 será mover un proyecto similar a la SB 101.
El proyecto SB 101 busca obligar a los alguaciles en el estado a colaborar con el ICE.
La propuesta, aprobada en ambas cámaras legislativas esta primavera, fue vetada por el gobernador Roy Cooper.
En la mesa redonda también participaron el presidente de la Cámara de Representantes Tim Moore, legisladores estatales y varios alguaciles de Carolina del Norte.
Tanto Budd como Tillis expresaron que apoyan una legislación federal para permitir que las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes previamente liberados que están en el país indocumentados puedan demandar a los municipios o condados que los liberaron.
Tillis animó a los legisladores estatales a adoptar una legislación similar en Raleigh.
Veto del gobernador Cooper
Por ahora los representantes republicanos han fracasado en su intento de anular el veto del gobernador a la SB 10, pero esto podría cambiar luego de las elecciones de noviembre.
Los republicanos necesitan ganar tres escaños en la Cámara de Representantes del estado y dos en el Senado del estado para obtener la mayoría a prueba de veto.
Informe
La reacción de los representantes y senadores republicanos de Carolina del Norte era de esperarse.
"Estamos en año electoral y que mejor que retomar el tema de la inmigración como caballo de batalla para seguir estigmatizando a nuestra comunidad". Fue lo que mencionó a Enlace Latino NC, Antelo Salazar presidente de El Colectivo NC, una coalición de organizaciones y grupos de base en Carolina del Norte.
"Lamentablemente lo que ocurrió es un hecho aislado que enluta a toda la comunidad y que no debió ocurrir. Es aprovechado por los políticos para seguir creando polarización", indicó Salazar.
Esta semana una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, (PNAS, por sus siglas en inglés), concluyó que contrariamente a la percepción pública, las tasas de arresto por delitos graves son considerablemente más bajas entre los inmigrantes indocumentados en comparación con los inmigrantes legales y los ciudadanos estadounidenses nacidos". Aunque el reporte se basa en el estado de Texas, otras investigaciones nacionales coinciden con estos resultados.
"Nuestras conclusiones nos ayudan a entender porque los programas de expulsión de inmigrantes más agresivos no han cumplido sus promesas de reducción de la delincuencia y es poco probable que lo hagan en el futuro".