Carolina del Norte, Raleigh – Organizaciones de derechos civiles de Carolina del Norte ya plantearon la primera demanda contra los nuevos mapas electorales, a pesar de que la Asamblea General aún no toma una determinación.
La demanda estatal contra los mapas electorales fue presentada en la Corte Superior del Condado de Wake por la Coalición del Sur por la Justicia Social (SCSJ, por sus siglas en Inglés), en representación de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en Inglés), Common Cause y votantes individuales.
La representación está en manos de la firma de abogados Hogan Lovells.
Trazado de los mapas electorales con intereses político-partidistas
La decisión de desafiar el proceso de la legislatura por parte de los grupos de derechos civiles no sorprende.
Así lo advirtieron las mismas organizaciones en agosto anterior, cuando inició el proceso en los comités de Redistribución Electoral.
En esa oportunidad, Ana Blackburn, representante de NAACP Carolina del Norte, dijo a Enlace Latino NC que las organizaciones estaban listas para acudir a los tribunales,
Esto, en caso de que la mayoría republicana manipulara una vez más el trazado de los mapas con intereses político-partidistas.
“Estamos preparados. Hemos ido a la Corte y siempre hemos ganado. Nuestra estrategia no cambia. Si hacen algo irregular, cualquier criterio que quieran imponer pasa silenciarnos, ahí estaremos batallando”. Fue lo que manifestó Blackburn.
Blackrburn recordó que, durante la última década, los jueces determinaron que los mapas electorales aprobados y utilizados para determinar puestos de elección popular fueron manipulados con criterios raciales y partidistas en la legislatura.
Mapas electorales: "impacto devastador"
Por medio de un comunicado de prensa, los grupos civiles afirmaron que los mapas que pretende aprobar el partido Republicano, en control de la legislatura, podrían tener un” impacto devastador en la representación” de los grupos étnicos minoritarios, particularmente, de los afroamericanos.
Los demandantes aseguran que la redistribución propuesta por los republicanos violenta las leyes federales y estatales; así como también violenta los criterios emitidos por la Corte Suprema de Carolina del Norte sobre cómo dibujar mapas constitucionales.
Un elemento central de la demanda, explicaron los grupos civiles, es “la negativa de la Legislatura a incluir datos raciales en sus criterios de redistribución de distritos para implementar un proceso llamado "racialmente neutral".
Datos raciales
Cuando los republicanos aprobaron en agosto los “criterios de redistribución” acordaron que “los datos que identifican el grupo étnico de los votantes no se utilizarán en la construcción o consideración de los nuevos distritos electorales”.
Sin embargo, la Ley Federal de Derechos Electorales de 1965 y la ley estatal vigente requiere que la legislatura utilice datos raciales antes de trazar los distritos.
"Una vez más, los líderes estatales de redistribución de distritos han fallado a los habitantes de Carolina del Norte al rediseñar los distritos electorales para obtener beneficios políticos y privar a los votantes del color de sus derechos constitucionales a una representación política justa". Fue lo que declaró Allison Riggs, representantes de SCSJ.
Garantizar representatividad
Deborah Dicks Maxwell aboga porque el resultado del proceso de redistribución garantice proporcionalidad y representatividad a las minorías étnicas en el estado. Dicks Maxwell es presidenta del la NAACP de Carolina del Norte.
"El proceso de redistribución de distritos supuestamente 'ciego a la raza' de los legisladores está manipulado para reducir la fuerza de nuestros votos; silenciar nuestras voces y negar décadas de lucha y sacrificio por mapas más justos", dijo.
Medida cautelar
Junto a la demanda estatal, los grupos civiles presentaron una medida cautelar, solicitando a los jueces bloquear la implementación de los mapas que, eventualmente, impongan y aprueben los legisladores republicanos.
Los demandantes pretenden que se reconozca que “el proceso de redistribución de distritos de 2021 para dibujar mapas legislativos violó una ley bien establecida”, y requiere que los legisladores “sigan un proceso constitucional”.
Además, las organizaciones solicitaron una “orden judicial preliminar” para retrasar las elecciones primarias de marzo de 2022. Buscan así ganar tiempo para que los tribunales puedan revisar los mapas que, finalmente, apruebe la legisaltura.
Impacto en votantes de color
Tom Boer, socio de Hogan Lovells, recordó que la Constitución de Carolina del Norte, así como las leyes estatales y federales, “prohíben los planes de redistribución de distritos que impactan desproporcionadamente a los votantes de color”.
“Estamos buscando una extensión de los plazos de presentación de candidatos para que los tribunales tengan tiempo de revisar los mapas finales (…) . Para que todos los votantes tengan la oportunidad de que sus candidatos de elección se presenten a cargos públicos”, indicó Lovells.
"Demandados legislativos”
De acuerdo con la demanda, los legisladores republicanos Phil Berger, presidente del Senado estatal, y Tim Moore, presidente de la Cámara de Representantes, figuran como los “demandados legislativos”.
A ellos se suman los senadores Ralph Hise, Warren Daniel y Paul Newton, así como el representante Destin Hall, quienes presiden los comités de Redistribución.
La demanda contra los mapas electorales plantea, además, que los legisladores estatales “retrasaron innecesariamente el proceso de redistribución”; dejando a las comunidades o minorías étnicas virtualmente sin tiempo para elegir a sus candidatos.
“Los votantes se verían privados de la oportunidad de trabajar colectivamente para garantizar que los candidatos elegidos puedan postularse en los nuevos distritos, con el inminente período de presentación del 6 al 17 de diciembre de 2021 solo exacerba una línea de tiempo ya comprimida”, argumentaron los grupos.