Decenas de organizaciones y empresas nacionales y locales pidieron al gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper, que vete el proyecto de ley antiinmigrante HB 370 que fue aprobado el 20 de agosto en la Asamblea General. 

En cartas separadas 70 organizaciones nacionales, 40 grupos y 80 empresas de Carolina del Norte exhortaron al gobernador para que vete este proyecto de ley, que obligaría a todos los alguaciles en el estado a ayudar a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a detener y deportar a miembros de la comunidad o de lo contrario podrían ser destituidos.

Las organizaciones dicen que el HB 370 dañaría a los habitantes de Carolina del Norte al propagar el miedo dentro de las comunidades de inmigrantes, acelerar aún más la máquina de deportación del gobierno federal y subvertir la voluntad de los votantes.

El proyecto de ley 370 de la Cámara de Representantes, que finalmente fue aprobado por ambas cámaras de la Asamblea General, requerirá que las cárceles del condado cumplan con la solicitud de los oficiales federales de inmigración para mantener a alguien en la cárcel, incluso si es elegible para quedar en libertad bajo la ley de Carolina del Norte.

Las llamadas «solicitudes de detención de ICE» a menudo carecen de causa probable y pueden conducir a la detención prolongada de personas sin una orden judicial, en violación de la Cuarta Enmienda a la Constitución.

«Al vetar este descarado ataque contra los alguaciles y los votantes de Carolina del Norte que han dejado en claro que no quieren que ICE aterrorice a sus comunidades, el gobernador Cooper puede enviar un mensaje importante de que apoya tanto la aplicación de la ley local como los derechos de todas las comunidades», dijo Susanna Birdsong, asesor principal de políticas de la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte, uno de los grupos firmantes.

«Este proyecto de ley peligroso despoja a las fuerzas del orden local de su capacidad para tomar decisiones en el mejor interés de la seguridad pública, obligando a todos los condados de Carolina del Norte a desviar recursos para hacer las órdenes de la fuerza de deportación del presidente Trump, lo quieran o no. El gobernador Cooper debería poner fin a esta agenda extrema, defender la aplicación de la ley local y vetar este proyecto de ley sin demora ”.

En una carta separada a Cooper, ACLU -NC explicó las preocupaciones constitucionales de exigir que los alguaciles cumplan incondicionalmente con todas las solicitudes de detención recibidas de ICE, cuya historia presenta un patrón preocupante de arrestos ilegales.

Claro ataque a los alguaciles afroamericanos

El año pasado, los votantes de los dos condados más grandes de Carolina del Norte, Mecklenburg y Wake, eligieron a los alguaciles que hicieron campaña con promesas, ahora cumplidas, para terminar su participación en el programa federal 287 (g), una asociación con oficiales federales de inmigración que ha llevado a la deportación.

Los alguaciles, también elegidos el año pasado, en los condados de Buncombe, Forsyth, Guilford y Durham también anunciaron que ya no mantendrán a inmigrantes encarcelados por medio de una orden de detención administrativa del ICE.

Esperan decisión

Tras varios meses de debate en la legislatura estatal, la tarde de hoy 20 de agosto la Cámara de Representantes de Carolina del Norte ratificó la propuesta HB 370.

Con una votación de 62 a 53 la propuesta fue enviada con un llamado especial al gobernador Roy Cooper, quien tiene diez días hábiles para firmarla y que se convierta en ley, no firmarla y que se convierta en ley sin su firma o vetarla.

Si la veta, la propuesta regresará primero a Cámara de Representantes donde se necesitan las 3/5 partes de los votos, es decir 72 de los 120, para anular el veto. Si no tienen los votos la propuesta muere.


Para leer las cartas y organizaciones firmantes:

 

Comunicadora social-periodista colombiana. Emprendedora y cofundadora de Enlace Latino NC donde es la directora ejecutiva.

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