Congresistas republicanos de Carolina del Norte introdujeron una propuesta de ley para que víctimas de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados, puedan demandar ciudades, condados y estados que no cumplan las órdenes de deportación de ICE.
La propuesta de ley titulada “Justice for Victims of Sanctuary Cities Act of 2025” o Ley de Justicia para las Víctimas de Ciudades Santuario, es liderada en el Senado por el senador Thom Tillis, con el respaldo de otros nueve senadores, entre ellos el senador Ted Budd, también de Carolina del Norte.
En la Cámara de Representantes el proyecto es liderado por el representante Chuck Edwards, del Distrito 11, que abarca el oeste del estado.
“Durante demasiado tiempo, hemos visto a las jurisdicciones locales en Carolina del Norte y en todo el país ignorar las solicitudes legales de notificación y detención hechas por los agentes de ICE y, en cambio, liberar a criminales peligrosos en sus comunidades, poniendo en riesgo vidas inocentes”, dijo el Senador Tillis en un comunicado.
Tillis asegura, que está comprometido a trabajar con el presidente Trump para poner fin a la inmigración ilegal y luchar contra las ciudades santuario que priorizan las políticas imprudentes y sin ley sobre la seguridad pública.
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Condados considerados “jurisdicciones santuario”
De acuerdo, con un reporte del Centro de Estudios de Inmigración (CIS) actualizado el 7 de enero de 2025, los condados de: Buncombe, Chatham, Durham, Forsyth, Guilford, Mecklenburg, Orange, Wake y Watauga, operan como “jurisdicciones santuario”.
La organización indica, que las “jurisdicciones santuario” emplean protocolos locales que restringen o prohíben la cooperación con el Servicios de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que generalmente impiden que las fuerzas del orden cumplan con las “órdenes de detención” de ICE, para mantener a los inmigrantes indocumentados bajo custodia hasta que puedan ser entregados a la agencia.
A nivel estatal congresistas republicanos pasaron la Ley HB10, luego de anular el veto del entonces gobernador Roy Cooper, que obliga a todas las oficinas del alguacil en los 100 condados del estado a colaborar con ICE.
Con esta ley los alguaciles deben notificar al ICE 48 horas antes de liberar inmigrantes sin documentos acusados de crímenes o delitos violentos.
Qué busca el proyecto de ley
El proyecto de ley proporcionaría un recurso para las víctimas y las familias de las víctimas de delitos cometidos por un inmigrante ilegal.
“Cualquier persona, o un cónyuge, padre o hijo de dicha persona (si la persona ha fallecido o está permanentemente incapacitada), que sea víctima de un asesinato, violación o cualquier delito grave (según la definición del estado en el que ocurrió el delito), por el cual un extranjero haya sido arrestado, condenado o sentenciado a un período de prisión de al menos 1 año, puede iniciar una acción por daños compensatorios contra un estado o una subdivisión política de un estado, en el tribunal federal o estatal correspondiente, si dicho estado o subdivisión política fracasó”, dice la propuesta.
“Cuando las leyes no se aplican, ocurren tragedias prevenibles. Eso tiene que parar. Nuestro proyecto de ley pondrá sobre aviso a las ciudades sin ley y se asegurará de que hagan cumplir nuestras leyes y mantengan nuestras calles seguras. Me gustaría agradecer al Senador Tillis por liderar estos esfuerzos”, señaló el senador Budd.
Edwards reintroduce igual proyecto
El representante republicano Edwards que había propuesto este mismo proyecto de ley el año pasado, anunció mediante un comunicado el jueves 23 de enero, que lo había reintroducido y que el senador Tillis presentaría el proyecto acompañante en el Senado.
“Durante demasiado tiempo, las ciudades santuario han protegido a muchos de los casi 650,000 inmigrantes ilegales criminales en los Estados Unidos de enfrentar las consecuencias de sus crímenes violentos contra estadounidenses inocentes”, dijo Edwards.
Santuarios se quedarían sin fondos federales
En el comunicado de prensa del representante Edwards, se indica, que este proyecto de convertirse en ley retendría fondos federales de las ciudades santuario si continúan negándose a hacer cumplir la ley federal de inmigración y ponen en riesgo vidas estadounidenses.
El proyecto de ley también permitiría a la víctima o a la familia de la víctima presentar una demanda contra un gobierno estatal o local si la entidad no cumple con una solicitud de detención de inmigración legal hecha por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permitió que el inmigrante ilegal violento permaneciera en Estados Unidos y cometiera el delito.
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