Una persona sin dominio del inglés recibe una citación para presentarse ante una corte de Carolina del Norte. Pide el día libre en el trabajo, pierde esas horas de sueldo y llega a la audiencia. Pero si no hay un intérprete disponible, el caso no avanza: le dan otra fecha y tendrá que repetir todo el proceso.
Para Rudy Calderón, intérprete judicial certificado con certificación máster que vive en Durham, esa es precisamente la parte del conflicto que más le preocupa mientras los intérpretes contratistas del estado mantienen un paro progresivo para exigir mejores tarifas.
“Cada vez que un hispano, o cualquier persona que no domina el inglés, tiene una comparecencia en la corte y no se puede llevar a cabo porque no hay intérprete, le dicen: ‘Te damos otra fecha’. Para mí, esa es la injusticia”, dijo Calderón a Enlace Latino NC.
El intérprete señaló que las demoras pueden prolongar innecesariamente algunos casos. “No es raro en este estado que alguien tenga que presentarse tres veces seguidas sin poder declararse culpable, recibir su multa ni cerrar el caso”, afirmó.
Enlace Latino NC reportó anteriormente que el Comité para la Defensa de los Intérpretes de Carolina del Norte (NCIAC, por sus siglas en inglés) anunció una serie de paros escalonados tras la no inclusión de su solicitud de aumento de tarifas en el presupuesto estatal firmado por el gobernador Josh Stein.
Para entender mejor el trasfondo del conflicto y su impacto real, Enlace Latino NC habló con Rudy Calderón y Sarah T. Arredondo, ambos intérpretes judiciales con certificación Master.
De $40 la hora en 2007 a $45 hoy
Arredondo explicó que Carolina del Norte certificó a su primer grupo de intérpretes judiciales alrededor de 2000, cuando arrancó el programa estatal de certificación y profesionalización.
En 2007, el pago a los intérpretes certificados quedó fijado en $40 por hora. Años después, entre 2011 y 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre el sistema judicial de Carolina del Norte tras recibir quejas de que las personas con dominio limitado del inglés no estaban recibiendo los servicios de interpretación adecuados.
Esa investigación, dijo Arredondo, llevó a que se ampliara el tipo de procesos judiciales en los que se podía ofrecer interpretación sin costo para la persona.
Hacia el 2013, el Estado dividió la certificación en dos niveles —regular y “Master”, para quienes obtienen más del 80% en los exámenes orales— y fijó el pago de estos intérpretes en $50 por hora.
De ahí en adelante, según Arredondo, el pago prácticamente no cambió hasta 2022, cuando los intérpretes lanzaron una campaña por correo electrónico, exigiendo a la Oficina Administrativa de los Tribunales de Carolina del Norte (NCAOC) que aumentara su pago.
“Después de un mes o dos de diálogo y protestas, nos subieron $5 por hora”, contó Arredondo.
Actualmente, los intérpretes con certificación regular ganan $45 por hora y los que tienen certificación Master, $55.
“Estamos ganando menos ahora que antes”
Para Calderón, el aumento de 2022 llegó demasiado tarde para compensar años de tarifas congeladas mientras el costo de vida aumentaba.
“Lo que nos pagan no se ha mantenido a la par del índice de inflación. En otras palabras, estamos ganando menos ahora de lo que estábamos ganando antes”, dijo.
Calderón también señaló que, al ser contratistas y no empleados del Estado, los intérpretes no reciben beneficios como seguro médico, pensión, vacaciones pagadas o días por enfermedad, gastos que normalmente cubriría un empleador y que ellos deben asumir por su cuenta.
“No tenemos el seguro, una pensión, días de vacaciones pagadas, ni de enfermedad”, explicó.
Según Calderón, en el 2007 los intérpretes contratistas ganaban más por hora que quienes trabajaban directamente para el Estado. Pero mientras los empleados estatales sí recibieron aumentos a lo largo de los años, el pago de los contratistas se mantuvo casi inalterado.
Según Calderón, para mantenerse a la par de la inflación desde 2007, la tarifa de los intérpretes contratistas debería haberse duplicado en 2022. Sin embargo, dijo, lo que cobran actualmente equivale, en términos reales, a una tarifa de 2014.
Comparó también las tarifas de Carolina del Norte con las de otros estados. Según Calderón, en Virginia y Carolina del Sur los intérpretes ganan aproximadamente entre 65% y 70% más que en Carolina del Norte.

El paro no afecta a todos los casos en las cortes de Carolina del Norte
Aunque el paro ha generado preocupación entre la comunidad, Arredondo aclaró que no significa que los intérpretes contratistas hayan dejado de trabajar en todas las cortes del estado.
Según explicó, la protesta se está implementando de forma progresiva y se concentra únicamente en los casos penales y civiles del Tribunal Superior (Superior Court) y en los distritos judiciales que cuentan con intérpretes de planta: los condados de Buncombe, Mecklenburg, Union, Forsyth, Guilford, Durham, Wake, Orange, Chatham y Alamance.
Eso significa que los contratistas siguen cubriendo, por ahora, la mayoría de los casos del Tribunal de Distrito, el tribunal de menores —incluidos casos de delincuencia juvenil y maltrato infantil—, el tribunal familiar —custodia, divorcio y reparto de bienes—, delitos menores e infracciones de tránsito, casos de violencia doméstica, demandas de mínima cuantía, bodas ante un magistrado y casos de tutela y patrimonios ante el secretario del tribunal.
Si no hay avances, dijo Arredondo, las acciones podrían extenderse más allá de septiembre.
“Solo somos 40 abarcando 100 condados”
Más allá del pago, Calderón apunta a otro problema: son muy pocos los intérpretes certificados disponibles para cubrir todo el estado.
“Solo somos 40 abarcando 100 condados”, dijo.
Esos mismos intérpretes, explicó, también trabajan en el Tribunal Federal, ante la Comisión Industrial, en declaraciones bajo juramento y para bufetes privados, lo que a veces implica recorrer largas distancias para una sola asignación.
Calderón contó que un día antes de la entrevista había recorrido 426 millas de ida y vuelta para atender un solo caso. Y aunque el traslado consume buena parte del día, ese tiempo no se paga a la tarifa completa. Según Calderón, las horas de manejo se pagan a la mitad de la tarifa regular.
Esto significa que una asignación de pocas horas puede ocupar prácticamente toda una jornada entre el viaje de ida, el tiempo en la corte y el regreso, sin que el intérprete pueda facturar un día completo.
“Es casi una imposibilidad que recibamos un día de ocho horas. Lo común es que tal vez uno pueda [trabajar] cuatro o cinco horas en el día”, dijo.
Calderón afirmó también que una gerente de la división de servicios de interpretación informó por correo electrónico a funcionarios de varios condados de que el paro ya había afectado 15 juicios del Tribunal Superior. Si ese ritmo se mantiene, calcula, para noviembre podrían acumularse unos 45 casos sin procesar.
La falta de intérpretes puede generar años de retrasos
Arredondo también mencionó un caso reciente en el condado de Wake del que, según explicó, tuvo conocimiento a través de terceros y que ilustra lo que está en juego cuando una persona no tiene acceso oportuno a un intérprete.
“El señor estaba en la cárcel desde hacía tres años y luego celebraron el juicio. Lo declararon no culpable. Entonces esa es la demora de la justicia. Y eso también es un derecho constitucional: la celeridad procesal. Esos derechos se están vulnerando todos los días por falta de intérpretes, entre otras cosas”, dijo Arredondo.
Para los intérpretes entrevistados, la falta de profesionales puede generar mucho más que una audiencia pospuesta: también puede significar meses o incluso años de retrasos, múltiples comparecencias y pérdidas económicas para las personas que tienen que ausentarse del trabajo cada vez que regresan a la corte.
¿Necesita un intérprete en la corte? No debe contratarlo por su cuenta
Uno de los puntos que Arredondo insistió en aclarar es que el paro no elimina el derecho de una persona que no domina el inglés a recibir un intérprete gratuito en la corte.
Según explicó, ese derecho es parte del derecho civil federal: cualquier persona que entra al sistema judicial —ya sea como acusada, procesada, sospechosa, víctima o parte en un caso civil o penal— tiene derecho a un intérprete si su idioma preferido no es el inglés.
La misma protección aplica a personas sordas que usan lengua de señas o que tienen alguna discapacidad que les impide comunicarse.
“Si el idioma preferido no es el inglés, hablan otro idioma y prefieren comunicarse en ese idioma, tienen derecho a un intérprete. Igual que si una persona hablaba la lengua de señas o tenía alguna discapacidad que le impedía comunicarse o expresarse, es la misma idea. Entonces, es parte del derecho civil federal de los Estados Unidos”, explicó Arredondo.
De acuerdo con las Normas de Servicios Lingüísticos de las Cortes Estatales de Carolina del Norte, la Rama Judicial proporciona intérpretes a expensas del estado en los procesos judiciales civiles y penales cuando una parte interesada tiene un dominio limitado del inglés.
Por eso, dijo Arredondo, sería una violación de los derechos civiles exigirle a una persona que contrate a su propio intérprete cuando es la corte la que está obligada a proporcionarlo sin costo.
Además, las personas involucradas en un caso penal o civil y sus abogados no pueden contratar por cuenta propia a un intérprete para que desempeñe ese papel durante la audiencia, explicó Arredondo. Los intérpretes tampoco pueden aceptar ese tipo de pago.
Una razón importante es el conflicto de intereses. El intérprete judicial debe ser un profesional neutral e imparcial, cuya función es interpretar fielmente lo que se dice durante el proceso y no representar a ninguna de las partes.
Por eso, un intérprete contratado directamente por una persona involucrada en el caso o por su abogado no puede sustituir al intérprete que debe proporcionar la corte.
“Tengan cuidado con cualquier agencia o persona que diga lo contrario”, advirtió Arredondo.
Arredondo recomienda que cualquier persona que necesite un intérprete lo solicite para cada fecha de audiencia y que, si el tribunal no lo proporciona o eso retrasa el proceso, presente una queja formal para que la NCAOC lo investigue.
Conocer y hacer valer sus derechos lingüísticos
Para Arredondo, lo más importante que puede hacer la comunidad ahora mismo es conocer y exigir sus propios derechos lingüísticos.
“Cuando uno va a la corte, es importante hablar y decir que necesita intérprete, porque si no habla, todos van a pensar que entiende lo que se está diciendo. ¡Que no tenga vergüenza!”, dijo.
Arredondo insistió en que muchas personas no saben que tienen ese derecho y, por eso, terminan recurriendo a un familiar o a una amistad para que les interprete, en lugar de solicitar un intérprete judicial certificado.
“Más que todo, quiero que sepan que tienen ese derecho, porque muchos no se dan cuenta y piensan que tienen que traer a su familiar, a una amistad, a una persona que les pueda interpretar en la corte, porque no hay nadie ahí. Pero realmente tienen ese derecho a un intérprete judicial certificado, profesional, imparcial, que solamente está ahí para repetir lo que se dice y nada más”, dijo.
“Para asegurar que las cortes también sepan de su necesidad de intérprete, hay un formulario en línea, disponible en inglés, español y otros idiomas, para presentar la solicitud de intérprete el día de la corte. Muchas veces la persona tiene abogado, y entonces el abogado se encarga de presentar esa solicitud, pero cualquier persona del público también puede presentarla”, agregó.
“Y si la persona va a la corte, ha hecho saber que necesita un intérprete y no se lo dan, también hay un formulario para presentar una queja, porque es la única forma de que la oficina administrativa se dé cuenta. Hay que documentar cuando exista esa falta de servicios de interpretación; es muy importante”, dijo.
Arredondo aclaró además que tener un abogado bilingüe no sustituye el derecho a un intérprete judicial certificado.
Un abogado no puede actuar como abogado e intérprete a la vez, explicó, porque representa a una de las partes y eso genera un conflicto de intereses.
Recursos oficiales
- ¿Necesita un intérprete judicial? Haga clic en este enlace
- En este enlace haga la Solicitud de intérprete judicial
- Formulario de quejas sobre los servicios de idiomas
- Office of Language Access Services (OLAS): 919-890-1407 / OLAS@nccourts.org
¿Cómo puede la comunidad apoyar a los intérpretes judiciales?
Al preguntarle qué pueden hacer las personas que quieran apoyar a los intérpretes judiciales, Arredondo mencionó varias opciones.
Una de ellas es comunicarse con la Oficina de Acceso a Servicios Lingüísticos (Office of Language Access Services, OLAS), que forma parte de la Oficina Administrativa de los Tribunales, al 919-890-1407 o a OLAS@nccourts.org
También señaló que quienes quieran explorar la vía legislativa pueden comunicarse con sus representantes en la Asamblea General de Carolina del Norte para expresar sus opiniones sobre la importancia de los intérpretes judiciales y la necesidad de aumentar las tarifas que reciben.
Otra opción que mencionó es observar directamente lo que ocurre en las cortes. Arredondo explicó que las salas de audiencias están abiertas al público, con excepción de los procedimientos del tribunal de menores, y recomendó que se formen grupos de voluntarios para asistir y observar los procesos judiciales.
“Así pueden saber directamente qué sucede en los tribunales y documentar alguna falta en la provisión de servicios lingüísticos”, dijo Arredondo.
Mientras tanto, para Calderón, la discusión sobre el pago de los intérpretes no debería perder de vista a quienes esperan, a menudo durante meses, a que su caso pueda finalmente ser escuchado.
“Que alguien tenga que ir a la corte citado por el Estado y que el Estado diga: ‘lo siento, no hay intérpretes’, es algo bastante común. Para mí, esa es una injusticia”.



