Delito grave para inmigrantes indocumentados por conducir sin licencia, eliminación de matrículas como residentes de los estudiantes indocumentados en universidades públicas del estado, y aplicación del programa 287(g), son algunas disposiciones dentro de un paquete de leyes antiinmigrantes que firmó el gobernador de Florida Ron DeSantis.
Las dos leyes firmadas el jueves pasado por el gobernador republicano, establecen penas más severas y castigos para inmigrantes indocumentados que residen en el ‘Estado del Sol’.
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¿Qué disponen las leyes?
Pena de muerte para personas indocumentadas
La medida obliga imponer la pena de muerte a las personas indocumentadas condenadas por crímenes capitales, como el asesinato, en Florida.
La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó décadas atrás que las “sentencias obligatorias” y sin discreción del jurado eran inconstitucionales.
Creación de nuevos delitos estatales
La conducción sin licencia a un delito grave para inmigrantes indocumentados.
Asimismo, tipifica como delito el ingreso a Florida de indocumentados mayores de 18 años que entran al estado “después de entrar a Estados Unidos eludiendo o evitando el examen o la inspección de los agentes de inmigración”.
Las personas estarán sujetos a una pena carcelaria de nueve meses.
Eliminación de matrículas igualitarias para estudiantes
Se eliminan las matrículas como residentes de los estudiantes indocumentados en universidades públicas del estado.
Programa 287(g)
Las oficinas de los alguaciles locales tienen hasta abril para enrolarse en el programa federal 287(g) que concede autoridad a los agentes locales para realizar tareas propias de las agencias federales de inmigración.
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Junta Estatal de Aplicación de la Inmigración
Estará compuesta por el gobernador, el comisionado de agricultura, el fiscal general y el director financiero del estado.
Entre sus poderes, la nueva junta estaría facultada para proporcionar camas disponibles en prisiones de Florida al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para la detención de migrantes indocumentados.
También, coordinará acciones legales y de seguridad con agencias federales y dispondrá de un fondo de 250 millones de dólares para estimular la cooperación con ICE.
Además, elaborará un reporte anual que presente datos de la cooperación estatal y federal, así como de la capacitación de funcionarios estatales para ejercer funciones federales en materia migratoria.
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