Las familias que reciben asistencia federal para pagar su vivienda deberán cumplir con nuevos requisitos de verificación de ciudadanía o de estatus migratorio a partir del 14 de diciembre. El cambio también podría dejar sin ayuda a hogares en los que viven ciudadanos estadounidenses junto a familiares que no tienen un estatus migratorio elegible.
La regulación, publicada el 12 de noviembre por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), modifica las condiciones de acceso a programas como la Sección 8 y la vivienda pública. Exigirá verificar la elegibilidad migratoria de todos los integrantes de los hogares que reciben o solicitan asistencia, incluidos los niños ciudadanos estadounidenses.
En Carolina del Norte, aproximadamente 220 hogares de estatus migratorio mixto podrían verse afectados directamente por la eliminación de la asistencia prorrateada, según un análisis del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), basado en datos administrativos de HUD de 2024.
La cifra representa una pequeña proporción de los 102,430 hogares que recibían asistencia federal de vivienda en el estado, según el mismo análisis. Sin embargo, los nuevos requisitos de documentación también afectan a un grupo más amplio de beneficiarios.
El CBPP identificó 101,870 hogares en Carolina del Norte con al menos un ciudadano estadounidense sujeto a los nuevos requisitos de verificación. Esto no significa que todos pierdan sus beneficios ni que todos necesiten presentar documentación adicional.

¿Qué cambia para quienes ya reciben asistencia?
Hasta ahora, las familias de estatus migratorio mixto podían recibir asistencia federal para vivienda siempre que al menos uno de sus integrantes fuera elegible.
Por ejemplo, una familia formada por una madre y un hijo, ambos ciudadanos estadounidenses, y un padre indocumentado podía recibir ayuda para cubrir la parte correspondiente a los dos integrantes elegibles. El padre podía vivir con ellos, aunque no recibía asistencia.
Ese mecanismo se conoce como asistencia prorrateada.
Kate Woomer-Deters, abogada sénior del North Carolina Justice Center, explicó en entrevista con Enlace Latino NC que la nueva regulación elimina la posibilidad de mantener indefinidamente esa ayuda cuando uno de los integrantes no tiene un estatus migratorio elegible.
Las familias afectadas podrían tener que modificar la composición de su hogar para conservar la asistencia o enfrentar la pérdida del beneficio. La regulación contempla determinadas protecciones y períodos de transición para hogares que ya reciben ayuda.
El cambio no se aplica a quienes alquilan una vivienda privada sin participar en los programas federales cubiertos por la regulación.
Nuevos documentos y plazos para los beneficiarios
La nueva regulación también modifica el proceso de verificación para los ciudadanos estadounidenses que reciben asistencia.
Anteriormente, una declaración firmada de ciudadanía podía ser suficiente, aunque algunas autoridades de vivienda podían solicitar documentos adicionales.
Con las nuevas disposiciones, los beneficiarios deberán presentar pruebas de ciudadanía o de un estatus migratorio elegible.
Entre los documentos aceptados para comprobar la ciudadanía estadounidense se encuentran el certificado de nacimiento, el pasaporte estadounidense vigente y los certificados de naturalización o ciudadanía.
Los solicitantes también deberán completar las declaraciones y autorizaciones de verificación correspondientes.
Para las personas que ya reciben asistencia y no han presentado la documentación exigida, los plazos dependerán de su situación.
Los integrantes de familias de estatus migratorio mixto sujetos a la nueva verificación tendrán 90 días a partir del 14 de diciembre para presentar los documentos requeridos. En determinadas circunstancias, podrán solicitar extensiones de hasta 60 días adicionales.
Los demás beneficiarios que aún no hayan presentado las pruebas necesarias deberán presentarlas durante su próxima revisión anual o intermedia de ingresos y composición familiar, conocida como recertificación.
Quienes soliciten asistencia por primera vez tendrán que acreditar su elegibilidad durante el proceso de solicitud y verificación.
La regulación también establece que la documentación exigida a cada integrante debe presentarse una sola vez durante su participación continua en los programas cubiertos, salvo que corresponda una nueva verificación por otras circunstancias.

¿Qué puede pasar con las familias de estatus migratorio mixto?
Aunque las estimaciones identifican unos 220 hogares directamente afectados en Carolina del Norte, la pérdida de asistencia podría tener consecuencias importantes para quienes dependen de ella.
Catalina Amuedo-Dorantes, profesora de economía de la Universidad de California en Merced, explicó en respuestas enviadas por correo electrónico a Enlace Latino NC que perder el subsidio podría obligar a las familias a destinar una mayor proporción de sus ingresos al alquiler.
Entre las posibles consecuencias mencionó recortes en otros gastos esenciales, acumulación de deudas, mudanzas y viviendas compartidas con otros hogares.
También advirtió que algunas familias podrían verse obligadas a decidir que un integrante sin estatus elegible abandone la vivienda para preservar la asistencia de los demás.
Estos son riesgos potenciales de la regulación, no consecuencias que ya hayan sido medidas desde su aprobación.
Para los niños ciudadanos estadounidenses, perder la estabilidad de su vivienda también podría afectar otros aspectos de su vida cotidiana.
Amuedo-Dorantes señaló que las investigaciones sobre desalojos han documentado consecuencias en la asistencia escolar, en los cambios de escuela y en la continuidad educativa. Aunque esos estudios no evalúan directamente la nueva regulación, ayudan a comprender los posibles efectos de la inestabilidad habitacional.
La economista también explicó que el temor a compartir información migratoria puede desalentar a algunas familias de solicitar beneficios públicos, incluso cuando sus hijos tienen derecho a recibirlos.
¿Cuándo podrían perder la asistencia?
La regulación tiene prevista su entrada en vigor para el 14 de diciembre de 2026, pero eso no significa que las familias deban abandonar sus viviendas ese día.
Las autoridades de vivienda y los administradores responsables tendrán que notificar los nuevos requisitos a los beneficiarios correspondientes dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor.
Woomer-Deters explicó a Enlace Latino NC que las familias que no logren encontrar otra vivienda antes de que venza el plazo correspondiente tienen derecho a un proceso formal de desalojo en Carolina del Norte.
Sin embargo, advirtió que tener un desalojo en el historial puede dificultar considerablemente la búsqueda de una nueva vivienda, ya que muchos propietarios evitan alquilar a personas con ese antecedente.
Por eso, recomendó que las familias que crean que podrían verse afectadas comiencen a explorar otras opciones de vivienda con anticipación, aunque aclaró que no tienen que mudarse inmediatamente.
No tiene que compartir su estatus de inmigración con su arrendador
La abogada también recordó que, bajo las reglas actuales, los integrantes que no reciben asistencia no están obligados a revelar su estatus migratorio al propietario o a las autoridades de vivienda.
El National Housing Law Project recomienda consultar con un abogado antes de decidir si permanecer en una vivienda subsidiada o compartir información migratoria.
La regla final contempla procedimientos de revisión y ciertas posibilidades de aplazar temporalmente la terminación de la asistencia. Por eso, el vencimiento de un plazo para la documentación no equivale automáticamente a un desalojo.
Woomer-Deters señaló además que existen esfuerzos legales y legislativos para detener o retrasar la implementación de la regulación, aunque al momento de la entrevista no podía anticipar sus resultados.
Por ahora, las familias continúan bajo las disposiciones vigentes. La nueva regulación podría cambiar tanto la manera en que los beneficiarios demuestran su elegibilidad como las condiciones bajo las cuales algunos hogares pueden seguir recibiendo asistencia.

