Líderes comunitarios, organizaciones defensoras de los derechos civiles, funcionarios electos y personas afectadas participaron en la Audiencia del Pueblo sobre la Aplicación de las Leyes de Inmigración en Carolina del Norte, celebrada en Charlotte el martes 2 de septiembre.
La iniciativa nacional busca documentar las consecuencias de los operativos federales de inmigración y construir un registro público que sirva de base para futuras acciones de rendición de cuentas.
La audiencia reunió más de 25 testimonios de personas directamente afectadas para documentar el impacto de los operativos migratorios en las comunidades de Carolina del Norte.
Esta audiencia fue de carácter privado sin acceso a la cobertura por parte de los medios de comunicación, para proteger la privacidad de varios de los participantes.
¿Por qué en Charlotte?
Con esta audiencia, Charlotte se convirtió en la sexta ciudad del país en albergar este ejercicio de documentación, luego de eventos similares realizados en Minnesota, Illinois, California y Texas, con ciudades que fueron objetivo de operativos de la Patrulla Fronteriza en 2025.
Durante la conferencia de prensa realizada en la sede de la Coalición Latinoamericana, previa a la audiencia celebrada en otro lugar, los participantes coincidieron en que el objetivo fue dejar constancia de los efectos humanos, económicos y sociales de la denominada Operación Charlotte’s Web, realizada por la Patrulla Fronteriza en noviembre de 2025.
Un registro para exigir justicia
Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la organización nacional Hispanic Federation, explicó que el propósito de la audiencia es construir un expediente con testimonios de familias, pequeños empresarios, organizaciones comunitarias y personas afectadas por las acciones de las agencias federales de inmigración.
Ese registro, dijo, será entregado al nuevo Congreso con el objetivo de impulsar mecanismos de supervisión y garantizar el respeto a los derechos humanos en futuros operativos.
“Esperamos que este sea el inicio de un proceso de sanación, pero también de justicia, para decir claramente que lo ocurrido es inaceptable y no representa los valores democráticos de este país”, expresó.
Documentar violaciones de derechos humanos
El expresidente de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos (USCCR), Marty Castro, señaló que este esfuerzo busca escuchar a quienes vivieron directamente las consecuencias del operativo.
“Hoy vamos a desmontar Charlotte’s Web para conocer lo que realmente ocurrió aquí. Escucharemos a quienes fueron verdaderamente afectados por esta campaña de terror, que continúa dañando, traumatizando y separando a miembros de nuestra comunidad”, afirmó.
Castro recordó, que durante su gestión al frente de la USCCR, también se documentaron violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la administración de Obama y destacó que esos registros sirvieron posteriormente para impulsar investigaciones y acciones institucionales.
“Los documentos que estamos creando en cada ciudad donde se realizan estas audiencias servirán de base para exigir rendición de cuentas, ya sea a través de la Comisión o de un nuevo Congreso”, señaló.
Impacto más allá de la comunidad inmigrante
El representante estatal Jordán López, quien representa el Distrito 112 en la Asamblea de Carolina del Norte, aseguró que el operativo Charlotte’s Web tuvo repercusiones que trascendieron la comunidad inmigrante.
“Charlotte’s Web tuvo un impacto profundo en nuestra comunidad, desde los pequeños negocios hasta la asistencia escolar y las familias, independientemente de su estatus migratorio”, dijo López.
El legislador destacó que, según la información documentada sobre el operativo, la mayoría de las personas detenidas no tenían condenas penales y cerca de un tercio no contaba con ningún antecedente penal.
“Lo que vimos fue un operativo que afectó a padres, trabajadores, estudiantes, emprendedores y miembros esenciales de nuestras comunidades”, afirmó.
López también criticó que, mientras el sistema migratorio federal continúa sin reformas estructurales, el liderazgo legislativo estatal haya impulsado políticas migratorias punitivas en lugar de promover soluciones de fondo.
“La política migratoria merece soluciones serias, sustantivas y, sobre todo, humanas”, manifestó.
Escuelas marcadas por el miedo
Por su parte, Liz Monterrey Duval, integrante de la Junta Escolar de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS), relató que durante los primeros días del operativo visitó diversas escuelas para conocer de primera mano el ambiente en el que vivían los estudiantes, docentes y directores.
Dijo que percibió el cambio en esos planteles que antes se habían convertido en espacios seguros para muchas familias. “Las escuelas que normalmente estaban llenas de alegría y energía se sentían silenciosas. Había tristeza, confusión y miedo”, comentó.
Monterrey Duval recordó, que en uno de los días del operativo se reportó la ausencia de más de 30,000 estudiantes del CMS, aproximadamente 1 de cada 4 alumnos del distrito.
La funcionaria aclaró que esa cifra no correspondía únicamente a estudiantes inmigrantes, sino que reflejaba el impacto generalizado que el operativo tuvo en toda la comunidad escolar.
Al mismo tiempo, destacó la respuesta de educadores, padres de familia y organizaciones comunitarias que trabajaron para apoyar a los estudiantes durante esos días.
Más de mil reportes durante el operativo
Por su parte, Stefania Arteaga, codirectora ejecutiva de Carolina Migrant Network, explicó que la organización opera desde 2017 una línea comunitaria para reportar actividades de ICE y de otras agencias migratorias.
Arteaga aseguró que durante el operativo de noviembre, la línea recibió más de mil reportes relacionados con actividades de la Patrulla Fronteriza en corredores con alta presencia latina, como Central Avenue, South Boulevard y Nations Ford.
Contó, que inicialmente la gente reportaba detenciones, agresiones y daños a la propiedad, pero que esa semana comenzaron a recibir llamadas de personas que buscaban localizar a personas detenidas.
Y conforme avanzaron los días, la línea telefónica se transformó en un centro estatal de orientación legal.
“A través de esas llamadas, nuestros paralegales recibieron reportes de personas durmiendo en el suelo y de celdas llenas de individuos que no habían comido por horas o días, de falta de acceso a tratamiento médico, como diálisis, y de trauma psicológico”, explicó.
Arteaga recordó el fallecimiento reciente de Prisciliano Trejo Ricano, un joven de 29 años que murió pocos días después de ingresar al Centro de Detención Steward, en Georgia, donde no recibió atención médica adecuada para tratar lo que después se supo que era leucemia.
“Estas historias representan el trauma colectivo que nuestras comunidades han vivido y necesitan ser escuchadas por el país y por el Congreso”, señaló.
Pese a ello, destacó la respuesta solidaria de la comunidad durante el operativo.
“Nos protegimos entre nosotros. El pueblo protegió al pueblo. Tocaron el avispero y encontraron una comunidad organizada que no va a dejar de luchar”, expresó.
La audiencia fue convocada por organizaciones como Hispanic Federation, Texas Civil Rights Project, Latino Victory Foundation, la Coalición Latinoamericana, ourBRIDGE for KIDS, Actions NC, Poder Latinx y el Congreso de Organizaciones Latinas de Carolina del Norte, entre otras.
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