La Junta de Educación del condado de Harnett ratificó el lunes la “consolidación” de su programa de inmersión bilingüe, tras rechazar dos quejas formales de padres por presuntas violaciones de la ley y de los derechos civiles.
Un panel compuesto por el presidente de la Junta, Joseph W. Powell Jr., y los miembros Sharon Gainey y Don Godfrey, escuchó testimonios de padres y de la administración antes de deliberar. Luego, votaron a favor de mantener la decisión administrativa.
La medida afectará a alrededor de 1,000 estudiantes. En lugar de operar en 14 escuelas, el programa se mantendrá únicamente en las escuelas primarias Highland y Dunn. No dejará ninguna oferta en las escuelas de nivel intermedio.
Padres alegan violaciones de procedimiento y leyes
Las madres Leighann Murphy y Dulce López presentaron una queja formal ante el distrito por el cierre del programa de inmersión bilingüe en varias escuelas.
Durante la reunión, Murphy dijo que el distrito omitió los procedimientos legalmente requeridos antes de cerrar el programa en 12 escuelas.
“Estamos aquí para pedir responsabilidad estructural, cumplimiento estricto de la política de la junta y honestidad factual de una administración que ha evadido los procedimientos legales establecidos”, dijo Murphy.
Murphy alegó que el distrito violó la política de la junta que exige la revisión por un comité externo e independiente, compuesto por expertos en educación, maestros y padres. Sin embargo, argumentó que la administración no convocó dicho comité para auditar los datos antes de que se consolide cualquier programa académico.
Los padres también alegaron que el distrito violó varios estatutos de Carolina del Norte, incluidos los requisitos de estudios de matrícula y las evaluaciones de impacto.
Además, sostuvo que no se cumplió el requisito de aviso público de 10 días antes de la audiencia comunitaria. Dijo que la consolidación se anunció sin la autorización de la junta y que incluso la miembro Sharon Gainey se enteró del plan el mismo día que el público, sin información previa sobre su impacto.
Los padres mencionaron que el distrito eliminó los comentarios públicos en defensa del programa DLI de dos reuniones de la junta de sus archivos públicos. Así como obstaculizó las solicitudes de registros públicos al cobrar tarifas cercanas a $300 por datos que el distrito, al mismo tiempo, afirmaba que no existían.
Murphy pidió, además, la recusación del miembro de la junta, Bradley Abate. Abate utilizó las redes sociales para divulgar información personal de una de las madres y realizó comentarios públicos antes de la presentación de la evidencia.
Los padres argumentaron que la consolidación también podría implicar la aplicación de la ley federal, citando el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Sostuvieron que usar los perfiles lingüísticos de los estudiantes y los datos de origen nacional como detonante para eliminar una vía educativa constituye discriminación por origen nacional.
Padre pide protección para los estudiantes
Patrick Riley, padre de familia de Coats Elementary, con dos hijos inscritos en el programa, presentó una queja por separado. Su enfoque fue en la poca transparencia del proceso y la falta de protecciones para los estudiantes matriculados.
“Mis hijos no fallaron en este programa. Confiaron en él”, dijo Riley. “Ellos entraron a una vía. Ahora se les informa que esa vía ya no existe en su escuela”.
En Coats Elementary solamente la medida afectaría a alrededor de 200 estudiantes.
Riley planteó al panel tres preguntas: quién tomó la decisión, dónde está la evidencia y por qué no se permitió a los estudiantes inscritos completarla.
Señaló que la cronología de la decisión genera serias preocupaciones sobre la diligencia debida. El Superintendente de Política de Instrucción, Chris Pearson, asumió las funciones de currículo el 1 de marzo y la decisión se tomó al día siguiente, dijo Riley. Mientras que las familias fueron notificadas el 4 de marzo.
Riley también argumentó que los propios datos del distrito mostraban que el modelo de doble idioma obtenía mejores resultados en algunas escuelas que en otras. Esto, dijo, sugiere problemas de implementación local más que un fracaso general del programa.
Además, el distrito no presentó datos de alfabetización en español, evaluaciones de bialfabetización ni resultados a largo plazo para justificar la consolidación, mencionó.
“El distrito no tiene que mantener abiertos todos los planteles para siempre para proteger a los estudiantes actuales”, dijo Riley. “Simplemente tiene que separar la planificación futura del programa del daño que se les causa a los estudiantes actuales”.
Relacionado: Continúan reclamos por cierre de programas bilingües ante la Junta Escolar de Harnett
La administración defiende su decisión
Pearson le dijo al panel que el distrito no violó la política 3100 de la junta. Argumentó que la norma regula cambios en el currículo estatal, no en los métodos de instrucción lingüística.
“Esto no fue un cambio de currículo”, dijo Pearson. “Fue un cambio en la modalidad de impartición del idioma dentro del mismo currículo”.
Pearson dijo que tampoco creía que los estatutos estatales citados por los padres aplicaran a la decisión sobre el programa DLI. Según su interpretación, esos estatutos abordan la fusión de edificios escolares, no la reestructuración de los programas académicos. Además, dijo que la decisión se debió a la disminución de la matrícula del programa y a los desequilibrios en el tamaño de los grupos.
En Coats Elementary Pearson dijo que el programa bilingüe tenía una matrícula máxima de 46 estudiantes en algunos grados. Mientras que otros grados tenían tan solo 20, lo que generaba presiones operativas para los directores.
Además, mencionó que la matrícula en el programa tendía a disminuir en los grados superiores de primaria, lo que describió como una señal de que las familias iban perdiendo confianza en el programa con el paso del tiempo.
También dijo que el distrito no estaba eliminando el programa sino consolidándolo. Comparó la medida con los programas magnet de Carolina del Norte, donde las familias suelen proporcionar su propio transporte.
Pearson mencionó que el distrito realizó una consolidación similar del programa bilingüe en las escuelas primarias Boone Trail y Johnsonville en años anteriores.
Relacionado: Programas de inmersión bilingüe: qué son y por qué importan
La Junta ratifica la decisión
Tras una breve sesión cerrada para consultar con el abogado de la junta, el panel regresó a la sesión abierta y deliberó en público antes de votar.
El presidente Powell dijo que no creía que los padres hubieran demostrado que la administración actuó fuera de su autoridad legal.
“La mayor parte de lo que he escuchado son acusaciones, muchas de las cuales considero falsas y no están justificadas”, dijo Powell.
Godfrey y Gainey coincidieron con él. Gainey dijo que valoraba el activismo de los padres en favor de los estudiantes, pero que estaba de acuerdo en que la evidencia no alcanzaba el estándar requerido.
Ambas quejas, la presentada por Murphy y López, y la presentada por Riley, fueron rechazadas por votaciones unánimes del panel de tres miembros. Los padres recibirán las decisiones por escrito a más tardar el 15 de junio.
PODCAST
Después de la tormenta
Hace un año, el huracán Helene golpeó al oeste de Carolina del Norte. La comunidad latina respondió con algo más fuerte que la tormenta: solidaridad.
🎧 En este episodio, conoce cómo las organizaciones latinas transformaron la crisis en resiliencia.
▶️ ¡Dale play para escuchar!
Republique gratuitamente nuestras historias en su website o periódico. Seguimos la licencia de Creative Commons. Dele clic al recuadro, y siga las instrucciones.
